El titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha acordado continuar como procedimiento abreviado la causa contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía en una pieza separada del caso ERE. La investigación se centra en las ayudas concedidas a la empresa Boliden Apirsa y a su colectivo de extrabajadores, que ascienden a un total de 54.279.986,16 euros.
Según el auto judicial, notificado el miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, los hechos podrían ser constitutivos de delitos de “prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental”. El magistrado ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que, en un plazo de veinte días, soliciten la apertura de juicio oral o el archivo de la causa.
Entre los investigados figura el exconsejero del PSOE Manuel Recio, junto a tres exviceconsejeros, dos exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social y un exdirector general de la Agencia IDEA. Todos ellos desempeñaron cargos durante gobiernos autonómicos del PSOE en Andalucía.
En paralelo, el juez ha acordado el sobreseimiento provisional para los exconsejeros Antonio Fernández y Martín Soler, al considerar que “no se encuentran en la causa indicios sólidos” que permitan atribuirles una participación penalmente relevante en los hechos investigados. El instructor subraya que no existen pruebas concluyentes de que ambos tuvieran un papel directo en la concesión irregular de las ayudas.
El auto detalla que las subvenciones fueron concedidas presuntamente “de manera injusta y arbitraria” para financiar indemnizaciones derivadas del ERE de Boliden Apirsa. La mayor parte del importe, 52,5 millones de euros, se destinó a una póliza de seguro colectivo de rentas temporales suscrita por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros.
Además, el juez analiza otra ayuda de 1,7 millones de euros destinada a complementar dicha póliza mediante rentas vitalicias adicionales. Estas cantidades formaban parte de un sistema de ayudas sociolaborales para extrabajadores que, según la investigación, se habría gestionado de forma irregular en el marco de distintos planes de recolocación.
Finalmente, la resolución judicial también pone el foco en las indemnizaciones concedidas a extrabajadores que no fueron recolocados entre 2008 y 2011. Según el magistrado, estos planes fueron “intermitentes” y no siempre cumplidos, lo que derivó en nuevas ayudas públicas.
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