"Tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar". Es una de las amenazas que recibió Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, durante semanas a través de WhatsApp. La jueza que investiga los hechos ha acordado continuar el procedimiento contra el hombre que presuntamente le envió 46 mensajes amenazantes y le recriminó haber llevado a los tribunales al agitador ultra Vito Quiles.
La magistrada Ana Cristina Escribano Mora, titular de la plaza número 19 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, ha dictado un auto de transformación en procedimiento abreviado por un presunto delito continuado de amenazas. La resolución permite avanzar hacia una posible apertura de juicio oral y concede diez días a la representación de Sánchez para presentar su escrito de acusación.
FACUA ha comunicado este jueves la decisión judicial, adoptada el 14 de septiembre y notificada este martes a las partes. El auto llegó después de que Sánchez prestara declaración y de que el investigado se acogiera a su derecho a no declarar el pasado 10 de septiembre. La magistrada recoge que las amenazas se produjeron "con motivo de la ideología política del denunciante" y que generaron en él "una situación de temor y desasosiego", según la información difundida por la asociación.
Una jueza procesa por delito continuado de amenazas al fan de Vito Quiles que me hostigó durante semanas a través de WhatsApp con decenas de mensajes como «tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar» o «disfruta de lo que te queda de vida». https://t.co/Bz4UdJp8KH
— Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) October 1, 2026
Amenazas de muerte por llevar a Quiles a los tribunales
Los mensajes se sucedieron entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025. Además de advertirle de que disfrutara de lo que le quedaba de vida, el remitente aseguró que quería verlo "colgado de un árbol" y le preguntó cómo se sentía teniendo miedo constantemente. También amenazó con agredirlo si lo encontraba por la calle y dirigió mensajes contra su familia.
El hostigamiento incluía reproches por las acciones judiciales contra Quiles e insultos relacionados con las posiciones políticas del responsable de FACUA. El remitente lo presentaba como un servidor del PSOE y le deseaba la muerte junto a otras personas a las que calificaba de traidoras. Sánchez certificó digitalmente los mensajes para incorporarlos como prueba al procedimiento.
La denuncia, presentada en Sevilla a mediados de noviembre, dio lugar a una investigación del Equipo de Extremismo Violento y Odio de la Policía Nacional. Los agentes identificaron al sospechoso mediante un requerimiento a su compañía de telecomunicaciones y localizaron su domicilio en Vallirana, Barcelona. ElConstitucional.es ya informó de esa investigación y de su detención el pasado febrero.
El investigado, identificado como Christian F. J., de 35 años, fue detenido el 15 de enero cerca de su vivienda. Se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales y quedó en libertad ese mismo día, con la obligación de comparecer cuando fuera requerido por la autoridad judicial.
Según el cálculo expuesto por FACUA, una eventual condena por amenazas graves no condicionales de carácter continuado podría situarse entre un año y tres meses y dos años y medio de prisión. El abogado de Sánchez, Francisco Tejado, prepara una acusación que incluirá la agravante de discriminación por motivos ideológicos, cuya aplicación deberá resolver el tribunal.
Quiles también está procesado por sus acusaciones contra Sánchez
Las amenazas se produjeron mientras Sánchez mantenía una batalla judicial contra el ultra Vito Quiles por presuntas injurias y calumnias. Esa causa avanzó en abril, cuando otra magistrada sevillana acordó continuar el procedimiento por publicaciones en las que el agitador vinculaba al dirigente de FACUA con delitos de pederastia, estafa, extorsión y envío de sicarios. Son dos procedimientos distintos, referidos a las actuaciones atribuidas a cada investigado.
En el procedimiento contra Quiles, la instructora apreció indicios de que las publicaciones buscaban "vejar, ofender y vilipendiar" a Sánchez. La resolución cuestionó que esas acusaciones estuvieran amparadas por la libertad de expresión y señaló a EDATV, donde se difundió parte del contenido, como responsable civil subsidiario. Quiles había defendido que sus manifestaciones se enmarcaban en su actividad profesional.
La acusación particular de Sánchez solicitó en abril nueve años de prisión por tres delitos continuados de calumnias con agravante de odio ideológico, además de otras medidas. Se trata de una petición de su representación procesal, pendiente de resolución judicial.
En la causa por los WhatsApps, Tejado deberá concretar ahora la pena que reclama y solicitar la apertura del juicio oral contra el presunto autor de las 46 amenazas.
