El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa penal contra Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise', por un presunto delito de desórdenes públicos durante las protestas agrícolas de febrero de 2024. Es la sexta investigación abierta en el alto tribunal contra el eurodiputado ultra y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF).
La Sala de lo Penal pone el foco en varias publicaciones difundidas en el Canal Alvise de Telegram durante las tractoradas. Según el auto, los mensajes no aparecen en este momento como simples muestras de apoyo a una protesta del sector agrícola. El tribunal aprecia llamamientos a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación, accesos urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y otros puntos de distribución.
La causa queda en manos de la magistrada Carmen Lamela, designada instructora. El Supremo considera que esas publicaciones también proponían usar vehículos particulares para reforzar cortes de tráfico, aprovechar la falta de efectivos policiales y coordinar actuaciones colectivas con capacidad para alterar gravemente el orden público.
El tribunal marca una diferencia clara entre convocar una protesta y llamar a bloquear infraestructuras. La resolución recuerda que la libertad de expresión y el derecho de participación política protegen la crítica al Gobierno y la denuncia de actuaciones policiales. Aun así, los magistrados sostienen que esa protección no cubre llamamientos públicos a conductas que puedan encajar en desórdenes públicos agravados.
La investigación no se apoya en comentarios violentos escritos por terceros dentro del canal, sino en las publicaciones atribuidas al espacio que el Supremo considera controlado por 'Alvise'. Ese punto era clave. La Sala ya había devuelto el caso al Juzgado de Instrucción 29 de Madrid para que comprobara quién estaba detrás del canal. Tras un informe de la Comisaría General de Información, el Supremo ve indicios suficientes de que el eurodiputado estaba al frente de la cuenta, que esta se identificaba públicamente con él y que funcionaba como altavoz directo ante una audiencia muy numerosa.
Seis frentes abiertos en el Supremo
La nueva causa agrava el calendario judicial de 'Alvise', que ya estaba investigado por otros cinco procedimientos. El más conocido afecta a la presunta financiación ilegal de su campaña a las elecciones europeas, por la recepción de 100.000 euros en efectivo del empresario Álvaro Romillo, vinculado a Madeira Invest Club.
También tiene abierta una investigación por sus mensajes contra Susana Gisbert, fiscal coordinadora de delitos de odio en Valencia, y otra por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso contra dos eurodiputados que concurrieron con él en las listas de Se Acabó La Fiesta, Diego Solier y Nora Junco.
A esas causas se suman la investigación por la difusión de una supuesta PCR falsa de Salvador Illa durante la campaña catalana de 2021 y la querella del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, por un presunto delito de amenazas condicionales.
La decisión del Supremo llega en un momento especialmente complicado para el líder ultraderechista en Bruselas y en Madrid. En dos procedimientos, el Parlamento Europeo ya ha levantado su inmunidad para que la Justicia española pueda seguir adelante. En otro, el Supremo ha pedido a la Eurocámara que tramite el suplicatorio. Ahora se añade la pieza de las tractoradas, centrada en el uso de Telegram como herramienta de agitación durante las protestas del campo.
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