La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha puesto fin a la denuncia presentada por el general de División de la Guardia Civil Fernando Mora contra uno de sus superiores por la orden que habría recibido para no asistir al acto institucional del Dos de Mayo de 2025, presidido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En un auto fechado el 21 de julio, los magistrados acuerdan el archivo de las actuaciones al no apreciar indicios de delito.
La denuncia iba dirigida contra el teniente general Luis del Castillo, por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad, amenazas, coacciones, injurias y trato degradante. Sin embargo, el tribunal concluye que el mando actuó únicamente como transmisor de una decisión adoptada por instancias superiores y descarta que su actuación pueda tener relevancia penal.
En la resolución, el Supremo también llama la atención sobre el tiempo transcurrido entre los hechos y la presentación de la denuncia. Los magistrados recuerdan que la conversación tuvo lugar el 30 de abril de 2025, mientras que la acción judicial no se interpuso hasta el 22 de junio de 2026, más de un año después.
El auto analiza además la conversación telefónica mantenida entre ambos mandos, grabada por el propio denunciante desde el teléfono móvil de su esposa. Aunque la Sala reconoce que durante esa llamada se emplearon expresiones que pueden calificarse de "groseras, chabacanas y soeces", considera que ese lenguaje se produjo en un contexto de confianza entre compañeros y no alcanza la entidad suficiente para constituir un ilícito penal.
Para el tribunal, el origen del conflicto fue el intercambio de mensajes y la posterior llamada motivada por la negativa de Mora a justificar su ausencia en el acto institucional. En ese contexto, los magistrados llegan a calificar de "inadecuada, impertinente e irrespetuosa" la actitud del denunciante al cuestionar la decisión adoptada desde el Ministerio del Interior sobre su asistencia a la celebración del Día de la Comunidad de Madrid.
El contenido de la llamada grabada
La resolución recoge el contenido de la conversación telefónica grabada por el propio Fernando Mora y adelantada por el diario 'ABC'. Durante ese intercambio, la tensión fue escalando a medida que ambos mandos discutían sobre la orden de no asistir al acto institucional del Dos de Mayo. En ese contexto, el teniente general Luis del Castillo llegó a dirigirse a su subordinado con expresiones como "no me toques los cojones", "me vas a comer la polla" o "no te meto dos hostias porque no te tengo delante".
Mora, por su parte, respondió cuestionando la actuación de su superior y reprochándole que únicamente le preocupaba conservar su cargo. Además, sostuvo que con esa decisión se pretendía dar "una patada" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y afirmó que él no estaba dispuesto a que "este Gobierno", "este ministro" o "esta directora" general de la Guardia Civil utilizaran su "culo", según refleja la grabación incorporada al procedimiento.
La AUGC pide responsabilidades políticas
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha reclamado la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras la publicación de una información que apunta a una supuesta "instrucción" para que mandos del Instituto Armado no acudieran al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid celebrado en 2025.
La organización basa su petición en unos mensajes difundidos por el diario 'ABC', en los que el general de división Fernando Mora, responsable de la Zona de Madrid, habría denunciado que recibió la orden de no asistir al acto por parte del teniente general Luis del Castillo, jefe del Mando de Operaciones. Según la AUGC, Mora se negó a cumplir esa instrucción al considerar que suponía ser "instrumentalizado políticamente". Posteriormente, habría sido acusado de "deslealtad", además de recibir presuntas presiones para "pasar a la reserva".
Para la asociación, los hechos reflejan una situación inédita dentro del cuerpo, pues "nunca antes un general de división había denunciado formalmente a un teniente general". Consideran también que este episodio ha deteriorado la credibilidad de la dirección del Instituto Armado.
La AUGC vincula esta polémica con la comparecencia, que estaba prevista para este jueves, de Mercedes González y del director adjunto operativo, Manuel Llamas, ambos investigados por un presunto delito de obstrucción a la Justicia en el marco del 'caso Leire Díez'. A juicio de la asociación, esta acumulación de circunstancias deja a la actual cúpula "sin autoridad moral para mandar", motivo por el que insiste en exigir responsabilidades políticas al frente del Ministerio del Interior.
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