El Tribunal Supremo ha archivado la querella de Vox y varias denuncias contra Pedro Sánchez y el Consejo de Ministros por la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos a finales de julio, al entender que no hay elementos suficientes para abrir ahora un procedimiento penal contra los aforados señalados.
En un auto recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal descarta, por el momento, dar curso a la iniciativa presentada por la formación de Santiago Abascal y también a tres denuncias de Manos Limpias y dos de particulares. El tribunal sostiene que las calificaciones formuladas no bastan para concretar la intervención de cada denunciado.
El Alto Tribunal admite que hay hechos por examinar, pero no responsabilidad individualizada
La resolución subraya que los documentos e informaciones aportados "ponen de manifiesto la necesidad de examinar lo sucedido", aunque no permiten trasladar, en este momento, la responsabilidad de los hechos a todas las personas aforadas contra las que se dirigieron las acciones.
Ese matiz es central en la decisión: el Supremo no cierra la puerta a una eventual investigación, pero sí evita abrirla sin una atribución penal concreta para cada persona denunciada o querellada. El archivo, por tanto, afecta a la admisión inicial de las acciones, no a un pronunciamiento definitivo sobre el fondo.
La investigación sigue viva en la Audiencia Nacional y puede devolver el asunto al Supremo
El propio auto precisa que esta decisión "no implica una declaración definitiva de atipicidad de los hechos ni de inexistencia de responsabilidad penal" de los denunciados o querellados. En otras palabras, el tribunal no descarta ninguna hipótesis de forma cerrada, pero exige un soporte procesal más preciso.
Si de la investigación seguida en la Audiencia Nacional sobre los sucesos se desprenden datos objetivos que permitan individualizar una participación penalmente relevante de alguna persona aforada, la magistrada instructora, María Tardón, deberá elevar al Supremo una exposición razonada para que el alto tribunal decida sobre su competencia y sobre la incoación del procedimiento.
Hasta que eso ocurra, la causa permanece fuera del Supremo y a la espera de que la instrucción aporte elementos concretos que permitan separar las responsabilidades.
