La estrategia impulsada por los gobiernos autonómicos del PP como el de la Comunidad Valenciana y Aragón para frenar la regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido un nuevo revés en los tribunales. El Tribunal Supremo ha descartado tanto paralizar la aplicación de la norma como trasladar el debate al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal y como reclamaban ambas comunidades gobernadas por la formación de Alberto Núñez Feijóo.
Los dos ejecutivos autonómicos habían recurrido el real decreto aprobado el pasado 14 de abril, mediante el cual el Gobierno puso en marcha un proceso extraordinario de regularización. En el marco de ese procedimiento judicial, solicitaron además la suspensión cautelar de la medida mientras se resolvía el litigio.
El pasado 30 de junio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo abrió la puerta a estudiar la posibilidad de elevar una consulta al TJUE mediante una "cuestión prejudicial interpretativa", al considerar que algunos aspectos del decreto podrían suscitar dudas sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria.
Sin embargo, tras recabar la posición de las partes implicadas, el tribunal ha optado por no dar ese paso en la fase actual del procedimiento. Entre las alegaciones recibidas figuraba la oposición de la Abogacía del Estado a trasladar el asunto a la jurisdicción europea, frente al respaldo mostrado por la Comunidad Valenciana y Aragón.
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