El Gobierno ha decidido colocar la inmigración en el centro de su agenda política en plena ofensiva de la derecha y la ultraderecha contra la regularización extraordinaria de personas migrantes. El plazo para solicitarla terminó este martes 30 de junio con más de 1,2 millones de expedientes sobre la mesa, muy por encima de las previsiones iniciales, y Pedro Sánchez aprovechó la jornada para presentar el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía.
La medida afecta a personas que ya estaban en España antes del 1 de enero de 2026 o que habían solicitado protección internacional antes de esa fecha. No es una entrada nueva ni una concesión automática sin requisitos. El real decreto exige acreditar permanencia en España, carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública. La autorización inicial permite residir y trabajar durante un año.
Sánchez defendió la regularización como una forma de sacar de la economía sumergida a cientos de miles de personas que ya viven en el país. El presidente habló de gestionar las migraciones de manera “justa, ordenada e inteligente” y vinculó la medida al empleo, la demografía y el sostenimiento del Estado del bienestar. En el acto también estuvo la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, junto a varios ministros, sindicatos y patronal.
El plan presentado por el Ejecutivo arranca con 500 millones de euros en su primer año, 16 medidas y una nueva Agencia Estatal de Movilidad Humana. Incluye refuerzo de servicios públicos, formación, empleo en sectores con falta de mano de obra y reglas de convivencia. La campaña elegida por Inclusión resume el enfoque político de Moncloa con un lema claro: “¿De dónde vienen? Vienen de hacer país”.
Del miedo al dato
La respuesta del Gobierno llega después de varios días en los que PP y Vox han intentado mezclar regularización de inmigrantes, Ley de Nietos y voto exterior. Feijóo ha hablado de “ingeniería electoral” y la extrema derecha de Vox ha elevado el tono con su habitual recetario de sospechas sobre el sistema democrático. El problema de ese discurso es que la regularización administrativa no concede la nacionalidad española ni permite votar en elecciones generales.
El vicepresidente Carlos Cuerpo defendió por la mañana en 'La Hora de La 1' de TVE que el proceso permite sacar a más de un millón de personas “del ámbito de lo invisible” y lo ligó a dos efectos: justicia social y progreso económico. También respondió a la acusación electoral de la oposición con una frase sencilla: “Nadie sabe a quién van a votar los inmigrantes”.
El argumento económico no es menor. El Gobierno sostiene que la inmigración ha contribuido de forma relevante al crecimiento reciente y que España necesita población activa para cubrir vacantes en sectores como los cuidados, la hostelería, el campo, la construcción o los servicios. La discusión, por tanto, no va solo de papeles, sino de más cotizaciones, contratos, derechos laborales y capacidad real del país para sostener nuestra economía.
El Supremo abre una incógnita europea
La regularización entra ahora en una fase administrativa y judicial más delicada. El Tribunal Supremo estudia plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aclarar si algunos aspectos del real decreto encajan con el derecho comunitario. La duda surge en los recursos presentados por los gobiernos de Aragón y la Comunidad Valenciana, ambos del PP.
Ese movimiento no suspende por sí solo el proceso. El Supremo ha dado traslado a las partes para que se pronuncien antes de decidir si eleva la consulta a Luxemburgo. La Comisión Europea, por su parte, ya había defendido que este tipo de regularizaciones pueden ser compatibles con el marco europeo si se tramitan con garantías y ha evitado comentar ahora la decisión del tribunal español.
La batalla política seguirá. El PP sigue intentando cargar el debate sobre el terreno del control y el impacto electoral. Mientras, la ultraderecha Vox lo lleva en su deriva populista al miedo identitario. El Gobierno, en cambio, quiere convertir el cierre del plazo en el inicio de una nueva etapa: expedientes, permisos, integración y empleo. Para miles de personas que hasta ahora trabajaban, cuidaban, pagaban alquileres y sostenían barrios sin papeles, el cambio empieza en algo tan básico como dejar de ser invisibles.
Añadir ElConstitucional.es como fuente preferida de Google de forma gratuita.
Mantente informado de todas las noticias de última hora y con la mejor información. Contra la desinformación, por la democracia y los derechos sociales.
