Los consejeros de la ultraderecha Vox con competencias en infancia en Aragón, Extremadura y Castilla y León han plantado este miércoles al Gobierno en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para abordar la financiación de los sistemas autonómicos de acogida. La ausencia no bloqueó la reunión. Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia la han despachado como una “rabieta sin consecuencias”.
Los tres dirigentes que no acudieron fueron Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón; Óscar Fernández, vicepresidente de Extremadura; y Carlos Pollán, vicepresidente de Castilla y León. Los tres gestionan áreas de Servicios Sociales o Familia tras los pactos de gobierno entre el PP y Vox en esas comunidades.
La reunión siguió adelante con quórum. Según el Ministerio, todas las comunidades votaron a favor de elevar a la Conferencia Sectorial el reparto de 35 millones de euros para sostener los sistemas de acogida, salvo Murcia, que se abstuvo. Juventud e Infancia también ha precisado que en la reunión de este miércoles no se abordó la acogida vinculante y solidaria de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.
Desde el partido de extrema derecha se ha justificado su ausencia por el rechazo al reparto de menores extranjeros no acompañados, y han acusado al Gobierno de actuar de forma “unilateral”. En un comunicado difundido desde sus departamentos, los consejeros ultras hablaron de criterios “arbitrarios” y anunciaron que utilizarán todos los medios jurídicos, administrativos e institucionales para oponerse a la política del Ejecutivo.
La estrategia de Vox desde los gobiernos del PP
El gesto encaja con la batalla que Vox ha abierto desde las consejerías que ha obtenido en sus pactos autonómicos con el PP. En Extremadura, Aragón y Castilla y León, la extrema derecha se ha quedado con las competencias vinculadas a la atención de menores migrantes. Es una carpeta que el partido de Santiago Abascal ha situado en el centro de su discurso contra la inmigración.
El reparto de menores se apoya en la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en marzo de 2025, pensada para que la acogida no recaiga casi en exclusiva sobre Canarias, Ceuta y Melilla. El Gobierno defiende que se trata de repartir la responsabilidad entre territorios y reforzar los recursos públicos que ya gestionan las comunidades autónomas.
Vox, en cambio, ha convertido el asunto en otro frente contra el Ejecutivo. En Aragón, Nolasco ya anunció pruebas de edad para todos los menores extranjeros enviados por el Gobierno, aunque esas pruebas dependen de la Fiscalía y no de una comunidad autónoma. El partido también ha insistido en hablar de “efecto llamada” y “estafa migratoria”, dentro de una línea marcada por la “prioridad nacional” y la remigración.
El PP queda de nuevo en medio del choque. Sus pactos con Vox han entregado a la extrema derecha la gestión de estas competencias en tres territorios, justo cuando el Gobierno intenta cerrar un sistema de distribución que alivie a las comunidades más tensionadas por la llegada de menores. En esta primera reunión, el plantón de Vox no ha frenado la tramitación del reparto económico.
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