El partido liderado por Santiago Abascal, Vox, defenderá este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley con la que pretende reivindicar el xenófobo concepto ‘prioridad nacional’ en el reparto de ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública. La iniciativa será debatida en el último pleno ordinario.
La ultraderecha considera que los públicos deben destinarse de forma preferente a los ciudadanos españoles y plantea que se dé prioridad en las prestaciones a quienes acrediten un “arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Para ello, la propuesta reclama la implantación de un “periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio” como requisito para acceder a ayudas y prestaciones. Además, Vox apuesta por vincular la concesión de estos recursos a la trayectoria de cotización y contribución al sistema público.
La iniciativa también contempla dejar fuera de estas ayudas a las personas que se encuentren en situación irregular, aunque establece una excepción para los “supuestos de urgencia vital”.
En el ámbito de la vivienda protegida, la formación propone endurecer las condiciones de acceso. Entre las medidas incluidas figura la exigencia de diez años de empadronamiento en España para optar a la compra de una vivienda pública y de cinco años para acceder a una en régimen de alquiler.
Asimismo, Vox plantea impedir el acceso a estos programas a quienes hayan sido condenados durante los últimos cinco años por delitos de allanamiento o usurpación de viviendas.
La propuesta llega a la Cámara Baja después de que la pasada semana la formación no consiguiera reunir apoyos suficientes para sacar adelante una moción con la que pretendía aplicar la ‘prioridad nacional’ en el acceso a la vivienda protegida.
"Un cambio de políticas y medidas" en Andalucía con la 'prioridad nacional'
“La cosa va despacito pero va bien”, trasladó el portavoz nacional del partido de extrema derecha Vox, José Antonio Fúster, en relación a las negociaciones en Andalucía con el PP de Juanma Moreno Bonilla. Asimismo, aseguró que incluir el concepto de ‘prioridad nacional’ –implementado en comunidades como Extremadura, Aragón y Castilla y León– en el futuro pacto “es una obligación, sin ninguna duda”.
Fúster destacó que las conversaciones ya se habían iniciado y que desde el martes pasado la formación ultra sentenció que tenía que haber “un cambio de políticas y medidas para mejorar la vida de los andaluces”. En este sentido, preguntado por el polémico término, matizó que pactarlo “es una obligación, sin ninguna duda” y, según Fúster, era ampliamente acogido entre la población de todas las ideologías.
Sobre su entrada en el Ejecutivo andaluz, explicó: “No descartamos nada, los plazos y las formas de cumplimiento pueden ser muy distintas en las regiones”. No obstante, si siguen, como se espera, los pasos que han llevado a cabo en el resto de pactos, solicitarían alguna consejería y la entrada en el Gobierno con alguna vicepresidencia.
En las elecciones autonómicas andaluzas de 2026, el Partido Popular volvió a ganar con 53 escaños, pero se quedó a solo dos de la mayoría absoluta, lo que le obligó a buscar apoyos para poder gobernar con estabilidad. El PSOE se mantuvo como segunda fuerza con 28 diputados, mientras que Vox consolidó su posición con 15 escaños y Adelante Andalucía subió hasta los 8. Con este resultado, el PP no tenía margen suficiente para gobernar en solitario y necesitaría apoyarse en Vox para alcanzar la mayoría necesaria en la investidura y en la gestión parlamentaria.
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