El Tribunal Supremo ha reactivado el frente judicial más serio que afronta Luis Pérez Fernández, 'Alvise', y ha puesto bajo examen el dinero con el que la plataforma ultra Se Acabó La Fiesta concurrió a las elecciones europeas de 2024. El instructor Julián Sánchez Melgar ha reclamado la contabilidad completa de la agrupación ultra, ha pedido al Tribunal de Cuentas toda la documentación presentada sobre aquella campaña y ha encargado a la Policía Nacional que siga el rastro de los monederos virtuales vinculados al eurodiputado y al empresario de criptomonedas Álvaro Romillo.
La investigación vuelve a avanzar después de que el Parlamento Europeo retirara en mayo la inmunidad al dirigente de extrema derecha. Alvise conserva plenamente su presunción de inocencia durante una instrucción que todavía debe determinar el origen, el destino y la finalidad de los fondos investigados. La causa permanece abierta, sin acusación formal ni juicio señalado.
Los 100.000 euros que Alvise recibió en efectivo
El centro de las pesquisas está en los 100.000 euros en metálico que Romillo entregó a 'Alvise' durante la preparación de la campaña electoral. El propio líder ultra reconoció ante el Supremo que recibió esa cantidad, aunque sostiene que el dinero no acabó en las cuentas electorales de SALF y que parte fue utilizada para gastos personales y desplazamientos profesionales.
La versión de Romillo es muy distinta. El empresario ha declarado que el efectivo estaba destinado a sufragar la campaña de Se Acabó La Fiesta, que obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños en los comicios europeos. La Policía Nacional también ha cuestionado el relato de Alvise y considera “a todas luces evidente” que buscaba captar dinero para su candidatura mediante fondos opacos, sin declarar y de origen difícil de fiscalizar.
Los investigadores han incorporado además mensajes en los que el eurodiputado hablaba de unas necesidades económicas que podían situarse entre los 300.000 y los 360.000 euros. La cantidad entregada por Romillo podría ser, por tanto, una parte del dinero que el dirigente ultra trataba de reunir para sostener su salto a las instituciones europeas.
La causa nació después de que el propio empresario acudiera a la Fiscalía y explicara su relación con 'Alvise'. La exposición razonada que la Audiencia Nacional remitió al Supremo recogía también la creación de una ‘wallet’ para recibir donaciones anónimas que quedaran fuera del control público.
Según aquella resolución, Romillo habría ayudado al candidato ultra con la expectativa de que este promocionara sus negocios financieros y la plataforma Madeira Invest Club. El empresario se encuentra procesado en una causa distinta por la presunta estafa de más de 185 millones de euros a 3.062 inversores, junto a otras nueve personas.
El juez exige las cuentas completas de Se Acabó La Fiesta
Sánchez Melgar ha requerido al representante legal o al administrador electoral de SALF la contabilidad de la formación, los libros de tesorería, los balances, los inventarios, las cuentas de ingresos y gastos, las operaciones de capital y todos los movimientos bancarios relacionados con la campaña.
El Supremo también reclama los justificantes de cada pago efectuado para sostener la candidatura y el informe de fiscalización emitido por el Tribunal de Cuentas. El propio órgano fiscalizador deberá enviar al instructor el expediente completo que recibió de la agrupación después de las elecciones.
La Comisaría General de Información de la Policía Nacional tendrá que elaborar, por su parte, un informe sobre el tráfico registrado en los monederos virtuales creados por Alvise y Romillo. Ese rastreo permitirá comprobar si las carteras recibieron fondos, quién los transfirió y si ese dinero tuvo algún vínculo con la actividad electoral de la formación ultra.
Las diligencias han sido solicitadas por el PSOE, personado como acusación popular, y cuentan con el respaldo de la Fiscalía. El Ministerio Público sostiene que las pruebas reunidas hasta ahora han reforzado las sospechas iniciales hasta convertirlas en indicios racionales de criminalidad.
El instructor ha aplazado por el momento una nueva declaración de 'Alvise' y Romillo, así como una investigación patrimonial completa sobre ambos y sobre SALF. Estas medidas quedan pendientes del resultado que arrojen las cuentas, los justificantes y el informe policial sobre las ‘wallets’.
Una investigación por seis posibles delitos
El Supremo investiga en este procedimiento posibles delitos de financiación ilegal, delito electoral, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental. La Audiencia Nacional apreció inicialmente que la recepción del efectivo y la posible ocultación de las donaciones podían haber alterado las cuentas electorales que debían ser fiscalizadas.
La legislación prohíbe las donaciones anónimas y obliga a los partidos y agrupaciones electorales a identificar sus ingresos, reflejar sus gastos y presentar una contabilidad transparente. La investigación trata de aclarar si 'Alvise' diseñó un sistema paralelo para recibir dinero al margen de esos controles mientras construía una campaña basada públicamente en la denuncia de la corrupción política.
La financiación de SALF es el mayor de los frentes judiciales del eurodiputado de extrema derecha, pero está lejos de ser el único. El Supremo mantiene abiertas seis causas contra Alvise por asuntos relacionados con su actividad política y con los mensajes difundidos desde sus redes y canales de comunicación.
De la falsa PCR de Salvador Illa a los mensajes contra una fiscal
Una segunda causa examina la difusión de una supuesta prueba PCR falsa atribuida en 2021 a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat. El alto tribunal investiga posibles delitos de falsedad en documento privado e injurias por la publicación de aquella información.
'Alvise' está investigado también por los mensajes dirigidos desde sus redes contra Susana Gisbert, fiscal delegada de delitos de odio en Valencia. El procedimiento estudia si el dirigente ultra incurrió en un delito relacionado con el acoso y las amenazas contra la representante del Ministerio Público.
Otro frente afecta a Diego Solier y Nora Junco, los dos eurodiputados que entraron en el Parlamento Europeo dentro de la candidatura de Se Acabó La Fiesta y que después rompieron con 'Alvise'. La Sala de lo Penal investiga posibles delitos de revelación de secretos y acoso por la difusión de información sobre ambos.
El alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce también presentó una querella contra el líder ultra por unas presuntas amenazas condicionales. Esa denuncia acabó igualmente en el Supremo debido a la condición de aforado europeo de Alvise.
La sexta causa ha sido abierta este mes de julio y gira en torno a los mensajes publicados durante las protestas agrarias de 2024. El tribunal aprecia indicios para investigar si Alvise alentó desde Telegram el colapso de carreteras, infraestructuras y puntos estratégicos, unos hechos que podrían constituir un delito de provocación para cometer desórdenes públicos agravados.
La inmunidad que mantuvo paralizada la causa
La investigación sobre el dinero de la campaña permaneció suspendida durante meses porque 'Alvise' adquirió inmunidad parlamentaria al convertirse en eurodiputado. El Supremo tuvo que pedir formalmente permiso a la Eurocámara para continuar con unas diligencias que podían afectar al ejercicio de su cargo.
El Parlamento Europeo aprobó el levantamiento de esa protección en mayo. Con el obstáculo ya despejado, el instructor ha retomado una causa en la que Alvise había declarado voluntariamente antes de que el procedimiento quedara congelado.
El auto que ordena las nuevas diligencias está fechado el 8 de julio de 2026. La Sala ha dado traslado de la resolución a la Fiscalía y al resto de las partes, mientras la letrada de la Administración de Justicia tramita los requerimientos dirigidos a SALF, al Tribunal de Cuentas y a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.
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