El Tribunal Supremo mantiene abiertas las pesquisas sobre la financiación de la campaña europea de 2024 de Alvise Pérez. El magistrado Julián Sánchez Melgar ha desestimado por completo el recurso presentado por el eurodiputado para frenar varias diligencias de investigación relacionadas con el dinero recibido antes de aquellos comicios, según ha adelantado elDiario.es.
En un auto fechado el pasado 30 de julio, al que ha tenido acceso el citado medio, el instructor respalda las actuaciones policiales para rastrear tres monederos virtuales de criptomonedas vinculados a la campaña, además de mantener los requerimientos de documentación dirigidos tanto al partido Se Acabó la Fiesta (SALF) como al Tribunal de Cuentas. Estas actuaciones fueron solicitadas por el PSOE, personado en la causa como acusación popular.
El origen de la investigación se encuentra en los 100.000 euros en efectivo que, según las pesquisas, Alvise habría recibido de Álvaro Romillo, empresario relacionado con el sector de las criptomonedas, semanas antes de las elecciones europeas. El magistrado considera que las diligencias son “informes necesarios para asegurar la investigación” y sostiene que encajan dentro del objeto de la causa.
Uno de los puntos cuestionados por la defensa del eurodiputado era precisamente el análisis de los monederos digitales. Sus abogados alegaron que Alvise nunca había tenido la “frase semilla”, la clave que permite acceder a los fondos, y que por ello “nunca ostentó la titularidad, posesión ni capacidad de disposición sobre dichos activos”. El Supremo, sin embargo, no acepta este argumento y mantiene el rastreo.
Según la información publicada por elDiario.es, antes de recibir el dinero Alvise había trasladado a Romillo sus “necesidades”, entre ellas la de disponer de “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” destinados a sufragar mítines, publicidad y otros actos de campaña. Estos intercambios de mensajes forman parte de las actuaciones investigadas.
La documentación de SALF y del Tribunal de Cuentas
El instructor también mantiene la petición de información a la formación política creada por Alvise. SALF deberá aportar documentación relativa a su actividad económica durante la campaña, entre ella la contabilidad, los libros de tesorería, balances e inventarios, registros de ingresos y gastos, movimientos bancarios y operaciones de capital.
El requerimiento incluye igualmente el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la formación y los justificantes correspondientes a los pagos realizados para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024.
A su vez, el Supremo mantiene la solicitud al Tribunal de Cuentas para que remita tanto su informe de fiscalización como toda la documentación presentada por SALF en relación con aquellos comicios. Sánchez Melgar sostiene que las tres diligencias acordadas se ajustan al “objeto de esta causa” y a los límites establecidos en la autorización concedida por el Parlamento Europeo.
La Eurocámara dio luz verde el pasado mes de mayo a la retirada de la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez, un paso que permite que el procedimiento judicial pueda continuar contra el eurodiputado por estos hechos.
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