El cerco judicial alrededor de Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise', continúa ampliándose. El Tribunal Supremo ha pedido por cuarta vez al Parlamento Europeo que retire la inmunidad del líder ultra, ahora para investigar los mensajes con los que trató de forzar la dimisión del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce.
El magistrado Antonio del Moral ha remitido un suplicatorio a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, después de apreciar indicios de un posible delito de coacciones o, alternativamente, de amenazas condicionales. La investigación parte de la querella presentada por Landaluce, también senador integrado en el Grupo Mixto.
Los hechos se encuentran todavía en una fase inicial. La decisión del Supremo permite abrir el camino para investigar, pero no supone que 'Alvise' haya cometido los delitos que se le atribuyen.
El ultimátum que puede llevarle de nuevo ante el Supremo
La querella recoge mensajes publicados entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 en el canal de Telegram asociado públicamente a 'Alvise'. En ellos, el dirigente de la formación ultra Se Acabó la Fiesta exigía a Landaluce que abandonara la Alcaldía y advertía de que, en caso contrario, divulgaría contenidos sobre supuestos comportamientos delictivos y asuntos de carácter personal.
El Supremo concede especial importancia a la forma en que se plantearon esas publicaciones. El líder ultra afirmaba disponer de material comprometedor, vinculaba su difusión a la dimisión del alcalde y llegaba a fijar plazos para que atendiera sus exigencias.
La Sala de lo Penal ya señaló al admitir la querella que esa estructura podía reunir los elementos propios de unas amenazas condicionales. El supuesto perjuicio futuro quedaba sujeto a una conducta concreta del destinatario y su ejecución dependía de la voluntad del autor de los mensajes.
La causa tendrá que determinar ahora qué contenidos estaban realmente en poder de 'Alvise', de dónde procedían, cuál era su alcance y si fueron utilizados como instrumento de presión. También deberá aclarar la autoría y el contexto completo de cada publicación.
Un juzgado de Algeciras ya ordenó cautelarmente al eurodiputado retirar varios mensajes relacionados con Landaluce y le prohibió continuar difundiendo contenidos semejantes mientras se resuelve una demanda civil por vulneración del derecho al honor. Ese procedimiento es independiente de la investigación penal que ahora pretende impulsar el Supremo.
La presión política convertida en posible amenaza
Criticar a un cargo público, reclamar su dimisión o divulgar informaciones de interés general forma parte de la libertad de expresión. La cuestión que examinará el alto tribunal se encuentra en el carácter condicionado de los mensajes y en la utilización de una posible revelación como medio para doblegar la voluntad del alcalde.
El Código Penal castiga las coacciones cuando alguien impide a otra persona hacer lo que la ley permite o la obliga a realizar algo contra su voluntad mediante violencia o intimidación. Las amenazas condicionales aparecen cuando se anuncia un mal y se vincula su ejecución al cumplimiento de una exigencia.
El Supremo considera que los mensajes superan el umbral necesario para investigar si existió una presión penalmente relevante, aunque corresponderá a la instrucción confirmar o descartar esa hipótesis. También deberá valorar el alcance de una campaña difundida ante la amplia audiencia que sigue al eurodiputado en Telegram.
La nueva causa vuelve a colocar bajo examen judicial una de las principales herramientas políticas de 'Alvise'. El dirigente ultra ha levantado buena parte de su notoriedad mediante publicaciones en las que señala a políticos, funcionarios, periodistas y particulares, presenta acusaciones y moviliza a sus seguidores al margen de los canales tradicionales.
La Eurocámara tendrá la siguiente palabra
El Supremo necesita la autorización del Parlamento Europeo porque 'Alvise' es eurodiputado desde las elecciones de junio de 2024. La inmunidad no decide su inocencia ni bloquea definitivamente el procedimiento, pero impide que la Justicia avance contra él sin el permiso previo de la Cámara.
Roberta Metsola deberá comunicar la recepción del suplicatorio al pleno y trasladarlo a la Comisión de Asuntos Jurídicos. Este órgano estudiará el expediente, podrá escuchar al eurodiputado y elaborará una recomendación que después será votada por el conjunto de la Eurocámara.
La institución europea no examinará si las amenazas o las coacciones existieron. Su tarea consiste en comprobar que la investigación no pretende perseguir a un parlamentario por sus opiniones o votos y que los hechos carecen de relación directa con el ejercicio legítimo de su mandato.
En este caso, las publicaciones investigadas se extendieron desde antes de su elección hasta diciembre de 2025. El Supremo considera que la inmunidad debe levantarse para poder practicar las diligencias necesarias y tomarle declaración como investigado con todas las garantías.
Dos retiradas de inmunidad ya concedidas
La nueva solicitud es la cuarta que el alto tribunal dirige a Bruselas. El Parlamento Europeo ya ha autorizado que continúen dos investigaciones contra 'Alvise', mientras una tercera petición sigue su recorrido dentro de la institución.
La primera autorización afecta a la causa sobre la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert. La investigación analiza unos mensajes que difundieron su fotografía e identidad y que habrían provocado una campaña de insultos y amenazas contra ella.
La segunda corresponde a la financiación de Se Acabó la Fiesta en las elecciones europeas de 2024. El procedimiento se centra en los 100.000 euros en efectivo que 'Alvise' recibió del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo antes de obtener su escaño.
El líder ultra reconoció haber recibido el dinero, aunque sostuvo que se trataba del pago por una conferencia y negó que estuviera destinado a financiar su campaña. El instructor calificó esa explicación de "poco verosímil" y aprecia provisionalmente posibles delitos de financiación ilegal de partidos y delito electoral.
Con la inmunidad ya retirada en ese procedimiento, el Supremo ha reclamado a Se Acabó la Fiesta su contabilidad y la documentación vinculada a la campaña. También ha pedido información al Tribunal de Cuentas para contrastar los ingresos declarados con el dinero utilizado por la candidatura.
La tercera petición se refiere a la querella presentada por los otros dos eurodiputados elegidos en las listas de Se Acabó la Fiesta. Ambos rompieron con 'Alvise' y le acusan de presuntos delitos de acoso y revelación de secretos tras meses de enfrentamientos internos.
Seis causas abiertas en el Tribunal Supremo
El dirigente ultra acumula actualmente seis procedimientos penales en el alto tribunal. Además de las cuatro causas que han provocado peticiones de retirada de inmunidad, el Supremo mantiene abiertas otras dos investigaciones relacionadas con una prueba falsa de coronavirus y con las protestas del campo.
Una de ellas examina la difusión en 2021 de un supuesto informe médico que atribuía falsamente un positivo en covid a Salvador Illa, entonces candidato del PSC a la Generalitat. El documento llevaba la apariencia de haber sido elaborado por un laboratorio del Hospital Quirónsalud de Barcelona, que certificó posteriormente su falsedad.
El Supremo aprecia indicios de posibles delitos de falsedad en documento privado e injurias. 'Alvise' declaró que el archivo circulaba masivamente por internet y sostuvo que actuó sin mala fe, una versión que deberá ser contrastada con los informes policiales y con la actividad de varias cuentas vinculadas a la difusión.
La causa más reciente hasta la de Landaluce investiga la supuesta instigación de desórdenes públicos durante las protestas agrícolas de febrero de 2024. Los mensajes analizados habrían promovido bloqueos de carreteras y acciones destinadas a colapsar las comunicaciones y alterar el funcionamiento de infraestructuras.
Todas estas causas continúan abiertas y ninguna ha terminado todavía en condena. El elevado número de procedimientos muestra, sin embargo, hasta qué punto las publicaciones y métodos utilizados por el líder ultra de Se Acabó la Fiesta han dejado de ser únicamente una cuestión de agitación política para convertirse en objeto recurrente de investigación penal.
El nuevo suplicatorio llegará ahora a la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. Tras escuchar a 'Alvise' y estudiar el expediente, sus integrantes elevarán una propuesta al pleno, que tendrá que decidir si retira por cuarta vez la protección parlamentaria reclamada por la Justicia española.
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