La Audiencia Nacional vuelve a centrar su atención en el caso Kitchen este miércoles con la reanudación del juicio sobre la supuesta operación parapolicial diseñada para obtener información de Luis Bárcenas que afectaba al PP durante la investigación de la trama Gürtel. Tras varias semanas de declaraciones, la vista oral se retomará con las comparecencias de dos de los acusados considerados clave en la causa: el inspector Andrés Gómez Gordo y Sergio Ríos, antiguo chófer del extesorero del Partido Popular.
La sesión será la única prevista esta semana dentro de un proceso judicial que investiga la actuación de varios responsables del Ministerio del Interior durante el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy. Hasta el momento ya han declarado el exministro Jorge Fernández Díaz y otros implicados, mientras que todavía quedan varios acusados por comparecer ante el tribunal.
El primero en sentarse ante los magistrados será Andrés Gómez Gordo, para quien la Fiscalía solicita una pena de 15 años de prisión. El Ministerio Público sostiene que desempeñó un papel relevante en el seguimiento y control de Sergio Ríos, quien habría sido reclutado como confidente dentro de la presunta operación para acceder a información sensible de Bárcenas.
Gómez Gordo desempeñó entre 2011 y 2015 el cargo de director general de Documentación y Análisis en el Ejecutivo castellano-manchego presidido por María Dolores de Cospedal, que simultaneaba esa responsabilidad con la Secretaría General del Partido Popular. Tras su paso por la administración autonómica, se integró en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. Según el Ministerio Público, fue uno de los responsables de canalizar pagos con cargo a fondos reservados al chófer del extesorero popular.
Tras su declaración será el turno de Sergio Ríos. La investigación sostiene que recibió alrededor de 54.000 euros procedentes de fondos reservados a cambio de facilitar información a los responsables de la supuesta trama. Además, los investigadores ponen el foco en su posterior acceso al cuerpo de Policía Nacional mediante una oposición cuyo resultado, según la Fiscalía, podría haber constituido una compensación por su colaboración.
Actualmente suspendido de empleo y sueldo, Ríos se enfrenta a una petición de 12 años y medio de cárcel. La Fiscalía también reclama la anulación de su ingreso en la Policía al considerar que existen indicios suficientes para cuestionar la regularidad de dicho proceso.
¿Quién ordenó espiar a Bárcenas?
La Audiencia Nacional investiga a 10 acusados por llevar a cabo un presunto operativo parapolicial en 2013 para espiar a Luis Bárcenas y recuperar documentos de la caja B del Partido Popular, con el fin de proteger a la formación ante las investigaciones del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que señala al PP. El juicio se va a prolongar hasta el 30 de junio.
En este contexto, entre los acusados se encuentra, Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior con Rajoy, es el principal acusado. La Fiscalía le imputa por organización criminal, malversación de fondos reservados, revelación de secretos y prevaricación, pidiendo 15 años de cárcel más 33 de inhabilitación por autorizar el espionaje ilegal desde su ministerio.
Francisco Martínez, su secretario de Estado de Seguridad, enfrenta los mismos cargos más encubrimiento, con igual pena solicitada. Se le acusa de coordinar directamente los 53.266 euros desviados y reuniones con Villarejo para organizar la operación.
José Manuel Villarejo, comisario jubilado y ejecutor material, es el más castigado: 19 años por organización criminal, malversación y revelación de secretos. Él reclutó al chófer Sergio Ríos, allanó el taller de Bárcenas y coordinó seguimientos y pinchazos a las conversaciones del extesorero.
Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional (DAO), se le acusa de organización criminal, malversación y revelación de secretos. La Fiscalía pide 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación por autorizar desde la cúpula policial el desvío de fondos reservados y supervisar el operativo de espionaje contra Bárcenas. Fue el puente entre Interior y Villarejo, validando los pagos ilegales al chófer Sergio Ríos.
Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas convertido en el topo, enfrenta malversación y revelación de secretos. Cobró 53.000 euros de fondos públicos (2.000€/mes + extras) por pinchar conversaciones, entregar documentos de la caja B y facilitar el allanamiento del taller de Bárcenas. Piden 8 años y 5 meses de prisión.
Andrés Gómez Gordo, asesor personal de María Dolores de Cospedal en Génova, está imputado por organización criminal y malversación. Gestionó directamente facturas falsas de fondos reservados (comidas, pistola para Ríos) y coordinó con Villarejo. PSOE pide prisión provisional por riesgo de fuga; Fiscalía solicita 15 años.
Marcelino Martín Blas, comisario de Asuntos Internos, se le acusa de malversación por entregar dinero público a Villarejo (parte de los 53.000€). Fue el "repartidor" físico de los fondos reservados justificados falsamente como "seguridad". Piden 2 años y 6 meses de cárcel.
José Luis Olivera, exjefe de la UDEF -policías que investigaban Gürtel-, enfrenta revelación de secretos y posible soborno. Se le imputa por filtrar información sensible de la investigación judicial a la trama ‘Kitchen’ para obstaculizarla. Fiscalía pide 6 años de prisión.
Para completar la lista, se sentarán asimismo, Bonifacio Díez Sevilla, inspector de policía, conocedor de la trama, como al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, a quienes la acusación popular reclama 13 años de prisión.
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