Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, en este orden, se sentaron para declarar ante el juez del Tribunal Supremo donde se llevó a cabo la investigación la presunta irregularidad en la que están implicados en cuanto a los contratos de mascarillas que fueron adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia del covid-19. En este sentido, este lunes se acaba de conocer la sentencia la cual, condena a Ábalos a 24 años de prisión y a García a 19 años y ocho meses, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
En el caso de Aldama, el alto tribunal impone 4 años y medio de prisión, aunque acuerda la suspensión de la ejecución de la pena al valorar su colaboración con el esclarecimiento de los hechos, condicionada a no delinquir, presentar informes semestrales de actividad y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad. En este sentido, el empresario tampoco tendrá que devolver los 3,7 millones de euros de las mascarillas.
Fuentes próximas al exministro han trasladado a 'ElConstitucional.es' que a las 12:00 horas se han reunido los abogados de los investigados en el Supremo. Asimismo, ha acudido al alto tribunal el empresario Aldama. Sin embargo, Ábalos ha entrado en videoconferencia a las 13:00 horas.
⚖️ El Tribunal Supremo condena por unanimidad al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias
— Poder Judicial (@PoderJudicialEs) June 22, 2026
📄 Nota resumen de la sentencia: https://t.co/Y3ytsJkTze pic.twitter.com/XDCJTFAUxy
El ‘caso mascarillas’ fue destapado en febrero de 2024 por la UCO y revelaron que entes dependientes del Ministerio de Transportes -Puertos del Estado y Adif- adjudicaron contratos por 54 millones de euros para 13 millones de mascarillas defectuosas durante la peor fase de la pandemia, con comisiones ilegales de 3,7 millones de euros para Aldama, canalizadas a Ábalos y Koldo vía pagos en negro, regalos y favores políticos.
Entre los hechos acreditados, la resolución recoge también una remuneración mensual de 10.000 euros en concepto de “gastos fijos” para Ábalos, la contratación de personas de su entorno en empresas públicas, el pago de alquileres y viviendas en Madrid, Marbella y La Línea de la Concepción, así como operaciones vinculadas a gestiones políticas y empresariales relacionadas con el rescate de Air Europa y licencias de hidrocarburos.
La Fiscalía Anticorrupción señala que los tres “acordaron la futura comisión de delitos, conforme a que las oportunidades de cometerlos se fueron presentando”. Asimismo, manifiesta que fueron ayudados “por otras autoridades y funcionarios” como también por familiares de Koldo y otros empresarios del entorno de Aldama. Por último, expone que la presunta organización criminal de la que se les acusa, fue creada “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”.
El Supremo subraya además que la actuación de los condenados provocó un “grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político”, al considerar que la corrupción “socava la arquitectura democrática del Estado”.
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