La asociación UCM por la Pública ha denunciado la actuación de la Policía Nacional durante las cargas registradas el pasado 14 de octubre en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), coincidiendo con el primer día de la huelga educativa, y ha calificado la intervención de "innecesaria" y desproporcionada, además de describirla como una "brutal agresión policial" en la que varios estudiantes sufrieron lesiones.
El colectivo ha elaborado un informe a partir de testimonios, grabaciones y documentación médica, en el que sostiene que se produjeron dos cargas policiales en el entorno de la Complutense, durante un piquete informativo celebrado en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de Ciudad Universitaria.
Según su relato, los agentes golpearon a manifestantes con las defensas, arrastraron a personas por el suelo y utilizaron material antidisturbios sin advertir previamente de la disolución. La asociación también alude a golpes con porras, empujones y arrastres, y afirma que la intervención fue "salvaje e indiscriminada", incluso en un momento en el que algunos docentes, identificados como interlocutores, trataron de mediar con los agentes para poner fin a la actuación.
El documento recoge lesiones como una fractura de olécranon en el brazo izquierdo, una herida inciso-contusa, policontusiones y una contusión en una mano. Además, sostiene que tres personas tuvieron que ser evacuadas a centros hospitalarios, y añade que las imágenes y fotografías recopiladas permiten relacionar algunas de las lesiones con las actuaciones denunciadas e identificar a agentes.
La versión de la Delegación del Gobierno y las imágenes difundidas
La Delegación del Gobierno informó de que la Policía Nacional acudió a la zona tras recibir avisos sobre cortes de tráfico y la presencia de personas embozadas, y señaló, además, a algunos manifestantes que habrían intentado saltarse el cordón policial.
La denuncia de UCM por la Pública se apoya también en imágenes y grabaciones difundidas en redes sociales y por los propios miembros de la asociación tras la intervención. En esos vídeos, sostiene el colectivo, se observa a agentes cargando contra los manifestantes y actuando, a su juicio, en contra de los principios de proporcionalidad y de buena práctica policial.
La propia Universidad Complutense de Madrid expresó su "condena y profunda preocupación" por las cargas y manifestó su inquietud, en especial, por las "imágenes de la intervención policial". La institución aclaró, además, que no había "solicitado ni promovido la presencia o intervención de la Policía Nacional" y defendió el derecho de reunión, manifestación y expresión pacífica de la comunidad universitaria.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, pidió una "investigación de urgencia" ante unas imágenes que calificó de "muy duras" y en las que, según dijo, podría haber indicios de desproporcionalidad. Días después, tras las cargas en una concentración en el marco de un acto de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, volvió a reclamar otra investigación.
Derechos fundamentales y posibles responsabilidades
En el plano jurídico, el informe sostiene que las cargas vulneraron los derechos fundamentales de reunión, huelga e integridad física, recogidos en los artículos 21, 28.2 y 15 de la Constitución, respectivamente.
La asociación argumenta que no hubo un aviso previo de disolución ni una situación de violencia que justificara el uso de la fuerza, y considera que la actuación policial incumplió los principios de necesidad, congruencia y proporcionalidad previstos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El colectivo también cuestiona la entrada de la Policía Nacional en el campus sin que, según asegura, mediara una petición del Rectorado, así como el mantenimiento de un cordón policial durante más de 90 minutos, que a su juicio limitó la salida de los congregados e impidió desarrollar los piquetes informativos "pacíficos".
A partir de estos argumentos, UCM por la Pública plantea posibles responsabilidades penales por lesiones y presuntos delitos contra la integridad moral, así como por la disolución de una reunión pacífica fuera de los supuestos legalmente permitidos.
