Las universidades públicas madrileñas irán a la huelga los días 4 y 5 de noviembre y llevarán al centro del conflicto el acuerdo de financiación firmado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La Coordinadora en defensa de la Universidad Pública, que agrupa a la mayoría de sindicatos y a numerosas asociaciones de estudiantes, llama a parar en los seis campus de la red pública contra lo que define como una infrafinanciación que empuja a la privatización.
La convocatoria afecta a docentes, investigadores, personal de administración y servicios y estudiantes. El llamamiento llega después de varios meses de choque entre los rectores, los sindicatos y la Comunidad de Madrid, y en plena precampaña por el adelanto electoral.
La protesta vuelve a medir el alcance del pacto que el Gobierno vendió como “histórico”
La Coordinadora sostiene que el presupuesto destinado a la universidad pública madrileña sigue en el 0,4% del PIB, muy por debajo del 1% que marca la LOSU, y también por debajo de la media nacional, del 0,75%, y de la europea, del 0,92%. En su comunicado, leído este jueves en una rueda de prensa en la Universidad Autónoma, el acuerdo de marzo de 2026 es calificado de “estafa”.
La Comunidad de Madrid destina 1.441 euros menos por alumno a la enseñanza pública que la media nacional, según los datos de 2023 del Ministerio de Educación. La inversión madrileña se sitúa en 6.502 euros por estudiante, frente a los 7.943 euros del conjunto de España, lo que supone una diferencia de aproximadamente un 18,1% por debajo de la media estatal. Estas cifras sitúan los presupuestos de la Comunidad de Madrid de Ayuso como los más bajos de todo el país. La capital lleva años a la cola de España en financiación universitaria por alumno. El escaso crecimiento de los fondos destinados a las universidades públicas durante el periodo analizado deja en evidencia el discurso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que dice defender su compromiso con el sistema universitario.
Ese pacto, que el Ejecutivo regional presentó como “histórico” y como un “hito”, prevé una inversión de 14.800 millones de euros en los campus públicos entre este año y 2031. Pero la propia denuncia universitaria subraya su límite: parte de la cifra incluye lo que pagan las familias y otra parte queda condicionada al cumplimiento de objetivos por parte de las universidades.
La Consejería de Educación rechaza esa lectura y niega que exista una falta de financiación. A preguntas de este diario, defiende que el modelo plurianual firmado con los rectores, elegidos como representantes de las universidades públicas, deja en manos de los seis centros esos 14.800 millones para “seguir creciendo” y consolidar Madrid como el mayor hub universitario del sur de Europa.
El pulso llega tras dos huelgas previas y con nuevas citas en la calle
La movilización de noviembre retoma una escalada que ya tuvo un primer episodio el 28 de abril de 2025, cuando el apagón que dejó a oscuras España deslució el paro inicial. Aun así, la protesta tuvo un seguimiento notable en la Complutense, la universidad que los convocantes consideran más asfixiada, y menor en la Autónoma, Alcalá, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos.
La siguiente huelga, los días 26 y 27 de noviembre, sí logró un respaldo amplio en los campus, con la excepción de la Politécnica y de Alcalá, que recibe fondos de Castilla-La Mancha. Desde entonces, la tensión con la Comunidad de Madrid ha seguido creciendo.
Para calentar la convocatoria, la Coordinadora ha anunciado una concentración el 28 de octubre ante la Consejería de Educación, con el objetivo de “reivindicar una universidad de calidad y libre de represión”. En la semana de los paros también se celebrarán jornadas de la Uni en la calle, una fórmula de protesta que ya se usó en 2012, durante las movilizaciones contra la subida de tasas y la reducción de becas impulsadas por José Ignacio Wert.
El conflicto vuelve así a poner sobre la mesa otro dato que los convocantes consideran decisivo: Madrid, pese a ser la comunidad más rica, ha sido hasta ahora la que menos financiación aporta por alumno universitario en toda España, según el informe anual de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Con 220.000 universitarios matriculados en la red pública, el margen de mejora sigue abierto y la nueva edición del análisis aún está pendiente.
