La emergencia del terrible y devastador incendio iniciado en Niebla (Huelva) y que, nueve días después, ya alcanza la provincia de Sevilla ha convertido en expresión diaria una expresión muy desgastada por la política actual: “colaboración institucional”. Las feroces llamas se combaten con dirección autonómica y recursos que pertenecen a todas las administraciones del Estado, desde el Infoca a la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil, los bomberos, los ayuntamientos, las diputaciones y otros medios incorporados a un dispositivo que lleva más de una semana adaptándose a la imprevisible evolución del fuego
Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, agradece -expresa pero difusamente- durante estos días los recursos aportados por el Ministerio de Defensa y la Administración del Estado y ha descrito el operativo como "un gran equipo" en el que están volcadas "todas las administraciones". Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, también destaca la "máxima colaboración" y explica los medios estatales dependientes del ejecutivo central que se incorporan conforme los requiere la dirección de Sanz en la emergencia.
Las comparecencias conjuntas diarias son la traducción informativa de ese trabajo compartido. Sanz y Toscano actualizan la información y cada uno añade lo que corresponde conocer sobre la marcha del incendio. Toscano recoge como punto de partida el balance que ofrece Sanz y añade datos sobre actuaciones preventivas, Guardia Civil, UME y ampliación de las zonas afectadas.
Terminadas las comparecencias, empero, aparece otra lógica. La Junta distribuye a los medios sólo las declaraciones de Sanz mientras el Gobierno distribuye exclusivamente las de Toscano. Cada gobierno elude al otro y conserva para sí el material correspondiente a su participación, aunque las dos intervenciones hayan formado parte de la misma información pública y de una única comparecencia.
Separación que merece atención porque deja ver algo que va más allá de una rutina de comunicación. Mientras dure la emergencia, las administraciones comparten necesariamente decisiones, recursos y conocimiento. Al trasladar después su actuación a la opinión pública, cada una mantiene perfectamente delimitado qué pertenece a su ámbito y quién lo ha contado.
💪🔥 Seguimos cumpliendo objetivos en #IFNiebla #Huelva: estrangulamos el fuego y reducimos su capacidad de avance.
— Antonio Sanz Cabello (@antoniosanz) August 14, 2026
Ahora, gran parte de la labor del dispositivo se centra en frenar el frente este del incendio.
Ya no estamos en la situación permanente de fuera de capacidad de… pic.twitter.com/jZfaRlWpD0
Adamuz en el recuerdo reciente
El trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado enero, que también convulsionó Huelva por el elevado número de víctimas de esta provincia, permite entender por qué esa delimitación puede adquirir importancia política... a posteriori. La tragedia produjo inicialmente una destacada “estrecha colaboración” entre Junta de Andalucía y Gobierno de España. Cooperación reivindicada y destacada públicamente durante la atención a la catástrofe. Pero aún no se había celebrado el funeral cuando ya habían aterrizado los reproches del Partido Popular al Gobierno central... y viceversa. Discusión sobre actuaciones y responsabilidades y hasta una comisión de investigación -política- en el Senado forzada por los populares cuando la investigación técnica y pericial (que a día de hoy aún exigirá muchos meses) apenas acababa de comenzar
Aquella secuencia dejó algo más que una disputa política. Mostró cómo una actuación necesariamente compartida durante las primeras horas puede ser reconstruida después administración por administración, decisión por decisión y responsabilidad por responsabilidad, como arietes de confrontación y polarización. En ese momento cobra valor todo aquello que permita acreditar qué hizo cada gobierno, qué medios puso, qué información manejó y qué decisiones correspondieron a los otros.
El aterrador incendio iniciado en Niebla está todavía en plena emergencia, pero la comunicación, y procede advertirlo, ya apunta a esa “contabilidad política”. Junta y Gobierno, Gobierno y Junta, colaboran porque necesitan y están obligados a hacerlo. Sus representantes reconocen públicamente -hoy- esa colaboración. No obstante, y al mismo tiempo, cada administración mantiene identificado su propio expediente comunicativo dentro de la respuesta común.
Esto adquiere una importancia especial cuando hablamos de información de emergencia. La Delegación del Gobierno en Andalucía agradece expresamente a los periodistas, por boca del delegado en funciones Francisco Toscano, la tarea de proporcionar "información veraz" a la ciudadanía y la define como una labor de "servicio público".
Bien. Pero esa función depende también de cómo las instituciones suministran aquello que acaban de comunicar. Si un responsable explica la evolución general y otro incorpora posteriormente nuevas medidas, nuevos riesgos o actuaciones de otros cuerpos, la unidad periodística está formada por ambas aportaciones. La adscripción administrativa sirve para saber quién responde de cada cosa. Utilizarla también para decidir qué parte de la información distribuye cada gobierno introduce una fragmentación que la propia comparecencia había evitado. Por qué no se hacen comunicados conjuntos que unifiquen toda la información y faciliten tanto el trabajo de los medios como el conocimiento y compresión de la audiencia es lo que chirría.
En ese contexto, que el último comunicado de la noche del jueves fuera un vídeo “en solitario” del consejero Sanz, evitando la comparecencia conjunta con el resto de responsables, y pocas horas de que el presidente de la Junta se deje ver por el Puesto de Mando Avanzado del #IFNiebla, no debe pasar desapercibido.
Y quizá ahí esté una de las enseñanzas menos visibles que ya está dejando el peor incendio de la historia en la provincia de Huelva. Las administraciones han desarrollado mecanismos capaces de poner bajo una misma estrategia medios pertenecientes a estructuras diferentes, compartir información operativa y ofrecer públicamente una lectura conjunta de la emergencia. La política de comunicación sigue reservando, en cambio, una parcela propia para cada gobierno.
Adamuz recordó hace apenas unos meses -lamentable y vergonzantemente- para qué puede resultar útil conservarla.
Y esa experiencia obliga a mirar con algo más de atención quién se queda con qué parte del relato mientras todos aseguran estar trabajando, con razón, con un único objetivo común y en una misma tragedia. Porque el incendio acabará y la devastación provocada devenirá combustible para reproches y búsquedas de responsables mientras se aleja el debate de la demostrada necesaria colaboración para que no vuelva a ocurrir. Al tiempo.
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