Las víctimas del accidente de Adamuz han elevado el tono contra el Ministerio de Transportes. La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha reclamado a Óscar Puente, a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que suspendan de forma temporal e inmediata el tráfico ferroviario en España hasta que exista una certificación técnica que garantice la seguridad de la red.
La petición llega cuando faltan diez días para que se cumplan seis meses del accidente del 18 de enero, en el que murieron 46 personas y otras 432 resultaron heridas. El requerimiento lo ha presentado el abogado de la asociación, Antonio Benítez Ostos, después de conocer una comunicación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios a Adif sobre las roturas de carril.
El punto central es muy concreto. Según expone la asociación, la CIAF advierte de que el procedimiento de Adif para gestionar defectos en la infraestructura ferroviaria contempla inspecciones y auscultaciones para prevenir roturas, pero no incluye un sistema específico para detectar una rotura de carril una vez producida.
Para las víctimas, esa carencia no puede tratarse como un asunto técnico más. En su escrito sostienen que las medidas actuales no bastan para eliminar el riesgo y que la red presenta deficiencias estructurales que comprometen los estándares mínimos de seguridad operativa.
La advertencia de la CIAF reabre la presión sobre Adif
La investigación preliminar del accidente ya apunta a una rotura de carril como causa del descarrilamiento. La asociación recuerda además que las inspecciones técnicas han situado esa rotura varias horas antes del siniestro, sin que el sistema activara una alerta capaz de evitar la tragedia.
El colectivo reprocha a Transportes, Adif y la Agencia de Seguridad Ferroviaria que, desde el accidente, no tenga constancia formal de medidas urgentes y efectivas para corregir esas carencias, más allá de limitaciones temporales de velocidad. También recoge advertencias de sindicatos ferroviarios y maquinistas sobre vibraciones, traqueteos, deterioro de vía, retrasos recurrentes y uso de circulaciones lentas en tramos dañados.
Las víctimas señalan otros puntos pendientes: falta de geolocalización y aviso automático al puesto de mando en caso de descarrilamiento, ausencia de cámaras en muchos trenes, sujeción insuficiente de equipajes y coordinación desigual entre los servicios de emergencia 061 y 112. No todos esos elementos explican el accidente, pero sí forman parte del mapa de seguridad que la asociación quiere revisar.
La medida que piden es excepcional y tendría un impacto enorme en la movilidad. La asociación lo admite, pero defiende que la seguridad debe estar por encima de la normalidad ferroviaria. Su reclamación no busca solo saber qué ocurrió en Adamuz. Busca que Transportes certifique qué se ha hecho para que no vuelva a ocurrir.
La pelota queda ahora en el tejado de Óscar Puente, de Adif y de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. Las víctimas ya han puesto por escrito su exigencia: sin garantías técnicas, no puede haber normalidad en las vías.
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