Claves del pacto PP-Vox en Aragón: prioridad nacional, veto a menores migrantes y fin de la “imposición del catalán”

El pacto de investidura entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco fija una legislatura marcada por recortes de impuestos, control migratorio y cambios en educación, vivienda y gasto público

23 de abril de 2026 a las 13:40h
El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, y el presidente de Aragon, Jorge Azcón. Ramón Comet / Europa Press
El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, y el presidente de Aragon, Jorge Azcón. Ramón Comet / Europa Press

El pacto firmado por PP y Vox en Aragón, se ha firmado 73 días después de las elecciones. El documento, estructurado en trece bloques, servirá de base para la investidura de Azcón y plantea un “gobierno único” con el objetivo de garantizar estabilidad durante toda la legislatura, tras dos años de bloqueo presupuestario que desembocaron en el adelanto electoral.

El acuerdo sitúa la llamada “prioridad nacional” en el centro de su hoja de ruta. Plantea que el acceso a la vivienda social y a determinadas ayudas quede condicionado por criterios de arraigo y vinculación con Aragón, una formulación que ya se había utilizado en el pacto de Extremadura y que ahora pasa a figurar como uno de los ejes del nuevo Ejecutivo autonómico. El texto también vincula esos criterios a perfiles considerados vulnerables, pero introduce de forma expresa la preferencia para nacionales y residentes con mayor arraigo.

Ese enfoque aparece de forma especialmente clara en materia migratoria. El acuerdo recoge el rechazo a la llegada de más inmigrantes en situación irregular, incluidos menores no acompañados, y plantea su retorno o repatriación. También prevé destinar fondos a pruebas de determinación de edad, endurecer el régimen interno de los centros de menores y retirar subvenciones a ONG a las que el texto atribuye colaboración con la inmigración irregular.

En ese mismo bloque se enmarca la referencia a lo que llaman “pisos patera”, que el acuerdo incorpora dentro de un apartado de seguridad y fraude. PP y Vox plantean crear un servicio de verificación del padrón y de la residencia efectiva para detectar empadronamientos ficticios, fraudes en ayudas y redes ligadas a la sobreocupación de viviendas. El texto liga además estas medidas a la aplicación del desahucio exprés y a la exclusión de ocupantes ilegales del acceso a vivienda pública y ayudas.

Otro de los puntos de mayor carga política es la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, encuadrada en una revisión más amplia del ordenamiento autonómico. El acuerdo habla de reformar o suprimir normas que consideran ideológicas, incluyendo también la posible eliminación o reorientación de organismos vinculados a estas políticas.

El bloque cultural y educativo incorpora además el compromiso de acabar con lo que el pacto denomina “imposición del catalán”. Para ello, plantea reformas en la normativa aragonesa con el objetivo de modificar su reconocimiento institucional. Junto a ello, el acuerdo incluye un apartado de “libertad frente al adoctrinamiento”, con futuras revisiones en el ámbito educativo. En este terreno, se añade la gratuidad progresiva de 0 a 3 años, la implantación del bachillerato concertado, una prueba única de acceso a la universidad y la supresión del programa de lengua árabe y cultura marroquí.

En vivienda, el pacto combina el anuncio de 4.000 nuevas viviendas públicas en cuatro años con otras 4.000 protegidas impulsadas mediante medidas fiscales. Este bloque refuerza además los requisitos de acceso mediante un registro único de demandantes y criterios de arraigo, junto a una reforma normativa para aumentar la oferta y reducir cargas regulatorias. El texto incluye también el rechazo a la ley estatal de vivienda.

En el plano económico, PP y Vox se comprometen a aprobar presupuestos anuales hasta 2030 con el objetivo de reducir la presión fiscal. El acuerdo incluye una bajada progresiva del IRPF, bonificaciones en Sucesiones y Donaciones, deducciones por nacimiento y ventajas fiscales para el medio rural. A la vez, plantea una revisión del gasto público mediante auditorías y la posibilidad de recortar hasta un 50% las subvenciones a organizaciones que no acrediten utilidad pública.

El acuerdo también reserva un espacio destacado al sector primario, al que promete un “blindaje” frente a la Agenda 2030 y frente a cargas derivadas del Pacto Verde europeo. Entre las medidas figuran la creación de un fondo de compensación, la defensa de la caza y el apoyo a la ganadería. Además, incorpora la llamada “perspectiva de familia” como criterio obligatorio en la elaboración de leyes autonómicas.

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El periodista de ElConstitucional.es Daniel Martínez
Daniel Martínez

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