El Gobierno de Aragón mantiene la vía rápida concedida al futuro campus de centros de datos de Microsoft junto a Puerto Venecia. Los propietarios de parte del suelo afectado afrontan mientras tanto una expropiación cuya valoración ronda los dos euros por metro cuadrado, después de rechazar ofertas privadas que, según aseguran, se situaban entre 25 y 30 euros.
El expediente comenzó bajo el Ejecutivo del PP de Jorge Azcón y sigue adelante ahora con la ultraderecha Vox dentro del Gobierno autonómico. El contraste resulta especialmente incómodo para dos partidos que han convertido la llamada 'prioridad nacional' en una de las banderas de sus acuerdos. En este caso, la Administración ha movilizado sus instrumentos urbanísticos y expropiatorios para facilitar un proyecto promovido por una de las mayores multinacionales tecnológicas del mundo.
La familia Garza recibió la primera llamada hace dos años. La persona que contactó con ellos pidió confidencialidad y trasladó una oferta para comprar los terrenos. Los propietarios se negaron porque consideraban insuficiente el precio para unas parcelas próximas al mayor centro comercial de Zaragoza y a uno de los barrios con mayor expansión de la ciudad.
Las conversaciones se reanudaron en la primavera de 2025. La oferta se mantuvo en cifras similares y, según Ana Garza, les advirtieron de que acabarían siendo expropiados si no aceptaban. Meses después comenzó el procedimiento administrativo y en enero de este año recibieron la convocatoria para levantar las actas previas a la ocupación. "Nos hablan de un proyecto prioritario para Aragón, pero al final la prioridad ha sido una empresa extranjera", resume una de las propietarias.
La pericial incorporada al expediente por Microsoft valora algunos terrenos en alrededor de dos euros por metro cuadrado. Dependiendo de la parcela, el uso del suelo y las construcciones existentes, las cantidades oscilan entre dos y cinco euros. Los afectados comparan esas cifras con los 57 euros por metro cuadrado que la compañía abonó por una parcela municipal en La Muela, destinada también a sus instalaciones tecnológicas.
Microsoft sostiene que la valoración fue realizada por un técnico independiente mediante los criterios establecidos en la Ley del Suelo y su reglamento. El Gobierno aragonés también considera que los importes se ajustan a la normativa y señala que las ofertas privadas anteriores quedan fuera del procedimiento expropiatorio.
La urgencia termina al llegar al precio
El Gobierno de Aragón declaró el campus inversión de interés autonómico e interés general. Esa decisión concedió a Microsoft un "impulso preferente y urgente" y redujo a la mitad los plazos ordinarios de los trámites urbanísticos y ambientales.
La rapidez se frenó cuando llegó el momento de determinar cuánto recibirán los propietarios. Las familias presentaron sus hojas de aprecio entre abril y junio y algunas aseguran que llevan varios meses sin recibir nuevas comunicaciones sobre la cantidad definitiva.
El Ejecutivo autonómico explica que las valoraciones ya han sido trasladadas a Microsoft, beneficiaria de la expropiación, para que presente su propia hoja de aprecio. Si ambas partes mantienen el desacuerdo, el expediente pasará al Jurado Provincial de Expropiación, encargado de fijar el justiprecio.
El procedimiento afecta a unas 16,5 hectáreas. Los propietarios cuestionan que se expropie toda esa superficie cuando, según la documentación que manejan, los edificios ocuparían alrededor de 68.000 metros cuadrados.
La delimitación completa del campus alcanza casi 59 hectáreas. El documento oficial reconoce que la superficie ocupada finalmente será menor y explica que el recinto necesitará también viales, zonas verdes, aparcamientos, instalaciones auxiliares, sistemas de gestión de aguas y una posible subestación eléctrica. Los afectados reclaman una explicación detallada que justifique qué parte de sus terrenos resulta imprescindible para cada uno de esos usos.
La primera fase supondrá una inversión aproximada de 582 millones de euros. El desarrollo completo podría alcanzar los 2.900 millones durante la próxima década. La construcción necesitaría entre 1.000 y 2.000 trabajadores, con una media anual estimada de entre 300 y 400 empleos, mientras la actividad ordinaria dejaría hasta 300 puestos fijos cuando todo el campus entre en funcionamiento.
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Alegaciones por el consumo y la tramitación ambiental
El precio de las expropiaciones forma parte de un conflicto más amplio. La Plataforma Salvemos los Pinares de Venecia ha anunciado nuevas alegaciones contra el documento ambiental del proyecto y critica que el periodo de información pública se haya abierto en agosto, con 23 días para examinar un expediente de más de mil páginas.
Vecinos y organizaciones ecologistas llevan meses reclamando datos más precisos sobre el consumo de electricidad y agua, la afección a los Pinares de Venecia, la gestión de residuos y las consecuencias para el Barranco de la Muerte. La propia declaración oficial admite que el campus necesitará una elevada potencia eléctrica y deja pendiente la confirmación de la disponibilidad de agua antes de su implantación.
Los colectivos también han denunciado movimientos de tierras en una antigua escombrera con restos de amianto. Esas actuaciones han llegado a la Fiscalía Provincial de Zaragoza por un posible delito ambiental, mientras varios propietarios han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la tramitación del proyecto.
Microsoft asegura que los trabajos autorizados hasta ahora se limitan a la limpieza de las parcelas y recuerda que el Plan de Interés General de Aragón todavía necesita la aprobación definitiva. Las familias continúan esperando el justiprecio de unos terrenos que la Administración ya ha reservado para el campus tecnológico.
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