El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado este lunes que el Gobierno central tiene la “obligación” de atender la “falta de efectivos” que denuncian organizaciones y asociaciones de las personas que atienden a los inmigrantes llegados a las costas del archipiélago.
En un comunicado, Morales ha subrayado que hay urgencias que “no admiten dilaciones” en actuaciones como el rescate de una embarcación en peligro, la atención a quienes alcanzan las costas o la necesidad de proporcionar una “acogida digna”, y ha sostenido que esas decisiones no deberían quedar condicionadas por el calendario electoral.
Más allá del recuento de llegadas
El presidente insular ha matizado que las últimas cifras de llegada de migrantes al archipiélago expresan “la intensidad de una situación que exige capacidad operativa, coordinación administrativa y decisiones inmediatas”, al tiempo que ha pedido “mirar más allá del recuento”.
En este contexto, ha advertido de que convertir esos números en una controversia partidista, sin atender a las condiciones en las que se recibe a las personas, “supondría desplazar el debate desde las obligaciones públicas hacia la disputa por el relato”. Morales ha insistido en que Canarias puede responder solidariamente, pero “no debe quedar obligada a responder en solitario”.
“La disposición de las instituciones insulares, de los equipos profesionales y de la sociedad no sustituye la responsabilidad del Estado. Tampoco convierte la proximidad geográfica en un criterio suficiente para distribuir el esfuerzo de acogida”, ha apuntillado.
El Hierro, Lanzarote y los traslados a otras islas
Morales ha indicado que las llegadas a El Hierro y también a Lanzarote tienen consecuencias para Gran Canaria y Tenerife, y en algunos casos para Fuerteventura, hacia donde se realizan traslados posteriores. Por ello, ha remarcado que no se trata de emergencias insulares incomunicadas, sino de una realidad compartida que requiere cooperación.
“La solidaridad entre islas constituye una respuesta imprescindible pero tiene límites materiales”, ha afirmado, antes de añadir que la cooperación territorial necesita medios y planificación, porque, de lo contrario, corre el riesgo de transformarse en una exigencia permanente de sacrificio para quienes se encuentran más cerca de la emergencia.
En esa línea, ha defendido que El Hierro “debe ser compensada”, como ya se ha acordado, con ayudas sociales, fiscales, empresariales y de inversión pública.
Plazas disponibles fuera de Canarias
El presidente del Cabildo de Gran Canaria también ha aludido a que existen plazas disponibles en el Programa de Acogida Humanitaria fuera de Canarias, mientras los recursos del archipiélago soportan una presión creciente. A su juicio, la cuestión central es asegurar que ese dispositivo pueda utilizarse mediante una coordinación eficaz.
Morales ha defendido que mantener los traslados no representa una concesión excepcional a las islas, sino una forma de distribuir la respuesta dentro del territorio estatal. En su opinión, el objetivo no debería ser desplazar personas “como si fueran una carga administrativa”, sino organizar itinerarios de atención compatibles con sus derechos y con la capacidad de los servicios.
Por ello, ha incidido en que esos traslados requieren previsión y continuidad, y ha reclamado al Gobierno de España que atienda las advertencias de asociaciones, sindicatos y personal que denuncian falta de efectivos y sobrecarga de trabajo.
Responsabilidad compartida con la Unión Europea
Morales ha concluido que escuchar a quienes intervienen directamente es una obligación ineludible, porque la capacidad real de un dispositivo no se mide solo por su existencia formal, sino por sus condiciones de funcionamiento. “Un servicio puede estar operativo y, al mismo tiempo, trabajar bajo una presión difícil de sostener. La profesionalidad de sus integrantes no debería utilizarse como argumento para aplazar refuerzos”, ha apostillado.
Por último, ha apelado a la responsabilidad compartida del Gobierno español y la Unión Europea con Canarias, en una respuesta que, según ha expuesto, debe conectar rescate, acogida, traslados, cooperación institucional e iniciativas diplomáticas con Marruecos, Gambia, Senegal y Mauritania para prevenir travesías peligrosas y combatir redes criminales.
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