La Junta de Castilla y León ha abierto este jueves la puerta a acudir a los tribunales si el Gobierno traslada a la Comunidad a parte de las 500 niñas migrantes que permanecen en Ceuta. Su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha advertido de que el Ejecutivo autonómico se opondrá a cualquier medida que perjudique sus intereses o afecte a sus competencias.
Carriedo ha calificado de "fracaso" la gestión del Gobierno en el control de la frontera después de la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta. El también consejero de Economía y Hacienda considera que la situación afecta a la seguridad nacional y debe resolverse desde la Administración central.
"El Gobierno no puede diluir el problema en el conjunto de España", ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. La Junta rechaza que la respuesta consista en distribuir entre las comunidades las consecuencias de una crisis que vincula directamente con la protección de las fronteras.
La advertencia se produce mientras el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja con las autoridades ceutíes en un plan urgente para trasladar a la Península a unas 500 niñas consideradas especialmente vulnerables. Los detalles sobre sus destinos, el sistema de acogida y la Administración que mantendrá la tutela todavía están pendientes de concreción.
Una vía judicial todavía por concretar
Castilla y León estudiará el mecanismo definitivo antes de decidir qué recurso presenta. Carriedo ha explicado que los Servicios Jurídicos examinarán si una Administración puede conservar la tutela de menores que se encuentren físicamente en el territorio de otra sobre el que carece de competencias.
La Junta tampoco ha identificado por ahora una resolución concreta contra la que recurrir. Su actuación dependerá de cómo articule el Gobierno los traslados y de las responsabilidades que asigne a cada comunidad.
El sistema general de acogida fue modificado mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que incorporó a la Ley de Extranjería un mecanismo para derivar menores extranjeros no acompañados cuando un territorio supera ampliamente su capacidad ordinaria. Esa capacidad ha sido actualizada para 2026 mediante el Real Decreto 556/2026, de 30 de junio.
El plan de las 500 niñas de Ceuta podría seguir otra fórmula en determinados casos. El Gobierno estudia un modelo similar al empleado con menores solicitantes de asilo procedentes de Canarias, cuya atención corresponde al sistema estatal de protección internacional.
El Tribunal Supremo ordenó en junio de 2025 al Gobierno adoptar medidas urgentes para hacerse cargo de más de un millar de menores que habían solicitado protección internacional en Canarias. La fórmula elegida para Ceuta determinará qué Administración asume la acogida y qué margen tendrán las autonomías para recurrir.
Carriedo ha defendido que la posición de Castilla y León es "común" dentro del Gobierno autonómico de PP y la ultraderecha Vox y coherente con su acuerdo de legislatura. También ha recordado que la Junta ya acudió a los tribunales durante el anterior mandato, cuando el PP gobernaba en solitario, frente a decisiones migratorias que consideró perjudiciales para la Comunidad.
El retorno de menores exige garantías
El portavoz ha reclamado al Gobierno que garantice el regreso a sus países de las personas que entraron irregularmente y que siga la línea marcada por la Unión Europea. Bruselas mantiene su expectativa de que se produzcan retornos efectivos, aunque la situación de los menores cuenta con una protección específica.
El artículo 10 de la Directiva europea de Retorno obliga a estudiar individualmente cada caso. Antes de expulsar a un menor no acompañado, las autoridades deben comprobar que será entregado a un familiar, a un tutor o a un centro de acogida adecuado en el país de destino.
Desde el PSOE de Castilla y León, su secretario general, Carlos Martínez, ha pedido a la Junta que cumpla estrictamente la legislación española y el Derecho internacional. También ha acusado al Ejecutivo autonómico de seguir la posición marcada por Génova y por Vox.
La Junta esperará ahora a conocer el plan definitivo del Gobierno para las 500 niñas. "Cuando creamos que los intereses de Castilla y León se perjudican, interpondremos recursos ante la Justicia", ha advertido Carriedo.
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