La Comisión Europea ha defendido este martes que los migrantes que permanezcan irregularmente en Ceuta sean retornados a Marruecos y ha incluido expresamente a los menores extranjeros no acompañados. El pronunciamiento endurece la posición de Bruselas ante la crisis migratoria, aunque las garantías reconocidas por la legislación española, europea e internacional descartan cualquier devolución automática.
"Seguimos insistiendo en que la expectativa es que todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados", ha afirmado el portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, durante una rueda de prensa.
Preguntado de forma expresa por los menores, Lammert ha sostenido que también están incluidos porque el derecho europeo contempla su retorno. Bruselas espera que España y Marruecos colaboren para que las devoluciones se produzcan "de manera efectiva" y ha celebrado la disposición de Rabat a facilitar el regreso de los niños y adolescentes llegados sin referentes familiares.
La ciudad autónoma atiende ya a 2.168 menores localizados por la Policía desde la entrada masiva iniciada el 30 de julio, según el último balance conocido. El Gobierno mantiene en 72.000 el número total de personas que cruzaron durante aquellas jornadas y ha anunciado 1.500 plazas temporales adicionales para aliviar la presión sobre los recursos de acogida.
El mensaje político lanzado desde Bruselas requiere, sin embargo, varias precisiones jurídicas. La posibilidad de repatriar a un menor existe, pero queda condicionada a una evaluación individual, a su derecho a ser escuchado y a la comprobación de que podrá ser entregado a su familia, a un tutor o a un servicio de protección adecuado en Marruecos.
Las ONGs respondes: "No hay menores ilegales"
Las organizaciones especializadas han reaccionado con dureza. El director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Mauricio Valiente, ha calificado las palabras de Lammert como "un lamentable error" y ha pedido su rectificación inmediata en declaraciones a Europa Press.
CEAR recuerda que los menores llegados sin acompañamiento quedan bajo la tutela de los servicios de protección y cuentan con un régimen jurídico reforzado. "No hay menores ilegales", ha recalcado Valiente, quien advierte de que presentarlos como personas sometidas al régimen ordinario de extranjería alimenta discursos xenófobos y desdibuja sus derechos.
Accem ha introducido otra corrección relevante. El nuevo Reglamento europeo de retorno citado por la Comisión fue acordado provisionalmente en junio por el Consejo y el Parlamento Europeo, pero todavía debe ser aprobado formalmente y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por tanto, aún no está en vigor.
La normativa europea vigente ya contempla el posible retorno de menores no acompañados, aunque obliga a prestarles asistencia antes de adoptar una decisión y a comprobar que serán recibidos por su familia, un tutor designado o unas instalaciones adecuadas. El texto pactado para sustituirla mantiene esas garantías y sitúa el interés superior del menor como consideración primordial.
ACNUR ha insistido en que "no puede presumirse que el retorno a un determinado país sea automáticamente la solución adecuada". Su portavoz, Paula Barrachina, reclama estudiar la situación familiar, los vínculos, las condiciones de acogida y los posibles riesgos para la seguridad de cada niño. También debe garantizarse el acceso al asilo cuando existan necesidades de protección internacional.
Cada menor necesita su propio expediente
La Ley de Extranjería española permite la repatriación de menores cuando responda a su interés superior. La decisión debe buscar la reunificación con su familia o su entrega a los servicios de protección del país de origen, siempre que existan condiciones adecuadas. El procedimiento exige escuchar al menor, recabar informes y valorar sus circunstancias particulares.
Este marco deja fuera las devoluciones colectivas y conecta con la sentencia del Tribunal Supremo que rechazó aplicar las llamadas devoluciones en caliente a quienes intentan alcanzar Ceuta o Melilla a nado sin franquear un elemento físico de contención fronteriza.
El fallo se refiere al rechazo inmediato en la frontera marítima y tiene un ámbito diferente al de la repatriación de menores ya identificados y puestos bajo protección. En ambos supuestos, las autoridades deben respetar la legislación nacional, las normas comunitarias y la prohibición de enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, torturas o tratos inhumanos.
Bruselas también ha aclarado que España todavía no ha solicitado formalmente la financiación extraordinaria del Fondo de Asilo, Migración e Integración anunciada por la ministra Elma Saiz. Por ahora existen contactos informales y la Comisión se compromete a evaluar la petición con rapidez cuando llegue. También mantiene su ofrecimiento para desplegar recursos de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea si el Gobierno español los reclama.
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