El Gobierno afronta este jueves una nueva fase de su plan para aliviar la situación de Ceuta casi tres semanas después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. La actuación combina el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes, la apertura de espacios temporales para otras 1.500 personas, nuevas partidas económicas y el refuerzo de los servicios policiales y judiciales.
El respaldo económico vinculado a la emergencia alcanza al menos los 37 millones de euros, aunque procede de partidas diferentes. El Ejecutivo habilitó 25 millones extraordinarios para atender a los menores, que se suman a los 5,5 millones asignados a Ceuta durante la Conferencia Sectorial de Infancia de julio. También ha destinado 6,5 millones a Cruz Roja para reforzar la asistencia humanitaria, sanitaria y social.
La protección de los menores se ha convertido en la tarea más urgente. El Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno ceutí trabajan conjuntamente para sacar de la calle a unas 500 niñas y adolescentes, alojarlas de manera provisional en instalaciones adecuadas y preparar después su traslado a distintos recursos de la Península.
500 niñas y 1.500 plazas para descargar la emergencia
La primera fase del dispositivo ya ha comenzado dentro de Ceuta. Las menores están siendo reubicadas en seis espacios, entre ellos una nave que ha empezado a funcionar, otras dos pendientes de acondicionamiento, un salón con 120 plazas y dos edificios de viviendas con capacidad para otras 150 personas.
Casi un centenar de niñas ha pasado ya a estas instalaciones, un movimiento previo al traslado a la Península. La cifra final de 500 sigue siendo provisional y dependerá de la identificación de las menores, de su situación familiar y de las necesidades de protección detectadas por los equipos que trabajan sobre el terreno.
La fórmula que estudia Infancia permitiría utilizar recursos gestionados por organizaciones especializadas sin entregar necesariamente la tutela a las comunidades autónomas. Ceuta mantendría esa responsabilidad jurídica mientras las entidades asumirían la atención cotidiana de las menores en la Península. El plan también contempla el acogimiento familiar y las reubicaciones previstas en el sistema de solidaridad obligatoria.
El Gobierno espera así sortear el rechazo anticipado por varias autonomías gobernadas por el PP y ofrecer una salida rápida a los perfiles más vulnerables. Los técnicos calculan que la operación completa podría prolongarse durante uno o dos meses, siempre que las instalaciones y los procedimientos de protección avancen al ritmo previsto.
Sira Rego marcó este miércoles los límites legales de cualquier posible retorno a Marruecos. "Hablar de deportar a niños y niñas es una barbaridad, venga de donde venga", respondió la ministra después de que Alberto Núñez Feijóo reclamara el regreso de todos los migrantes, incluidos los menores.
La titular de Infancia recordó que cada posible repatriación exige un expediente individual, la intervención de la Fiscalía, la audiencia del menor y la comprobación de que la reunificación familiar o su entrega a los servicios sociales marroquíes ofrece garantías. Algunos niños carecen de familiares localizados y otros han huido de situaciones de violencia o abuso.
El dispositivo para las niñas se añade a la creación de 1.500 plazas temporales de acogida anunciada por la ministra portavoz, Elma Saiz. Los espacios se instalarán en el aparcamiento del Embolsamiento, la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de caballería y El Guano, terrenos cedidos por la Ciudad Autónoma o pertenecientes al Estado. La actuación contará con el apoyo prioritario de Cruz Roja, que ya ha realizado más de 4.000 asistencias sociosanitarias.
Más agentes y refuerzos judiciales
El Ministerio del Interior ha desplazado a Ceuta 20 policías especializados en extranjería para agilizar la identificación y los procedimientos administrativos. A ellos se han sumado otros 45 agentes de la Policía Nacional. El dispositivo cuenta además con unos 770 guardias civiles, cerca de 200 más que al comienzo de la crisis.
El objetivo pasa por acelerar los expedientes de retorno de los adultos que carezcan de derecho a permanecer en España, reforzar la vigilancia fronteriza y mantener la seguridad en las calles. Elma Saiz insistió este miércoles en que España cumplirá la Ley de Extranjería, el derecho internacional y la normativa europea. "España no va a renunciar al derecho internacional", afirmó la portavoz.
La Administración de Justicia también está reforzando su presencia en la ciudad. El departamento dirigido por Félix Bolaños ha incorporado un gestor y dos tramitadores procesales a la Fiscalía de Área de Ceuta, ha autorizado la participación de cinco abogados en el turno de oficio especializado y ha permitido que tres fiscales sustitutos apoyen los procedimientos abiertos durante estas semanas.
El Ministerio asegura que dispone de cobertura económica para tramitar más refuerzos cuando reciba la solicitud formal del Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces considera necesarios dos magistrados adicionales, uno para el servicio de guardia y otro para el juzgado encargado de violencia sobre la mujer y delitos sexuales.
Bruselas mantiene abiertos sus contactos con las autoridades españolas, aunque el Gobierno todavía no ha presentado una petición formal de ayuda financiera de urgencia. La Comisión Europea ha ofrecido los recursos de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo y trasladará a los Estados miembros las conclusiones de la misión técnica enviada a Ceuta.
Feijóo lleva el choque de las comparecencias al Supremo
Alberto Núñez Feijóo endureció este miércoles su posición durante una comparecencia junto a Juan Jesús Vivas en Ceuta. El presidente del PP calificó la entrada masiva como una "invasión", reclamó un mando único y exigió el retorno de todas las personas que cruzaron irregularmente la frontera.
"Ni mayores ni menores. Han de regresar todos", afirmó Feijóo, que rechazó crear lo que definió como un "precedente perverso" mediante la concesión de derechos a quienes participaron en una entrada irregular. Esa formulación provocó la respuesta inmediata de Infancia, que recordó que la legislación española impide ordenar la devolución colectiva de menores.
El PSOE acusó al líder popular de viajar a Ceuta para "echar gasolina a la crispación" y "hacer campaña utilizando las instituciones". Ferraz sostuvo que el PP se había sumado a la "ola del bulo y del miedo" mediante discursos que alimentan el rechazo a los migrantes. La secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, acusó a Feijóo de buscar únicamente "la foto" con un "patriotismo de hojalata".
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió el trabajo coordinado con las administraciones y las organizaciones sociales frente a las críticas del PP por su ausencia en Ceuta. "Hagan ruido, nosotras seguimos trabajando", respondió después de que los populares anunciaran que pedirán su reprobación en el Senado.
Óscar Puente había atribuido días antes el endurecimiento del discurso de Vivas a la influencia de la dirección nacional del PP. El ministro reconoció que las autoridades no tuvieron capacidad para detener la entrada cuando quedó desbordada, aunque rechazó que Marruecos hubiera organizado el cruce y defendió mantener la cooperación con el país vecino.
El pulso político tendrá también un recorrido judicial y parlamentario. Feijóo anunció que el PP acudirá al Tribunal Supremo para que determine si los ministros podían negarse a comparecer en el Senado alegando que ofrecerán sus explicaciones en el Congreso. Las citaciones rechazadas afectaban a Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares y Margarita Robles.
El Ejecutivo sostiene que las comparecencias en ambas cámaras habrían provocado duplicidades y ha fijado ya su calendario en el Congreso. Robles comparecerá el 25 de agosto, Bolaños lo hará el día 27 y Marlaska y Albares acudirán el 28. El PP llevará además al primer pleno de septiembre las reprobaciones de estos tres ministros, Mónica García y Ana Redondo, iniciativas que saldrán adelante gracias a su mayoría absoluta en el Senado, aunque carecen de efectos jurídicos sobre la continuidad de los miembros del Gobierno
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