Junts y el PP han unido fuerzas en el Parlament para frenar la ley catalana contra la compra especulativa de vivienda. Ambas formaciones pedirán un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, una maniobra que paraliza la tramitación y aleja la votación definitiva de la norma, prevista inicialmente para este miércoles.
La iniciativa había sido pactada por el Govern de Salvador Illa y los Comuns dentro del delicado equilibrio parlamentario que sostiene al Ejecutivo catalán. Su objetivo era limitar la compra de viviendas en zonas de mercado residencial tensionado, especialmente cuando la adquisición no estuviera destinada a vivir en el inmueble ni a incorporarlo al alquiler regulado.
La petición de Junts y PP no tumba la ley de forma automática, pero sí cambia el calendario. El Consell deberá pronunciarse sobre su encaje constitucional y estatutario, y ese trámite deja prácticamente imposible que el texto llegue al último pleno antes del parón estival. La votación final apunta ya a octubre, salvo giro inesperado.
La ley llega en plena emergencia habitacional en Catalunya, con Barcelona y su área metropolitana como epicentro del problema. Los precios del alquiler, la presión turística, la falta de oferta asequible y la acumulación de pisos en manos de grandes propietarios han convertido la vivienda en una de las grandes batallas de la legislatura catalana.
Junts habla de propiedad e inseguridad jurídica
Junts justifica el recurso por dudas sobre el derecho de propiedad, las competencias municipales y la libertad de empresa. Su portavoz en el Parlament, Salvador Vergés, ha cargado además contra la tramitación por lectura única, una vía rápida que reduce los tiempos y evita comparecencias de colegios profesionales y expertos.
La formación de Carles Puigdemont sostiene que la ley deja demasiada responsabilidad en manos de los ayuntamientos. Su argumento es que podrían aparecer reglas distintas entre municipios vecinos, con Barcelona aplicando las restricciones y Badalona optando por no hacerlo. Junts ve ahí inseguridad jurídica y un nuevo foco de conflicto municipal.
El PP catalán se ha colocado en la misma posición. Lorena Roldán defiende que la proposición contiene elementos que quedan fuera de la Constitución y ya había avisado de que su partido estaba dispuesto a llevar la norma al Tribunal Constitucional. El paso por Garanties funciona ahora como primera parada de esa ofensiva.
El movimiento tiene una lectura política evidente. Junts y PP mantienen choques muy duros en el tablero estatal, pero en vivienda vuelven a encontrarse en una posición de defensa del mercado frente a las medidas de intervención. En Catalunya, esa coincidencia golpea directamente a uno de los pactos más visibles entre Illa y los Comuns.
La medida que Comuns arrancó a Illa
La proposición nació como una exigencia de los Comuns para facilitar el acuerdo presupuestario con el Govern. Jéssica Albiach convirtió la limitación de la compra especulativa en una de sus grandes condiciones para sostener a Illa, con la idea de aprobarla antes del verano y enviar una señal política clara sobre vivienda.
El texto se había rebajado durante la negociación. La fórmula final permitía comprar vivienda en zonas tensionadas para residencia habitual, para cederla a un familiar o para ponerla en alquiler a precio regulado. También contemplaba excepciones para compras de edificios completos destinadas al alquiler residencial bajo condiciones.
El Govern había trabajado informes jurídicos para defender la viabilidad de la medida. La tesis de fondo es que el derecho de propiedad admite límites cuando existe una finalidad social acreditada, especialmente en un contexto de emergencia habitacional. La vivienda, además, aparece protegida en el artículo 47 de la Constitución como derecho y como mandato a los poderes públicos para impedir la especulación.
Ahí está el choque real. Junts y PP ponen el foco en la propiedad privada, la seguridad jurídica y la oferta. PSC y Comuns defienden que el mercado no ha resuelto el problema y que las administraciones pueden condicionar determinados usos cuando la compra de pisos sirve para acumular patrimonio, encarecer precios o expulsar vecinos.
El Govern acusa a Junts y PP de poner trabas
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha reaccionado con cautela institucional. Ha reconocido que acudir al Consell de Garanties es un mecanismo legítimo de los grupos parlamentarios, aunque ha pedido a Junts y PP que centren sus esfuerzos en hacer de la vivienda una “misión de país”.
Paneque ha lamentado que ambos partidos opten por poner “palos en las ruedas” en lugar de trasladar propuestas al Parlament. El Ejecutivo catalán quiere mantener vivo el texto y evitar que el retraso enfríe una de las medidas que los Comuns presentan como prueba de utilidad dentro de la mayoría de investidura.
Los Comuns han sido más duros. David Cid ha acusado a Junts de actuar al servicio de la patronal inmobiliaria y de querer que unas pocas manos puedan seguir acumulando pisos para hacer negocio. También ha situado al PP y a Vox en el mismo bloque contrario a cualquier regulación fuerte del mercado de la vivienda.
La ley se debatirá por lectura única, pero su aprobación final queda aplazada por el recurso al Consell de Garanties. Junts y PP han ganado tiempo. Illa y los Comuns pierden el golpe político de aprobarla antes del verano.
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