Los datos conocidos este martes dibujan una realidad grave. Los órganos judiciales de Ceuta han abierto 37 procedimientos por delitos de agresión sexual entre el 30 de julio y el 14 de septiembre. Las diligencias afectan a 39 víctimas, 38 mujeres y un hombre. Catorce de las víctimas son menores de edad.
La reacción de Santiago Abascal ha tardado poco en llegar. El líder de la ultraderecha Vox ha utilizado las cifras para responsabilizar personalmente a Pedro Sánchez y extender la sospecha sobre los migrantes llegados a Ceuta. "Le importa mucho el bienestar de los invasores, pero no le importan nada el sufrimiento de las mujeres a las que violan. La responsabilidad de cada violación recae directamente sobre el traidor que gobierna", ha escrito en X.
El mensaje añade al informe judicial una conclusión que este no contiene. La nota del Consejo General del Poder Judicial no identifica la nacionalidad ni la situación administrativa de los investigados. Tampoco establece que los presuntos responsables formen parte de las personas que entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. El periodo examinado comienza en esas fechas, pero esa coincidencia temporal no permite atribuir colectivamente los delitos.
Abascal también habla de "violaciones", mientras que el documento agrupa procedimientos por delitos de agresión sexual y no detalla cuántos de los 37 casos investigados incluyen penetración. La gravedad de cada denuncia permanece intacta. También la necesidad de manejar con precisión unas cifras que afectan a mujeres y niñas sometidas a una situación de enorme vulnerabilidad.
Le importa mucho el bienestar de los invasores, pero no le importan nada el sufrimiento de las mujeres a las que violan.
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) September 22, 2026
La responsabilidad de cada violación recae directamente sobre el traidor que gobierna. https://t.co/q0iBf7MYdz
Treinta víctimas en procedimientos que siguen abiertos
La Comisión Permanente del CGPJ ha conocido este martes el informe elaborado por su Servicio de Inspección. Los seis órganos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta incoaron las 37 diligencias durante el mes y medio posterior a la entrada masiva de migrantes.
A fecha de 14 de septiembre, 28 procedimientos continuaban tramitándose. Otros ocho habían sido archivados provisionalmente y uno se había acumulado a unas diligencias anteriores. Un archivo provisional permite reabrir la investigación si aparecen nuevos indicios, por lo que tampoco equivale necesariamente a una resolución definitiva del caso.
Las causas todavía abiertas reúnen a 30 víctimas, todas ellas mujeres. Once son menores. El informe contabiliza además a 37 presuntos agresores, todos varones. Dieciocho siguen sin identificar y los 19 identificados son mayores de edad.
La apertura de diligencias previas supone el inicio de una investigación judicial. Aún deberán esclarecerse los hechos, identificar a los responsables pendientes y determinar qué casos disponen de indicios suficientes para continuar hacia un juicio. Hablar de procedimientos abiertos exige mantener la presunción de inocencia sin desatender la protección y el acompañamiento que necesitan las víctimas.
Los datos parciales que la Fiscalía manejaba a finales de agosto tampoco respaldaban una acusación contra una nacionalidad concreta. En aquel momento había ocho hombres investigados por agresiones cometidas contra personas migrantes: cuatro marroquíes, tres españoles y un ciudadano belga. Aquella fotografía abarcaba menos casos y no puede trasladarse automáticamente al informe conocido ahora, aunque ya reflejaba una procedencia diversa entre los sospechosos identificados.
La ultraderecha Vox convierte a las víctimas en munición política
El mensaje de Abascal no dedica una sola línea a reclamar atención psicológica, asistencia jurídica, recursos de acogida o más medios para identificar a los agresores. Las víctimas desaparecen inmediatamente del foco y su sufrimiento queda convertido en el vehículo para lanzar otro ataque contra Sánchez y presentar a la población migrante como un bloque criminal.
La ofensiva resulta especialmente reveladora por el historial de la propia formación. Vox ha reclamado reiteradamente la derogación de la Ley Integral contra la Violencia de Género y del Pacto de Estado, además de pedir la desaparición del Ministerio de Igualdad y atacar a las asociaciones feministas. Ahora invoca la defensa de las mujeres cuando puede vincularla a su campaña contra la inmigración.
Las necesidades inmediatas en Ceuta pasan por reforzar la atención especializada, facilitar espacios seguros y acelerar las investigaciones. En las últimas semanas se ha ampliado la asistencia a menores en el centro de crisis y los sindicatos policiales han reclamado más agentes y unidades especializadas. La Fiscalía también anunció el refuerzo de su plantilla ante el aumento de asuntos relacionados con la crisis.
La gestión política de la seguridad, la acogida y los recursos públicos está sometida al escrutinio y puede exigir responsabilidades a las distintas administraciones. La autoría penal se establece de manera individual y ante los tribunales. Los 28 procedimientos que permanecen abiertos deberán aclarar lo sucedido, localizar a los 18 sospechosos todavía sin identificar y ofrecer una respuesta judicial a las 30 mujeres cuyas causas continúan vivas.
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