La Audiencia Nacional ha paralizado este miércoles, de manera provisional, la habilitación del campamento para migrantes en el Muelle de Poniente del puerto de Ceuta. La decisión deja en el aire el traslado de las primeras 800 personas desde la playa del Trampolín, previsto por el Gobierno para este jueves.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha respondido así al recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que autorizó el uso de los terrenos portuarios.
Los magistrados han reclamado al departamento dirigido por Óscar Puente que remita con urgencia el expediente completo, la autorización y el resto de la documentación relacionada con el proyecto. La orden ministerial no podrá ejecutarse mientras la Sala decide si acepta o rechaza las medidas cautelares solicitadas por el sindicato.
La providencia tiene un alcance limitado. La Audiencia Nacional todavía debe estudiar los argumentos de las partes y decidir si mantiene la suspensión o permite que el dispositivo entre en funcionamiento. Tampoco se ha pronunciado sobre el fondo del recurso ni ha declarado que la ubicación elegida sea ilegal.
El proyecto ocupa alrededor de 16.000 metros cuadrados de suelo portuario y está diseñado para alojar temporalmente a cerca de un millar de personas. Su apertura debía aliviar la presión sobre El Trampolín, donde miles de migrantes continúan durmiendo en tiendas, chabolas improvisadas y refugios levantados junto a la playa.
Los riesgos denunciados por el SUP
El sindicato policial sostiene que el Gobierno no ha justificado suficientemente la elección del puerto y reclama informes sobre la compatibilidad del campamento con las actividades que se desarrollan en el recinto. Entre sus preocupaciones figuran los riesgos de incendio, las dificultades de evacuación y las alteraciones del orden público cerca de zonas restringidas e instalaciones energéticas.
La portavoz del SUP, Ana Alarcón, ha señalado que la organización tampoco ha recibido documentación sobre los protocolos previstos para proteger a las personas acogidas, los trabajadores portuarios y los policías destinados en la zona. El sindicato plantea como alternativa un emplazamiento alejado de infraestructuras estratégicas o la utilización temporal de un buque hotel.
La instalación ya había provocado un fuerte enfrentamiento entre el Gobierno central y la Autoridad Portuaria. Su Consejo de Administración rechazó el pasado 4 de septiembre la cesión de los terrenos por 11 votos frente a cuatro, pero Transportes decidió habilitarlos posteriormente invocando razones de interés general.
El campamento formaba parte del dispositivo desplegado para retirar a los migrantes de los asentamientos improvisados y acelerar su identificación. El Estado mantiene actualmente a 4.160 personas en recursos temporales, mientras el Gobierno ceutí calcula que al menos 13.000 migrantes permanecen todavía en la ciudad.
La resolución conocida este miércoles procede de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y es independiente de la investigación penal que dirige la magistrada María Tardón sobre la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. Transportes deberá entregar ahora el expediente requerido y esperar a que la Audiencia Nacional decida si levanta el freno provisional o mantiene suspendido el campamento.
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