El Gobierno eleva a 11.025 los migrantes que han retornado a Marruecos desde el inicio de la crisis, mientras el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, niega que el Ejecutivo ocultara un informe de la Delegación del Gobierno que, seis días antes de la entrada masiva del 30 de julio, advertía de que era "altamente probable" que se produjeran nuevos intentos de entrada masiva en Ceuta.
El documento, elaborado el 24 de julio por el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno, Gonzalo Sanz, y remitido al Ministerio de Política Territorial por Miguel Ángel Pérez Triano, advertía además de un posible "colapso de las administraciones e instituciones" y reclamaba refuerzos para afrontar un eventual agravamiento de la presión migratoria. Su existencia ha trascendido ahora en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre la crisis.
Torres ha defendido este jueves que el informe no fue ocultado y que las advertencias de la Delegación llegaron a los departamentos correspondientes. Según, ha confirmado el ministro Torres: "A mí no me llegó ese correo", sino al secretario de Coordinación Territorial, que posteriormente lo trasladó a los ministerios competentes. El ministro sostiene además que las medidas solicitadas comenzaron a activarse antes de que se produjera la entrada masiva.
Más de 11.000 retornos a Marruecos mientras continúa la presión migratoria
Torres ha cifrado en 11.025 las personas que han regresado a Marruecos desde principios de agosto, incluyendo tanto retornos voluntarios como devoluciones. De ellas, 2.783 han regresado desde el martes de la semana pasada, lo que refleja el incremento de las salidas durante los últimos días. El aumento de los retornos coincide con los operativos puestos en marcha para desalojar los asentamientos formados tras la entrada masiva. Entre ellos se encuentra el dispositivo desarrollado en la playa del Trampolín, donde fueron trasladadas alrededor de 1.300 personas y, según los datos aportados por el Ministerio, la práctica totalidad optó posteriormente por regresar a Marruecos.
El Gobierno defiende que los migrantes trasladados desde estos asentamientos pueden acudir al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para iniciar los procedimientos correspondientes o regresar a Marruecos. Torres ha rechazado además las dudas sobre las circunstancias de estos retornos. Mientras tanto, la presión sobre los recursos de acogida continúa. Ceuta mantiene bajo su sistema de protección a 2.831 menores extranjeros no acompañados, una cifra que multiplica por 98 su capacidad ordinaria. El Ejecutivo ha trasladado además a la península a 259 menores, mientras estudia nuevos expedientes de reagrupación familiar.
El Gobierno asegura que también ha ampliado la capacidad de acogida disponible, que habría pasado de unas 2.000 plazas el 24 de agosto a más de 7.000 distribuidas en diez recursos.
El informe del 24 de julio que alertó de una entrada masiva
En paralelo a estas cifras, el foco político y judicial se ha desplazado hacia un informe elaborado el 24 de julio, seis días antes de la entrada masiva que se produjo durante las jornadas del 30 y 31 de julio. El documento, elaborado por el entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, advertía de que era "altamente probable" que se produjeran nuevos intentos de entrada masiva y contemplaba un escenario de "desborde migratorio". También alertaba del posible "colapso de las administraciones e instituciones" y reclamaba refuerzos para afrontar un eventual agravamiento de la presión migratoria.
Entre las medidas planteadas figuraban el refuerzo de los medios de seguridad, la habilitación urgente de un centro provisional para realizar los triajes y el estudio de mecanismos que permitieran agilizar los retornos a Marruecos.La fecha del documento ha adquirido especial relevancia dentro de la investigación de la Audiencia Nacional, ya que fue elaborado apenas seis días antes de la crisis. El informe tampoco figuraba entre los documentos de julio que el Gobierno hizo públicos en septiembre para reconstruir la información disponible antes de la entrada masiva.
La investigación busca determinar ahora qué información llegó al Gobierno central, cuándo lo hizo y qué decisiones se adoptaron a partir de las advertencias recibidas. En ella también han aparecido referencias a comunicaciones de la Guardia Civil y del CNI sobre la situación en la frontera y sobre posibles movimientos que podían anticipar nuevos intentos de entrada.
Torres niega que se ocultara información
Ante la polémica, Torres ha rechazado que el Ejecutivo ocultara el informe y ha asegurado que las advertencias de la Delegación del Gobierno llegaron a los departamentos correspondientes. El ministro ha explicado que el documento no le llegó directamente a él, sino al secretario de Coordinación Territorial, que posteriormente lo trasladó a los ministerios competentes. Según su versión, el 29 de julio, cinco días después de la elaboración del informe, se celebró una reunión para analizar las peticiones realizadas desde Ceuta.
Torres ha asegurado que algunas de las medidas solicitadas comenzaron a ponerse en marcha antes de la entrada masiva, entre ellas la instalación de una infraestructura "provisional y urgente" para realizar los triajes, el refuerzo del personal del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y el aumento de los medios del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. "No se ha ocultado nada", ha defendido el ministro, que sostiene que el Gobierno actuó a partir de la información disponible.
La cuestión central de la investigación queda ahora situada en qué sabía exactamente el Ejecutivo antes de la crisis y qué respuesta dio a esas advertencias. La existencia del informe del 24 de julio acredita que desde la Delegación del Gobierno se contemplaba pocos días antes un escenario de entrada masiva, mientras que Torres sostiene que las alertas fueron trasladadas y que las medidas comenzaron a activarse antes de que se produjera. La gestión de la crisis continúa así marcada por dos frentes: por un lado, el Gobierno destaca los más de 11.000 retornos a Marruecos y el refuerzo de los recursos de acogida; por otro, la investigación judicial trata de esclarecer cómo circuló la información previa y si la respuesta de las administraciones fue suficiente ante un escenario que ya había sido advertido.
