A cinco días del segundo aniversario de la dana, las asociaciones de víctimas y damnificados vuelven a señalar las responsabilidades pendientes por la gestión de la emergencia. La riada del 29 de octubre de 2024 dejó 233 fallecidos en la provincia de Valencia y una herida que sigue abierta entre quienes perdieron a sus familiares o sobrevivieron a las inundaciones. "Vamos a llegar a los dos años y sentimos que estamos aún en la casilla de salida", lamentan.
Rosa Álvarez, Mariló Gradolí y Elisabeth González, representantes de tres asociaciones de víctimas y damnificados, describen en una entrevista con 'Europa Press' un malestar que reúne el duelo, la falta de reparación y el miedo a otra catástrofe. También rechazan que el PP vuelva a incluir a Carlos Mazón en sus listas autonómicas o facilite su designación como senador territorial, dos escenarios que temen que prolonguen el aforamiento del expresidente.
Los avisos enviados durante los últimos temporales han reabierto la comparación con aquella tarde de 2024, cuando el mensaje ES-Alert llegó a los móviles a las 20.11 horas. Álvarez atribuye las diferencias actuales a la aplicación de los protocolos y a una mayor coordinación. "Ahora nadie quiere hacer un Mazón, simplemente", afirma la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, que perdió a su padre en Catarroja.
Gradolí cuestiona que la respuesta institucional se presente como un aprendizaje suficiente para cerrar lo ocurrido. "Ese mantra de que hemos aprendido no nos vale porque aprender también significa asumir responsabilidades y no se han asumido", sostiene. González rechaza, además, que el debate se reduzca a advertir a los vecinos de que no bajen a los garajes y recuerda que el agua también alcanzó una altura mortal en las calles de Paiporta.
Las víctimas rechazan que el PP prolongue el aforamiento de Mazón
La posible continuidad de Mazón en un cargo que le permita seguir aforado concentra buena parte de la indignación de los colectivos. "Sería una vergüenza muy grande; un descaro y un insulto para los valencianos", advierte Gradolí sobre una nueva candidatura o su llegada al Senado. Las asociaciones reprochan al PP que no le haya exigido entregar el acta autonómica que conserva tras abandonar la Presidencia de la Generalitat.
Mazón sigue siendo diputado en Les Corts y no está investigado en la causa de Catarroja. El Tribunal Superior de Justicia valenciano rechazó abrirle una investigación en marzo y confirmó esa decisión en abril, al no apreciar indicios suficientes de delito ni atribuirle una obligación jurídica específica de actuación en la emergencia. La Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre recurrió al Constitucional en junio para combatir la aplicación de su aforamiento.
La investigación sobre la gestión de la catástrofe continúa con la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso como investigados por presuntos homicidios y lesiones imprudentes. En un auto del 13 de octubre, la jueza apreció indicios de que los fallecimientos de La Torre podrían haberse evitado si ambos hubieran ejercido sus funciones conforme a la normativa de protección civil. Es una valoración durante la instrucción, pendiente de una resolución judicial definitiva.
Pradas defiende que "nadie debería estar imputado" en el procedimiento. Las asociaciones mantienen su confianza en la instrucción y esperan que se depuren las responsabilidades. Álvarez desea que el próximo año se abra juicio oral contra los dos exresponsables de Emergencias. La investigación se ha prorrogado seis meses desde el próximo 30 de octubre, ante las declaraciones, informes y diligencias que quedan por practicar.
El miedo vuelve con la lluvia y la reparación sigue pendiente
El paso del tiempo también ha hecho más difícil convivir con las pérdidas. "La ausencia es muchísimo más palpable, ya no hay engaños psicológicos que te valgan y la realidad se hace patente", explica Álvarez. Gradolí describe lo que ocurre cada vez que vuelve el mal tiempo. "Dos años después, cuando llueve, todavía pasamos miedo, todavía nos revuelve el estómago y nos vuelve de nuevo al 29 de octubre de 2024".
Las representantes reprochan al Consell el trato recibido y una atención psicológica que consideran insuficiente. Gradolí denuncia que intentó desacreditar a las asociaciones; Álvarez sostiene que el dispositivo de psicólogos anunciado inicialmente se retiró con rapidez y recuerda las restricciones que impidieron a los familiares acercarse al lugar donde estaban los fallecidos. "Eso nos ha marcado para siempre", afirma, al señalar a la entonces consellera Nuria Montes.
Las tres destacan el acompañamiento de las Unidades de Salud Mental de Emergencias, impulsadas por el Ministerio de Sanidad, cuya continuidad reclamaron. Según el balance presentado este mes por la comisionada de Salud Mental, el dispositivo acumula unas 4.300 intervenciones, entre individuales y grupales, y prolongará su actividad hasta el 30 de noviembre de 2027. González recuerda que también necesitan ayuda quienes sobrevivieron y vieron morir a otras personas.
La reconstrucción exige, a su juicio, revisar la exposición de los municipios a nuevas inundaciones. González denuncia que se han reparado daños sin disponer todavía de las infraestructuras hidráulicas que considera necesarias. Las asociaciones reclaman un equipo multidisciplinar con un papel destacado de los geógrafos, que estudie dónde y cómo construir, y piden que las decisiones sobre el envío de alertas recaigan en un gabinete de expertos.
