La central nuclear de Almaraz ha superado su principal examen técnico para continuar funcionando hasta 2030. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido un informe favorable, aunque sujeto a condiciones, sobre la prórroga solicitada por Iberdrola, Endesa y Naturgy para los dos reactores de la instalación cacereña.
El dictamen despeja el obstáculo relacionado con la seguridad de la planta, pero la autorización definitiva corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica. El departamento que dirige Sara Aagesen dispondrá de alrededor de dos meses para estudiar la documentación y decidir si modifica el calendario que actualmente fija el cierre de Almaraz I en noviembre de 2027 y el de Almaraz II en octubre de 2028.
El informe del CSN era obligatorio dentro del procedimiento. Un pronunciamiento negativo habría impedido la prórroga, mientras que el aval favorable permite continuar la tramitación sin obligar al Gobierno a autorizarla. Las condiciones de seguridad impuestas por el regulador sí deberán respetarse si el Ejecutivo permite que la instalación siga funcionando.
Más personal para garantizar la seguridad
El acuerdo se ha adoptado con cuatro apoyos y la abstención del consejero Francisco Castejón. La evaluación se sustenta en 29 documentos elaborados por 16 áreas especializadas del Consejo de Seguridad Nuclear, además de la supervisión continua que el organismo realiza sobre la planta.
Los técnicos han revisado el envejecimiento de las estructuras, los sistemas y los componentes de seguridad, la protección contra incendios, la calificación ambiental de los equipos y el cumplimiento de los planes de mejora aprobados durante la anterior renovación.
El CSN plantea mantener la mayor parte de los límites y condiciones actuales, actualizar los Documentos Oficiales de Explotación e incorporar una exigencia específica para el nuevo periodo. Las propietarias deberán garantizar entre 2028 y 2030 una dotación suficiente de trabajadores en los puestos relacionados con la seguridad nuclear.
También se ha analizado el almacenamiento del combustible gastado. El regulador considera que la capacidad existente, junto al proyecto del nuevo Almacén Temporal Individualizado ATI-100, ofrece espacio suficiente para gestionar los residuos generados hasta junio de 2030.
Almaraz I comenzó a funcionar en 1981 y el segundo reactor lo hizo en 1983. Sus propietarias solicitaron formalmente la ampliación en octubre de 2025 y fueron aportando la documentación requerida hasta febrero. La petición contempla que las dos unidades puedan operar hasta el 8 de junio de 2030.
El Gobierno estudiará ahora todo el expediente
Transición Ecológica ha avanzado que analizará el dictamen y el resto del expediente antes de tomar una decisión. El Gobierno había establecido tres condiciones para estudiar cualquier cambio en el calendario nuclear: seguridad acreditada por el CSN, utilidad para el sistema eléctrico y ausencia de costes adicionales para los ciudadanos.
El informe conocido este jueves responde a la primera de esas exigencias. La solicitud presentada por las compañías no incluyó la rebaja de impuestos o de la tasa destinada a financiar la gestión de los residuos radiactivos que habían reclamado anteriormente Iberdrola y Endesa.
La posible prórroga modificaría el calendario de cierre escalonado acordado en 2019 por las empresas y el Ejecutivo. Ese plan comienza con Almaraz y termina en 2035 con Trillo. La decisión sobre la planta extremeña será observada por todo el sector, ya que puede condicionar futuros debates sobre el resto del parque nuclear.
Extremadura aumenta la presión
La Junta de Extremadura ha reclamado al Gobierno que apruebe la continuidad de la planta. La consejera de Industria y Energía, Mercedes Morán, sostiene que el Ejecutivo “ya no tiene más excusas” después de que el regulador haya confirmado que la central puede operar con seguridad.
También el presidente socialista de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha pedido que la decisión llegue cuanto antes para ofrecer certidumbre a los trabajadores, las familias y las empresas de Campo Arañuelo. La plataforma ciudadana ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’ considera que el informe “llena de esperanza” a miles de personas vinculadas económica y laboralmente a la central.
Los responsables de la planta aseguran que Almaraz produce más del 7% de la electricidad consumida en España y representa uno de los principales motores industriales de Extremadura. La empresa cifra en unas 4.000 las personas que trabajan en la instalación o en actividades asociadas, a las que se suman alrededor de 1.200 empleados durante cada recarga.
El PP extremeño considera que la decisión está ya en el tejado del Gobierno, mientras la ultraderecha Vox ha aprovechado el dictamen técnico para acusar al Ejecutivo de “fanatismo ecológico”. La resolución del CSN, sin embargo, se limita al ámbito de la seguridad nuclear y deja los criterios energéticos, económicos y ambientales en manos del Ministerio.
Los ecologistas reclaman mantener el cierre
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF han pedido al Gobierno que rechace la prórroga y respete el calendario acordado. Las organizaciones recuerdan que el aval técnico del CSN solamente analiza la seguridad nuclear y radiológica, una de las condiciones planteadas por el Ejecutivo.
Los colectivos ecologistas advierten de las consecuencias sobre la planificación renovable, la gestión de los residuos y el coste eléctrico. Un estudio encargado por Greenpeace y elaborado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universitat Politècnica de Catalunya calcula que prolongar Almaraz podría generar un sobrecoste acumulado de unos 3.800 millones de euros entre 2026 y 2033. Las propietarias y el sector nuclear cuestionan esas previsiones y defienden la estabilidad que aporta la central al sistema.
El Ministerio deberá pronunciarse durante las próximas semanas y el parón de agosto no detendrá el plazo. Si el Gobierno no autoriza expresamente la prórroga dentro del periodo previsto, la solicitud de las eléctricas se entenderá desestimada.
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