Las asociaciones memorialistas de Extremadura han convocado un acto de homenaje y reparación el próximo sábado 18 de abril a las 11:00 horas en el cementerio municipal de Cabeza la Vaca (Badajoz), tras la vandalización del memorial dedicado a las víctimas de la represión franquista el pasado 4 de abril. La convocatoria, impulsada por la Agrupación de Familiares local, la Asociación Comarcal Columna de los Ocho Mil y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHEx), cuenta con la colaboración del Ayuntamiento del municipio.
El ataque consistió en la destrucción de varias lápidas con los nombres de vecinos represaliados durante el franquismo. El memorial, situado en el propio cementerio, recoge los nombres de cerca de 40 víctimas y se levanta sobre el lugar donde fueron recuperados los restos de al menos 19 personas exhumadas de una fosa común tras años de investigación arqueológica e histórica.
Las entidades convocantes consideran que no se trata de un simple acto vandálico, sino de una agresión grave contra la memoria democrática. Según denuncian, el ataque supone “una humillación intolerable” para las familias y un intento de borrar nuevamente a quienes ya fueron víctimas de la represión tras el golpe de Estado de 1936. El memorial, construido tras intervenciones iniciadas en 2011, se había convertido en un espacio de reconocimiento y reparación.
Desde el punto de vista legal, los hechos podrían vulnerar la Ley de Memoria Democrática, que obliga a proteger estos espacios, así como encajar dentro de un delito de odio. La denuncia ya ha sido trasladada a la Fiscalía de Memoria Democrática de la provincia de Badajoz, mientras la Guardia Civil mantiene abierta una investigación.
Ángel Olmedo, historiador de la ARMHEx declara que “esto no es romper una farola, es un delito grave”, e insiste en que el memorial “no molestaba a nadie” y cumplía una función básica: permitir a las familias recordar a sus seres queridos. “Han sido años de silencio, sin poder llevar flores, sin poder hacer un homenaje. Y ahora que por fin se tiene, ver los nombres rotos es una humillación”, señala.
La reacción en el pueblo ha sido, según los organizadores, de “indignación” y también de reafirmación. “No se les deja descansar ni muertos”, lamenta Olmedo, que advierte de que este tipo de ataques buscan “borrar los nombres de quienes ya fueron asesinados una vez”. Pese a ello, insiste en que el objetivo ahora es evitar que estos hechos se repitan y que “no quede impune”.
En octubre de 2025 el gobierno del Partido Popular y Vox en la región llegó a un acuerdo para la derogación de la normativa autonómica de memoria democrática, lo que, según denuncian colectivos memorialistas, ha generado una mayor sensación de desprotección de estos espacios. En este sentido, desde las asociaciones advierten de que decisiones políticas de este tipo pueden contribuir a un clima que favorezca este tipo de ataques, aunque insisten en que corresponde a la investigación determinar las responsabilidades concretas.
El acto del 18 de abril incluirá la lectura pública de los nombres de las víctimas, intervenciones de familiares y asociaciones, así como una ofrenda floral. Será, según destacan las entidades convocantes, un gesto de reparación simbólica y un recordatorio de que la memoria democrática es una cuestión de derechos humanos. “Nos obligaron al silencio durante muchos años y no podemos volver a ese silencio”, concluye el historiador Ángel Olmedo.
