El periódico 'El País' ha desvelado en exclusiva que la empresa que formalizó la compra del ático de lujo de Chamberí, Planifica Madrid, para la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso, poseía una oficina vacía de 478 metros cuadrados. Asismismo, estaba situada junto a Plaza de Castilla. Esta nueva información vuelve a poner en duda las explicaciones que ha aportado el Ejecutivo madrileño, quienes señalaron que la adquisición del inmueble se llevaba a cabo para albergar, de forma temporal, las oficinas de la Real Casa de Correos, mientras se encuntraba en obras.
A esta información se le suma la publicada por 'ElPlural.com' que revela que el inmueble tenía abierto un expediente de disciplina urbanística que impidió a su anterior propietaria realizar obras en 2014 y 2015 y recoge además unas reformas en la terraza que, según 'laSexta', se ejecutaron sin declarar al Ayuntamiento
El ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid para ser utilizado como oficina por Isabel Díaz Ayuso acumula problemas urbanísticos desde hace décadas. Según publica este martes ElPlural.com, el inmueble, situado en el paseo del General Martínez Campos y comprado por Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, arrastra un expediente de disciplina urbanística abierto desde 1964, con reformas posteriores que no contarían con licencia.
El medio asegura haber tenido acceso a una resolución de la Junta de Distrito de Chamberí que en 2015 ordenó a la entonces propietaria, la escritora Astrid Gil-Casares, abstenerse de ejecutar unas obras de acondicionamiento en la vivienda. El documento identifica la dirección del inmueble y constata que las actuaciones pretendidas no podían llevarse a cabo debido a la situación urbanística del ático.
El expediente del ático se atrinchera tras un burofax
El PSOE de Madrid ha denunciado que Planifica Madrid ha rechazado facilitar a una diputada socialista el expediente completo de la compra del ático de Chamberí adquirido por 6,3 millones de euros por la empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia. La documentación fue solicitada por la diputada regional Tatiana Jiménez, que recibió como respuesta un burofax–según traslada 'Público'–en el que se le indica que debe tramitar su petición a través de la Asamblea de Madrid.
La parlamentaria socialista había reclamado el expediente el pasado 6 de agosto, después de que trascendiera la operación inmobiliaria y la posterior decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de poner el inmueble a la venta. Planifica Madrid sostiene que las solicitudes de información dirigidas al Ejecutivo autonómico deben canalizarse mediante los procedimientos parlamentarios. El PSOE, por su parte, cuestiona la operación y considera que el inmueble, que iba a utilizarse temporalmente como despacho de Ayuso durante las obras de la Real Casa de Correos, es un “piso de lujo” que no contaría con la habilitación necesaria para funcionar como oficina.
La adquisición del ático se produjo en abril y no fue comunicada públicamente en ese momento. La operación salió a la luz el 29 de julio y, al día siguiente, la Comunidad anunció que vendería la vivienda, fijando un precio de salida de 6,69 millones de euros y comprometiéndose a destinar los fondos obtenidos a la recuperación de las zonas afectadas por los incendios de este verano en la Sierra Oeste madrileña.
La polémica continúa después de que Ayuso volviera a evitar ayer dar explicaciones sobre la compra. Preguntada durante su visita a San Martín de Valdeiglesias, la presidenta madrileña optó por zanjar el asunto con la expresión “Está en venta, chao pescao”. Sus palabras llegan además después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconociera que conocía desde abril que el Ejecutivo autonómico estaba buscando un espacio para trasladar temporalmente sus oficinas mientras se realizaban las obras en la sede de la Presidencia madrileña.
Ayuso cercada una vez más ante la justicia
Un abogado ha presentado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo una denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por hechos que, a su juicio, podrían ser constitutivos de un delito de cohecho pasivo impropio del artículo 422 del Código Penal, en relación con los gastos de su viaje a México entre el 2 y el 11 de mayo de 2026. El escrito no formula una imputación penal definitiva, sino que solicita al Ministerio Fiscal que abra diligencias para esclarecer quién pagó los servicios de transporte, alojamiento, desplazamientos internos y manutención asociados al viaje y en qué concepto se recibieron.
La denuncia pone el foco en la diferencia entre los gastos publicados por la Comunidad de Madrid correspondientes a Ayuso y los declarados por otros integrantes de la delegación. Según el escrito, tres altos cargos que realizaron el mismo desplazamiento declararon conjuntamente 14.847,78 euros en transporte, alojamiento y manutención. En cambio, el Portal de Transparencia únicamente recoge para Ayuso 623,28 euros, correspondientes a dos apuntes contables vinculados al uso de la sala de autoridades de la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El denunciante destaca que no aparece ningún gasto de avión, alojamiento durante las nueve o diez noches, desplazamientos internos por México ni manutención.
El abogado considera especialmente relevante que el viaje fuera presentado por el Ejecutivo madrileño como institucional y de promoción exterior de la Comunidad de Madrid. A su juicio, esta consideración implica que Ayuso se desplazó "en ejercicio del cargo y no a título privado" y que, de haberse recibido prestaciones de un tercero, estas lo habrían sido "en condición de autoridad y no de particular". Precisamente por ello sostiene que es necesario determinar quién asumió los costes que no aparecen imputados a la Administración madrileña.
La denuncia también cuestiona la explicación ofrecida por la Comunidad de Madrid sobre el tramo final del viaje. El Gobierno regional sostuvo que Ayuso había sido invitada por los organizadores de los Premios Platino, cuya gala estaba prevista para el 9 de mayo en la Riviera Maya. Sin embargo, el escrito recuerda que el Grupo Xcaret reconoció posteriormente que había solicitado a los organizadores retirar la invitación y que Ayuso finalmente no acudió a la gala. Para el denunciante, esto plantea dudas sobre quién costeó su estancia durante los últimos días del viaje: "La determinación de este extremo constituye el núcleo de la investigación que se interesa".
El escrito subraya además que la retirada de la invitación se produjo antes de la celebración del evento y que Ayuso regresó a España el 10 de mayo, llegando a Madrid el día 11. Por ello, sostiene que la invitación de los Premios Platino "no puede explicar por sí sola la totalidad del desplazamiento" y apunta a que, durante el tramo final, la presidenta habría permanecido en México "sin título institucional o protocolario conocido", mientras sus gastos tampoco fueron asumidos por la Comunidad de Madrid, según la documentación y las manifestaciones públicas citadas en la denuncia.
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