La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha amenazado este martes con llevar a los tribunales los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno. Ha asegurado que utilizará "todos los instrumentos jurídicos" a su alcance para preservar la propiedad privada si las normas son convalidadas por la Diputación Permanente del Congreso. El anuncio llega cinco días después de que el Pleno rechazara los anteriores textos con los votos del PP, la ultraderecha Vox y Junts.
Ayuso ha hablado ante empresarios reunidos en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Allí ha calificado de "trampa" la decisión del Ejecutivo de someter los decretos a la Diputación Permanente, el órgano que mantiene la actividad parlamentaria tras la disolución de las Cortes. Según la presidenta, recurrir a esa vía supondría actuar a espaldas del Congreso y de la Constitución. Todavía no ha concretado qué impugnaría ni ante qué tribunal.
La Constitución, sin embargo, atribuye expresamente a la Diputación Permanente las funciones del Congreso respecto de los decretos ley cuando la Cámara está disuelta. El Reglamento de la Cámara establece que puede debatir y votar su convalidación o derogación. Esa competencia no resuelve por adelantado cualquier posible controversia sobre el contenido de las medidas, pero desmiente que llevar los textos a ese órgano sea, por sí mismo, un procedimiento ajeno a la Constitución.
Ayuso coloca la propiedad en el centro del choque
El Consejo de Ministros ha recuperado este martes dos decretos con 21 medidas de vivienda y algunos cambios respecto de los rechazados el viernes. El principal incluye protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler, reglas contra el fraude en los arrendamientos de temporada y por habitaciones y límites a ciertas compras especulativas de viviendas. También incorpora préstamos para facilitar la compra de una primera casa y financiación para ampliar la oferta asequible. El segundo texto aborda la renovación automática de los contratos de alquiler.
Ayuso ha defendido que la vivienda es "la hucha" de las clases medias y ha acusado al Gobierno de promover una "lucha de clases". Su intervención ha presentado las medidas de protección a los inquilinos como una amenaza para quienes poseen una casa, aunque el paquete también incluye incentivos fiscales para propietarios que reduzcan el alquiler y mecanismos de apoyo a la construcción. La presidenta ha llegado a pedir que desaparezca de España la "capota comunista".
La invocación de la Constitución merece atender a sus dos artículos sobre esta cuestión. El 33 reconoce la propiedad privada y señala que su función social delimita su contenido. El 47 encomienda a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna e impedir la especulación. Cualquier recurso deberá discutir las medidas concretas y sus límites legales.
La cifra de vivienda protegida que tampoco sostiene su discurso
La ofensiva de Ayuso coincide con una nueva comprobación de los resultados que utiliza para defender su gestión. El lunes afirmó que en Madrid se construye la mitad de la vivienda pública protegida de España. Según los datos de viviendas protegidas finalizadas que ha revisado 'Newtral', la región representó el 29,6% del total en 2025 y el 21,6% en el primer trimestre de 2026. La afirmación de la presidenta toma como referencia una proporción que no se corresponde con los últimos periodos disponibles. Además, vivienda protegida finalizada y vivienda pública de titularidad administrativa son conceptos distintos.
La votación de los nuevos decretos tendrá también dos resultados previsiblemente distintos. El Partido Nacionalista Vasco ha confirmado esta tarde que apoyará el texto principal, con las medidas frente a los desahucios y la especulación, y que rechazará el segundo, dedicado a la renovación automática de los alquileres. La composición de la Diputación Permanente da al primer decreto una mayoría que el Gobierno no consiguió el viernes en el Pleno.
Ayuso ya ha anunciado su intención de combatir jurídicamente esa convalidación si llega a producirse. Tendrá que identificar entonces el motivo concreto del recurso. La facultad de la Diputación Permanente para votar decretos ley figura en la propia Constitución que la presidenta dice defender.
