La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves la actividad profesional de su pareja, Alberto González Amador, y ha rechazado que exista cualquier vínculo entre sus negocios y la Administración autonómica. Durante un desayuno informativo organizado por '20 Minutos', ha asegurado que el empresario desarrolla su actividad desde hace más de quince años y ha enmarcado la investigación judicial que le afecta en un intento del Gobierno de equiparar su situación con las causas que afectan al entorno de Pedro Sánchez.
González Amador tiene pendiente de fecha un juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 350.000 euros, además de una pieza separada que investiga una presunta corrupción en los negocios, vinculada a la compra de una empresa de estética a la esposa del presidente de Quirón Prevención. Ante esto, Ayuso ha insistido en que su pareja "no tiene contratos con la Comunidad de Madrid", que no utiliza instalaciones del Gobierno autonómico para sus negocios y que ningún negocio suyo ha sido elegido en el Consejo de Gobierno. En ese contexto, ha contrapuesto la situación de su pareja con la de "otros casos" investigados por la Justicia y ha asegurado que "no tiene joyas por el mundo".
La dirigente madrileña también ha destacado que esta misma semana González Amador apoyó que se atendieran los requerimientos de la Fiscalía relacionados con su información tributaria. A su juicio, ese paso evidencia su voluntad de colaborar con la investigación abierta, mientras ha lamentado que el procedimiento haya marcado buena parte de su relación personal. "Llevo así el 80 % de mi relación, con este asunto", ha afirmado.
Críticas a la política migratoria del Gobierno
Ayuso ha aprovechado también su intervención para cargar contra la "ley de nietos" y la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por el Gobierno, medidas que, a su juicio, buscan "importar pobreza e importar votantes". Frente a ese modelo, ha defendido una alternativa basada en "importar personas" con "igualdad de oportunidades" para todos, y ha reprochado la rapidez y las que definió como "formas chapuceras" en la tramitación de ambas normas, tras "ocho años" en los que, según denuncia, el Gobierno "no ha hecho absolutamente nada" ni por los inmigrantes, ni por la integración, ni por los servicios públicos.
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