El magistrado Antonio Viejo que investiga el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por un presunto delito de corrupción en los negocios, solo ha permitido que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tenga acceso a las cuentas de Amador–19 cuentas bancarias– y del resto de investigados–90 del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino y de su esposa, Gloria Carrasco–pero ha negado que los agentes puedan consultar la información tributaria y los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, algo que aseveran es “indispensable”.
En este sentido, la UCO ha respondido al auto del juez del 10 de junio señalando, según ha avanzado la 'Cadena SER', la importancia de disponer de la información de la Agencia Tributaria relativa a las personas físicas y jurídicas presuntamente vinculadas a los hechos investigados. A su juicio, el acceso simultáneo a la documentación fiscal y bancaria resulta "indispensable" para reconstruir con precisión la actividad económica analizada.
Según exponen en su informe, ambos tipos de documentación son complementarios y deben examinarse de manera conjunta para identificar posibles incoherencias, detectar movimientos económicos no declarados y contextualizar adecuadamente las operaciones financieras realizadas. Solo mediante ese análisis cruzado, añaden, es posible apreciar las "similitudes" y "diferencias" entre los distintos registros y localizar eventuales "flujos no declarados" o incompatibles con la realidad económica de los investigados.
Asimismo, la UCO advierte de que la falta de acceso a datos fiscales limita de forma significativa su capacidad para completar el informe requerido. Los investigadores sostienen que esa información es clave para determinar si los beneficios obtenidos de las supuestas actividades ilícitas pudieron haber sido transformados o encubiertos con el objetivo de ocultar su procedencia, así como para comprobar si se produjo un "incremento desmedido" del patrimonio de los investigados o de personas de su entorno cercano.
La postura de la UCO ha sido respaldada por la Fiscalía, que ha incorporado este informe —remitido al juzgado el pasado 17 de junio— a un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial. El Ministerio Público solicita que se revoque la decisión del magistrado y se autorice el acceso de los investigadores al conjunto de la documentación requerida para avanzar en las pesquisas.
Los obstáculos en la investigación patrimonial
La investigación sobre el patrimonio de Alberto González Amador ha estado marcada por retrasos en la tramitación judicial. En junio de 2025, la entonces titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la elaboración de un informe para analizar posibles incrementos patrimoniales relacionados con los hechos que se investigan en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios. Sin embargo, tras la jubilación de la magistrada y la llegada de Antonio Viejo al frente del juzgado en octubre, la orden no llegó a la UCO hasta noviembre.
PSOE y Sumar piden ampliar la investigación
La acusación popular ejercida por el PSOE y Más Madrid ha solicitado al juez Antonio Viejo nuevas diligencias en la pieza separada que investiga a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Entre las peticiones figura la investigación de Quirón Prevención como persona jurídica por su presunta participación en los delitos fiscales que se analizan en la causa.
La solicitud se apoya en los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria, que, según la acusación popular, apuntan a indicios que justificarían que una de las empresas de González Amador habría facturado a Quirón Prevención por unos servicios que, presuntamente, no estaba en condiciones de prestar al carecer de los medios necesarios para ello.
El escrito también reclama que Fernando Camino, director general de Quirón Prevención, y Gloria Carrasco, su esposa, sean investigados por presuntos delitos fiscales y falsedad documental. Para las dos formaciones, las operaciones que se analizan en esta pieza separada no pueden desvincularse del procedimiento principal, ya que, según sostienen, forman parte de un mismo entramado,“todo está unido y conectado de manera indiscutible" han defendido.
La acusación popular ha reiterado su petición para que Fernando Camino sea investigado, pese a que hasta el momento no ha sido citado a declarar. El directivo figura entre los nombres que aparecen vinculados a la operación de compraventa de mascarillas con la que González Amador obtuvo cerca de dos millones de euros, y que, posteriormente, el empresario adquirió una empresa de Gloria Carrasco, esposa de Camino, en una operación que relacionan con el supuesto pago de una comisión de medio millón de euros. La acusación también solicita que el juzgado requiera a Quirón Prevención documentación sobre la política y composición de su Comité de Riesgos, sus relaciones con proveedores, el Código de Conducta de la empresa y la investigación interna abierta tras las revelaciones publicadas sobre González Amador.
PSOE y Más Madrid aseguran que han presentado cinco escritos desde el 5 de mayo de 2018 solicitando diligencias que, según sostienen, todavía no han recibido respuesta. En el último de ellos advierten de que “el proceso está estancado” y alertan de que esa situación está dificultando el avance de la investigación.
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