La polémica en torno al ático de lujo adquirido por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros ha sumado esta semana nuevos elementos que vuelven a poner en cuestión las explicaciones ofrecidas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En apenas unos días se han conocido nuevos detalles sobre la búsqueda del inmueble, se ha denunciado el bloqueo del expediente por parte de Planifica Madrid y, ahora, la propietaria de la vivienda ha dado su autorización para que se hagan públicos los detalles de la operación.
La última información, adelantada este viernes por 'El País', señala que la empresaria y escritora Astrid Gil-Casares ha aceptado por escrito que puedan difundirse los datos de la compraventa. La noticia ha sido también corroborada por David Fernández, biógrafo no autorizado de Ayuso, en ‘Mañaneros 360’ de TVE, y había sido adelantada por el periodista Ernesto Ekaizer.
Este permiso resulta relevante porque Planifica Madrid, la empresa pública que gestionó la adquisición, había utilizado hasta ahora la existencia de terceros como argumento para no facilitar documentación relacionada con la operación. Según había trasladado a Transparencia, el expediente afectaba a otras personas y era necesario contar con su autorización antes de poder hacerlo público.
Ahora, con el visto bueno de la propietaria, esa limitación podría desaparecer y Transparencia tendría vía libre para facilitar información sobre una compra que la Comunidad de Madrid mantuvo fuera del conocimiento público hasta que trascendió el pasado 29 de julio.
La propia Gil-Casares había quedado vinculada a un acuerdo de confidencialidad durante la operación, lo que le impedía pronunciarse sobre determinados aspectos de la compraventa. Después de que la adquisición saliera a la luz, explicó que no podía hablar sobre “las circunstancias de la operación” y afirmó: “En cualquier caso, desconozco por completo el destino que se pretendía dar a dicho inmueble”.
Los requisitos que ponen en cuestión la versión de las "oficinas"
La autorización de la vendedora llega después de que 'El País' desvelara cómo se inició la búsqueda del inmueble que acabaría comprando Planifica Madrid. De acuerdo con esta información, entre enero y marzo el Gobierno de Ayuso habría trasladado a una inmobiliaria especializada en viviendas de lujo las características que debía reunir la propiedad.
La explicación oficial situó el origen de la operación en la necesidad de disponer temporalmente de un espacio para las “oficinas” del Ejecutivo mientras se desarrollaban las obras de la Real Casa de Correos. Sin embargo, las condiciones comunicadas a la inmobiliaria establecían la búsqueda de una vivienda de “entre 250 y 400 metros cuadrados y una gran terraza”.
El ático que finalmente adquirió la empresa pública encajaba en buena medida en esas características. El inmueble dispone de 485 metros cuadrados y cerca de 200 metros de terraza y llevaba anunciado desde el 31 de enero por 6,6 millones de euros. Finalmente, la operación se cerró por 6,3 millones.
Según fuentes próximas a la operación citadas por 'El País', un alto cargo de Planifica Madrid contactó entonces con la agencia inmobiliaria que comercializaba la vivienda a través de un anuncio publicado en internet. La compañía llegó a presentar a los responsables públicos al menos otras dos propiedades, ambas de menor precio, pero fueron descartadas.
Estos datos vuelven a colocar bajo el foco la explicación de la Comunidad de Madrid sobre el supuesto destino del ático y el proceso que llevó a la Administración autonómica a decantarse finalmente por una vivienda de estas características.
Planifica Madrid bloquea al PSOE el acceso al expediente
A las nuevas informaciones sobre la búsqueda del inmueble se suma la denuncia formulada esta semana por el PSOE de Madrid. Los socialistas han acusado a Planifica Madrid de impedir a una diputada regional acceder al expediente completo de la operación.
La solicitud había sido presentada por la parlamentaria socialista Tatiana Jiménez el pasado 6 de agosto, pocos días después de que trascendiera la compra. Sin embargo, según denunció el PSOE y publicó 'Público', Planifica Madrid respondió mediante un burofax en el que señalaba que la petición debía tramitarse a través de la Asamblea de Madrid.
Los socialistas han utilizado este episodio para denunciar una “falta de transparencia” en torno a la compra del ático, una operación realizada por una empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia.
El PSOE también cuestiona que el inmueble pudiera funcionar como oficina y sostiene que se trata de un piso de lujo que no dispondría de la habilitación necesaria para ese uso. La Comunidad, por su parte, había defendido que la vivienda serviría temporalmente para el Ejecutivo durante las obras de la sede presidencial.
La polémica se intensificó después de que se conociera que la Comunidad había decidido poner el ático a la venta. La operación se formalizó en abril y no fue comunicada públicamente entonces. Tras salir a la luz el 29 de julio, el Gobierno madrileño anunció al día siguiente que vendería el inmueble por un precio de salida de 6,69 millones de euros y que destinaría los fondos obtenidos a recuperar las zonas afectadas por los incendios de este verano en la Sierra Oeste.
El Gobierno de Ayuso esquiva las explicaciones
Mientras se acumulan las informaciones sobre la operación, Ayuso ha optado por no entrar en el fondo de las críticas. Durante su visita a San Martín de Valdeiglesias, la presidenta madrileña volvió a evitar responder a las preguntas sobre la compra y zanjó la polémica con un “Está en venta, chao pescao”.
Tampoco el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Ángel García Martín, ofreció explicaciones sobre la operación cuando fue preguntado por la decisión de Planifica Madrid de no facilitar el expediente. En lugar de ello, acusó a la izquierda de intentar utilizar la polémica para “tapar, o tratar de tapar, mejor dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país”.
Martín dirigió después sus críticas hacia Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y llegó a acusar al presidente del Gobierno de ser “un traidor a España y a los españoles” por estar “descansando en la Residencia de la Mareta, mientras que Ceuta era invadida”.
La polémica llega además después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reconociera que conocía desde abril que el Gobierno de Ayuso buscaba un espacio para trasladar temporalmente sus oficinas durante las obras de la sede de la Presidencia.
Con la autorización de la propietaria para hacer públicos los detalles de la operación, los requisitos trasladados a la inmobiliaria y el bloqueo denunciado por el PSOE, la compra del ático afronta una nueva semana marcada por las dudas sobre su gestión, su destino y el nivel de transparencia con el que se ha desarrollado toda la operación.
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