Decenas de miles de pensionistas marchan en Madrid contra los recortes y la privatización: "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden"

Decenas de miles de personas han recorrido este sábado el centro de Madrid para defender las pensiones públicas y exigir prestaciones suficientes para vivir con dignidad. La manifestación ha reunido a 25.000 asistentes, según la Delegación del Gobierno, y a 50.000, según la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). La protesta llega a cinco semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, con una advertencia dirigida al conjunto de los partidos. "Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden".

Pensionistas llegados de distintos puntos de España han partido de Atocha al mediodía y han avanzado hasta la calle Alcalá, a la altura del metro de Sevilla. "Subida de salarios y pensiones con el IPC real. Ni privatización ni recortes en servicios públicos", reclamaba la pancarta de cabecera. Entre las proclamas se han escuchado "la lucha es el único camino" y mensajes de apoyo a quienes se movilizan por una vivienda digna.

Las organizaciones convocantes exigen equiparar la pensión mínima al salario mínimo, cerrar la brecha de género y eliminar las penalizaciones por jubilación anticipada para quienes han cotizado 40 años o más. También reclaman una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social y rechazan el impulso de los fondos privados de pensiones. La movilización reúne así la defensa de los derechos conquistados y demandas pendientes que los colectivos mantienen ante el Gobierno.

Pensionistas e inquilinas unen sus reivindicaciones

La participación del movimiento por la vivienda ha reforzado el carácter intergeneracional de la protesta. Representantes del Sindicato de Inquilinas y de colectivos por la sanidad y la educación públicas han acompañado a los pensionistas. "Ni casas sin gente, ni gente sin casas", se ha coreado durante un recorrido que ha terminado cerca de la acampada de la Puerta del Sol.

La alianza conecta problemas que afectan tanto a jubilados como a trabajadores jóvenes. Un alquiler que absorbe una parte creciente de los ingresos reduce el alcance de cualquier mejora salarial o de las pensiones. A su vez, los salarios y la calidad del empleo determinan las cotizaciones que sostienen el sistema de reparto. Los convocantes sitúan esa relación en el centro de su respuesta a los discursos que enfrentan a jóvenes y mayores.

La marcha también exige que la protección legal se traduzca en poder adquisitivo suficiente. Las pensiones contributivas se han revalorizado un 2,7% con carácter general en 2026, conforme a la fórmula vinculada al IPC medio interanual. Los colectivos reclaman mejoras adicionales para las prestaciones bajas y consideran que el encarecimiento de gastos esenciales sigue dejando a muchos hogares en dificultades.

El debate ha entrado de lleno en la precampaña tras las declaraciones de dirigentes del PP y de la ultraderecha Vox sobre la sostenibilidad del sistema. Sánchez ha defendido este sábado en Granada su política de pensiones, mientras Feijóo reivindica su compromiso de garantizarlas y Abascal promete sostenerlas con rebajas fiscales y recortes de gasto. La movilización recuerda que las promesas electorales tendrán que responder a demandas concretas sobre ingresos, jubilación y servicios públicos.

Ada Colau propone jubilación a los 65 y una pensión mínima igual al SMI

Ada Colau ha acudido a la manifestación junto a otros representantes del Frente Amplio, entre ellos Pablo Bustinduy y Emilio Delgado. La candidata a la Presidencia ha planteado recuperar de manera efectiva la jubilación a los 65 años y garantizar que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo, situado actualmente en 1.221 euros mensuales en 14 pagas. "Lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo que el SMI", ha defendido.

Frente Amplio estima el coste de ambas medidas en unos 20.000 millones de euros anuales, aproximadamente 10.000 millones por propuesta. La coalición plantea financiarlas mediante una mayor tributación de grandes empresas y fortunas, la eliminación progresiva del tope máximo de cotización y aportaciones adicionales de las empresas más automatizadas. Son las previsiones económicas que presenta el espacio para acompañar sus compromisos electorales.

El cambio en la edad de retiro afectaría a quienes hoy deben prolongar su vida laboral por no alcanzar el periodo exigido. En 2026, la jubilación ordinaria a los 65 años requiere al menos 38 años y tres meses cotizados. Para quienes quedan por debajo de ese umbral, la edad ordinaria es de 66 años y diez meses.