La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado este lunes la denuncia contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la financiación de su viaje institucional a México del pasado mayo. El Ministerio Público no aprecia indicios objetivos de cohecho en los hechos denunciados. El decreto deja sin resolver el origen de la polémica sobre las cuentas del desplazamiento, del que únicamente figuraban dos pagos por utilizar la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas.
"Los hechos relatados no presentan, en el estado en que han sido denunciados, caracteres de delito", señala la resolución. La fiscal sostiene que la falta de información pública y las diferencias entre los gastos declarados no acreditan por sí solas un pago de terceros con relevancia penal. Tampoco encuentra elementos que permitan identificar un regalo, a quien lo habría ofrecido o su aceptación consciente por parte de Ayuso en consideración a su cargo.
La denuncia fue presentada el 21 de agosto por Francisco Javier Flores Vaquerizo y aludía al artículo 422 del Código Penal, que castiga la aceptación de regalos ofrecidos a una autoridad por razón de sus funciones. El escrito planteaba que alguien ajeno a la Administración hubiera asumido parte del viaje y mencionaba como hipótesis a entidades relacionadas con los Premios Platino. La Fiscalía considera que esa posibilidad carece de indicios objetivos suficientes.
El denunciante solicitaba 23 grupos de actuaciones, entre ellas facturas, reservas aéreas y hoteleras, comunicaciones, información económica y declaraciones de testigos. La fiscal rechaza emprender una investigación general para descubrir si existió un delito a partir de las lagunas informativas. También considera desproporcionadas algunas de las diligencias, que afectaban a datos bancarios y tributarios de terceros y a relaciones de otros ejercicios.
Dos pagos en Barajas y el resto sin detallar
La documentación que originó la denuncia recogía 623,28 euros a nombre de Ayuso. De ellos, 220,89 correspondían al uso de la sala de autoridades de la Terminal 4 el 2 de mayo y otros 402,39 al mismo servicio el día 11. Esas anotaciones dejaban fuera los billetes de avión, el alojamiento, las comidas y los desplazamientos durante la estancia en México.
El contraste apareció con las declaraciones de tres integrantes de la comitiva. El consejero de Cultura, Mariano de Paco; la directora general de Turismo y Hostelería, Laura Martínez Cerro; y el director de Gestión de los Teatros del Canal, Ruperto Merino Solís, declararon conjuntamente 14.847,78 euros en gastos. Sus diferentes funciones y recorridos impiden utilizar esa suma para calcular el coste del viaje de la presidenta, aunque sus hojas sí recogían partidas habituales de transporte, hoteles y manutención.
Ayuso respondió en agosto con una interpretación restrictiva de la información que podía facilitar. "Uno solo puede publicar los gastos que son imputables a la Administración", afirmó en Villa del Prado. Añadió que los desembolsos ajenos a las cuentas autonómicas no podían publicarse porque no eran propios. Aquella respuesta dejó pendiente identificar quién había asumido los conceptos que no figuraban en su declaración.
El Gobierno regional había presentado el desplazamiento como una visita institucional para reforzar los vínculos económicos y culturales con México. La agenda anunciada incluía reuniones empresariales, actividades en Aguascalientes y la asistencia a los Premios Platino en la Riviera Maya. El decreto de archivo examina la existencia de indicios penales en la denuncia, sin reconstruir la financiación de cada parte del viaje.
El boicot que Ayuso atribuyó a Sheinbaum
La gira también estuvo marcada por el enfrentamiento con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y por las protestas contra la defensa de Hernán Cortés que hizo Ayuso. El 8 de mayo, el Ejecutivo madrileño anunció la cancelación del tramo final de la agenda, incluido el desplazamiento a Monterrey y la asistencia a la gala de los Premios Platino, alegando un "clima de boicot" del Gobierno mexicano.
Las explicaciones sobre la financiación tampoco fueron uniformes. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, sostuvo al regreso que los viajes internacionales se pagaban con los presupuestos correspondientes. Días antes, su Gobierno había señalado que la invitación de los organizadores de los premios incluía la estancia de la delegación en la Riviera Maya.
La propia Ayuso se negó después a identificar parte de sus interlocutores durante la visita. El 9 de junio justificó que no revelaría "a qué medios o a qué empresarios vi para que les sigan persiguiendo", en referencia al Gobierno de Sheinbaum. La presidenta emprendió el regreso el domingo 10 de mayo y aterrizó en Madrid el lunes 11.
