El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vuelve a quedarse sin comprador para el ático de lujo que adquirió por 6,3 millones de euros de dinero público en Chamberí. El segundo plazo para presentar ofertas terminó el miércoles 21 de octubre sin que nadie se interesara por comprarlo en las condiciones exigidas. La vivienda pasa ahora a oferta pública permanente, una fórmula que permite mantenerla en venta indefinidamente sin publicar nuevas convocatorias.
La documentación del procedimiento recoge que no se ha presentado ninguna oferta y que la mesa ha acordado proponer que el proceso se declare desierto. El pliego ya contemplaba que, al terminar el plazo sin adjudicación, la venta continuase abierta hasta encontrar comprador o hasta que Planifica Madrid, la empresa pública propietaria del inmueble, decidiera retirarla.
Las condiciones económicas se mantienen. El precio mínimo sigue siendo de 6.694.201 euros, sin incluir los impuestos de la compraventa, y las propuestas deberán igualar o superar esa cantidad. El pliego establece revisiones de las ofertas en periodos de quince días y da prioridad al mejor precio; si hay empate, tendrá preferencia la propuesta presentada antes.
El primer intento de venta se abrió el 7 de agosto y terminó el 7 de septiembre, también sin ofertas. Planifica Madrid publicó la segunda convocatoria el 21 de septiembre, con otro mes para recibir propuestas. En cambio, el edificio de Gran Vía 6, que salió al mercado en el primer proceso junto al ático, sí fue adjudicado a Cartesón, S.L. por 11.850.010 euros.
Las versiones sobre la polémica compra
La operación comenzó en abril, cuando Planifica Madrid, adscrita a la Consejería de Presidencia, compró la vivienda del paseo del General Martínez Campos, 35. El ático, de unos 485 metros cuadrados, fue presentado inicialmente como una oficina temporal para la presidenta durante las obras de la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo regional en la Puerta del Sol. Sin embargo, su uso urbanístico era residencial, lo que impedía destinarlo a oficinas en los términos anunciados.
Después llegaron otras explicaciones. En septiembre, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Miguel Ángel García Martín, defendió que se buscaba un inmueble institucional con espacio de trabajo, descanso y "alojamiento ocasional" para autoridades que visitaran Madrid o para las propias autoridades autonómicas. La Comunidad ha negado que se comprara como residencia oficial de Ayuso, que visitó la vivienda después de su adquisición.
El proyecto incluía además que la Administración regional alquilara el ático a su propia empresa pública por 3.000 euros al mes, 36.000 al año. Ese contrato acabó anulado para intentar vender el inmueble tras conocerse la compra a finales de julio. La Intervención Delegada de Hacienda advirtió de que el expediente no desarrollaba suficientemente la necesidad e idoneidad de la operación ni la comparación con otros inmuebles, aunque emitió un informe favorable que permitió continuar la tramitación.
La publicación de un dosier de más de 200 páginas tampoco despejó quién impulsó la búsqueda ni por qué se eligió ese ático. Son dos de las cuestiones que han llevado a la oposición a reclamar explicaciones sobre la adquisición y los controles aplicados antes de desembolsar los 6,3 millones. Ahora, después de dos intentos fallidos de venta, la vivienda continúa en el patrimonio de Planifica Madrid.
Las denuncias y el nuevo despacho
El segundo fracaso comercial se conoce en la misma semana en la que la Comunidad ha pedido al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias del PSOE y Más Madrid. El órgano fiscalizador había solicitado el criterio de la Fiscalía, del Ejecutivo autonómico y de Planifica Madrid antes de decidir si procede nombrar a un instructor para examinar un posible perjuicio a los fondos públicos. Los socialistas también han reclamado que se investigue la actuación del consejero delegado de la empresa, Pedro Corbalán.
El Gobierno regional sostiene que la compra "se ajusta plenamente a la legalidad" y que "no supone un deterioro económico" para las arcas públicas. Defiende que Planifica Madrid actuó dentro de sus competencias y que el precio se correspondía con la tasación de mercado. En la vía penal, la jueza que recibió las denuncias en Madrid pidió a la Fiscalía que informara sobre la competencia del juzgado; por separado, la Fiscalía del Supremo archivó en septiembre las denuncias de tres particulares contra Ayuso al considerar insuficientes los elementos aportados para atribuirle delitos.
Mientras trata de vender la vivienda, el Ejecutivo ha encontrado una alternativa para el despacho de la presidenta en dependencias del Canal de Isabel II. El martes, su entorno vinculó la búsqueda de otra ubicación con las condiciones de seguridad en Sol por la acampada por la vivienda. Un día después, García Martín atribuyó el traslado a las obras y a los trabajos de mantenimiento de la sede presidencial.
La disponibilidad de esas instalaciones públicas ha llevado a la oposición a preguntar por qué se compró un ático de 6,3 millones si existían otras alternativas. El consejero respondió que se había buscado un inmueble para distintas necesidades de las consejerías y para evitar ocupar edificios con trabajadores instalados. Sobre la vivienda de Chamberí, descartó recuperarla para ese traslado. "Ese inmueble está a la venta y ya no es una alternativa a ese despacho ocasional para la presidenta y su equipo", afirmó.
