Las explicaciones ofrecidas este jueves por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre el ático de lujo de Chamberí han quedado golpeadas por la documentación que el propio Ejecutivo madrileño ha decidido publicar. Mientras su consejero de Presidencia defendía en la Asamblea que la operación era completamente normal y reclamaba dimisiones a la oposición, un informe interno advertía de que la necesidad, la idoneidad y el coste del proyecto no estaban suficientemente explicados.
El documento fue firmado el 27 de julio por la interventora delegada jefa de la Consejería de Economía y Hacienda y forma parte del dosier de más de 200 páginas difundido tras la comparecencia de Miguel Ángel García Martín. Según ha revelado 'El País', la responsable consideró que el alquiler se había tramitado "sin profundizar en el estudio de necesidad, idoneidad" y otros elementos económicos esenciales.
Entre las carencias señaladas aparecían la ausencia de una comparativa con otros inmuebles similares, la escasa explicación sobre la renta y los gastos asociados y la falta de un estudio que justificara por qué aquel ático concreto era la opción adecuada. La interventora también advirtió de que no había recibido un informe técnico sobre la conformidad del uso previsto con la normativa y pidió que todo el expediente recogiera datos homogéneos sobre la superficie del inmueble.
El pronunciamiento fue favorable y sus observaciones carecían de efectos suspensivos, por lo que la tramitación pudo continuar. Esa autorización administrativa convive, sin embargo, con unas advertencias que afectan directamente al núcleo de la polémica. El Gobierno madrileño estaba dispuesto a emplear dinero público en un inmueble cuya elección y condiciones económicas no habían sido desarrolladas con suficiente detalle.
La Comunidad había acordado pagar a Planifica Madrid, la empresa pública que compró el ático por 6,3 millones de euros, una renta mensual de 3.000 euros durante diez años. El contrato incluía un periodo de carencia de 15 meses, por lo que el primer pago se habría realizado en noviembre de 2027. Dos días después de formalizar el arrendamiento, el Gobierno regional decidió dejarlo sin efecto.
El expediente golpea el relato del consejero
La documentación conocida este jueves complica todavía más la versión sostenida por Miguel Ángel García Martín en la Asamblea de Madrid. El consejero aseguró que la compra respondía a la actividad ordinaria de Planifica Madrid y que el ático serviría como complemento a las dependencias institucionales durante las obras de la Real Casa de Correos.
La memoria de necesidades publicada posteriormente apunta en otra dirección. El documento no menciona en ningún momento las obras de la sede de la Puerta del Sol y repite que la Comunidad necesitaba un inmueble de carácter residencial. También contempla una zona de descanso y alojamiento ocasional para autoridades de visita o para las propias autoridades madrileñas.
La operación comenzó en febrero con un acuerdo de confidencialidad entre Planifica Madrid y la inmobiliaria. La compra se formalizó el 14 de abril, mientras que la memoria con la que la Consejería de Presidencia justificó el alquiler llegó meses después. La Comunidad autorizó el arrendamiento el 27 de julio y la existencia del ático salió a la luz dos días más tarde.
Desde entonces, el Ejecutivo regional ha ido modificando su explicación. Primero presentó el inmueble como una oficina temporal para Ayuso durante las obras de Sol. Después negó que fuera a convertirse en una residencia oficial y este jueves ha reconocido que estaba preparado para el alojamiento ocasional de autoridades de la Comunidad de Madrid, incluida la propia presidenta.
García Martín dedicó buena parte de su comparecencia a cargar contra el "sanchismo", la oposición y Radiotelevisión Española (RTVE). Acusó a la televisión pública de haber empleado miles de horas en fabricar una "gran mentira" para ocultar la corrupción del entorno de Pedro Sánchez y su gestión de la crisis de Ceuta. También exigió a PSOE y Más Madrid que pidieran perdón a Ayuso y presentaran su dimisión.
El consejero mantuvo ese tono mientras el expediente que su Gobierno acababa de distribuir recogía dudas internas sobre la justificación del proyecto. La oposición llevaba semanas reclamando la documentación completa de la adquisición y denunciando que el Ejecutivo regional había impedido fiscalizar una operación realizada con fondos de una empresa pública.
La publicación del informe ha coincidido además con el fracaso del primer intento de venta. Ningún comprador ha presentado una oferta por los 6,7 millones de euros solicitados, después de que Planifica Madrid adquiriera el inmueble por 6,3 millones en abril. El Gobierno de Ayuso ha anunciado que mantendrá el ático en el mercado mediante un procedimiento abierto de adjudicación.
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