El PSOE de Madrid ha solicitado al Tribunal de Cuentas que investigue la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático valorado en 6,3 millones de euros en el distrito de Chamberí, al apreciar indicios de un presunto “perjuicio patrimonial” y al reclamar, entre otros extremos, que se identifique quién impulsó la operación y con qué “necesidad concreta”.
Asimismo, según ha adelantado 'El País' los socialistas también ha solicitado que se investigue a Pedro Corbalán, consejero delegado de Planifica Madrid, la empresa pública que adquirió el inmueble.
Así consta en la denuncia presentada, en la que el grupo socialista pide aclaraciones sobre cómo se fraguó la operación, si existió un acuerdo específico del consejo de administración de Planifica Madrid para aprobar la selección, el precio, las arras y la inversión, y qué controles presupuestarios, técnicos o jurídicos eran exigibles y si llegaron a activarse.
Una operación que, según el PSOE, debe quedar bajo examen
La portavoz del partido en la Asamblea, Mar Espinar, ha defendido en declaraciones remitidas a Europa Press que el objetivo es que las “opacas maniobras” para “comprarse un aticazo” no queden “impunes”.
“Que averigüe todos los tejemanejes de este chanchullo, porque frente a la dignidad de Mari Carmen y de quienes están luchando por el derecho a una vivienda, Madrid no merece la indignidad de una presidenta que puso a bailar a toda la comunidad para comprarse un casoplón”, ha sentenciado Espinar.
En el escrito, el PSOE traslada al Tribunal de Cuentas que, en la información remitida por la Comunidad de Madrid sobre la adquisición del ático —después de la comparecencia del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín—, no figuran ni un acuerdo específico del consejo de administración relativo a la compra ni un expediente previo de necesidad, ni tampoco un documento específico de control presupuestario o de fiscalización de la adquisición.
Cronología, arras y documentos pendientes de aclarar
Los socialistas incorporan una cronología de los pasos documentados, desde el acuerdo de confidencialidad del 3 de febrero de 2026 hasta el 15 de septiembre, fecha en la que se formaliza el fin del alquiler del espacio por parte de Planifica Madrid a la Comunidad de Madrid.
Para el resto de hitos no identificados —desde la autorización de la señal hasta el desembolso del coste, pasando por la decisión de iniciar las negociaciones—, el PSOE pide que se investigue quién propuso dar el paso, quién lo autorizó, quién realizó el pago, así como la fecha, la cuenta bancaria y el órgano que recibió la información.
El grupo socialista también sostiene que no tiene en su poder un documento en el que se explicite la “necesidad concreta” que justificó la decisión de compra antes del 27 de febrero, y señala que la “confección de una memoria de necesidad con fecha 2 de julio de 2026, posterior a la consumación de la compra” implicaría, a su juicio, una cobertura retrospectiva de ese desembolso.
Asimismo, cuestiona que en la documentación aportada no aparezcan acuerdos específicos del consejo de administración que respalden los distintos movimientos y reclama, sobre esta entidad, la partida o previsión de capital imputada, el estado de flujos de efectivo, la previsión de tesorería, las modificaciones presupuestarias, las autorizaciones de Hacienda o de la Consejería de adscripción, los documentos de autorización y ordenación de pagos y los asientos contables completos.
Tasación, advertencias y posible negligencia grave
El PSOE establece también el foco en que no consta la búsqueda de otros inmuebles ni una consulta de mercado, al tiempo que subraya que la tasación independiente del 13 de febrero fijó un valor 57.115 euros inferior al precio pagado, sin incluir impuestos.
“La tasación formuló advertencias acerca de discrepancias entre superficies registrales y comprobadas; de la existencia de parte de la terraza cerrada o acondicionada sin reflejo registral; de la falta de estatutos o certificación de la comunidad que permitieran conocer determinadas restricciones; y de la ausencia, en aquel momento, del certificado de eficiencia energética”, recoge el partido en la denuncia.
Los socialistas sostienen que la compra habría sido decidida y comprometida sin la información o los controles exigibles, y piden que se cuantifique cuánto “perjuicio” se ha producido tras la “utilidad obtenida” hasta que el inmueble volvió a ponerse en venta.
En su conclusión, el PSOE apunta a indicios de “negligencia graves”, entre ellos el importe “extraordinario” de la inversión, los 630.000 euros de arras y la “ausencia aparente de aprobación societaria específica”.
También menciona la “falta aparente de memoria previa de necesidad”, la ausencia de informes de “valoración de riesgos ante las arras”, las advertencias expresas de la tasación y la ausencia “aparente” de un análisis de alternativas, además de la necesidad de determinar documentalmente la cobertura económico-financiera de la inversión y los controles aplicables a una sociedad mercantil pública, así como la “posterior desaparición de la necesidad de arrendamiento y resolución del contrato, sin posesión ni uso del inmueble”.
