El polémico ático de Chamberí comprado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con 6,3 millones de euros públicos ha abierto este martes un nuevo frente institucional. El Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la denuncia por responsabilidad contable presentada por Más Madrid, que pide investigar si la operación provocó un perjuicio a las arcas autonómicas.
La vivienda fue adquirida en abril por Planifica Madrid, una empresa pública dependiente de la Consejería de Presidencia. El Ejecutivo regional aseguró que serviría como despacho temporal para Ayuso durante las futuras obras en la Real Casa de Correos, aunque el inmueble nunca llegó a utilizarse y su compra permaneció fuera del conocimiento público hasta que fue revelada por la prensa.
Apenas un día después de conocerse la operación, el Gobierno madrileño anunció que volvería a poner el ático en el mercado. El plazo para presentar ofertas terminó este lunes y todavía se desconoce si existe algún comprador dispuesto a pagar los 6.694.201 euros fijados como precio mínimo.
La admisión constituye un primer paso procesal y todavía carece de pronunciamiento sobre el fondo. El expediente pasa ahora a la Sección de Enjuiciamiento, que tendrá que decidir si abre diligencias preliminares o inicia un procedimiento de reintegro para recuperar el dinero público que pudiera haberse perdido.
Una compra sin uso y una oficina pública vacía
Las dudas sobre la necesidad del ático han aumentado después de conocerse que Planifica Madrid tenía disponible otra oficina de 478 metros cuadrados en la calle Pedro Moreno, junto a Plaza de Castilla. El espacio, dotado con siete despachos, tres baños y zonas administrativas, era apenas siete metros más pequeño que la vivienda de Chamberí.
La Consejería de Presidencia tampoco ha aclarado públicamente por qué descartó ese inmueble antes de comprar una vivienda de lujo de 485 metros cuadrados y una amplia terraza en el paseo del General Martínez Campos. A ello se suma que el uso del ático como oficina administrativa chocaba con la normativa urbanística municipal, al tratarse de una planta residencial.
Más Madrid sostiene que la factura final de la compra podría rondar los 6,68 millones de euros tras sumar cerca de 378.000 euros del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y otros gastos de notaría y gestoría. Esa cantidad prácticamente agotaría el margen respecto al precio mínimo establecido para la reventa y podría dejar pérdidas incluso aunque aparezca un comprador.
La formación ha reclamado la memoria que justificó la adquisición, las tasaciones del inmueble, el análisis de posibles alternativas, las escrituras y el acuerdo del Consejo de Administración de Planifica Madrid. Su portavoz jurídico, Hugo Martínez Abarca, ha advertido que el Ejecutivo de Ayuso tiene ahora la obligación de "entregarlo todo" antes de la comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, prevista para el 17 de septiembre.
El asunto mantiene además abierta una investigación en un juzgado de Madrid, donde PSOE y Más Madrid se han personado como acusación popular. Otra denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por el abogado Javier Flores reclama determinar quién ordenó la operación y cuánto dinero público puede haberse perdido en la compra y posterior intento de reventa.
La Mesa de Contratación abrirá este miércoles las ofertas recibidas por el ático. Hasta entonces, Planifica Madrid mantiene en secreto si alguien ha pujado por una vivienda que compró con fondos públicos, nunca utilizó y puso de nuevo en venta tras quedar expuesta la operación.
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