Más Madrid ha llevado ante el Tribunal de Cuentas la adquisición por parte de la Comunidad de Madrid de un ático en el barrio de Chamberí, al considerar que la operación podría haber provocado un menoscabo de fondos públicos. El partido reclama al organismo fiscalizador que examine todos los detalles de la compraventa y determine si existió una pérdida patrimonial para la Administración madrileña.
El inmueble fue adquirido por la empresa pública Planifica Madrid por unos 6,3 millones de euros y, pocas semanas después de hacerse pública la operación, la Comunidad anunció su intención de ponerlo a la venta por cerca de 6,7 millones. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso justificó inicialmente la compra señalando que el inmueble serviría para acoger reuniones oficiales mientras se desarrollaban las obras de la sede de la Presidencia en la Puerta del Sol.
Sin embargo, Más Madrid pone el foco tanto en el coste efectivo de la operación como en el destino previsto para la vivienda. Según sostiene en su escrito, al precio de adquisición habría que añadir impuestos y otros gastos asociados a la compraventa. La formación calcula que solo el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales habría supuesto alrededor de 378.000 euros, a lo que podrían sumarse gastos de notaría, gestoría y otros conceptos.
Con estos cálculos, el coste total de la adquisición podría situarse en torno a 6,68 millones de euros, una cantidad muy próxima al precio de venta anunciado por la Comunidad. Para Más Madrid, si finalmente se vende por esa cifra, existe la posibilidad de que se produzca una pérdida patrimonial una vez descontados los gastos vinculados a la operación.
Una compra cuya utilidad también cuestiona Más Madrid
La formación madrileña considera que el posible perjuicio económico no debe analizarse únicamente comparando el precio de compra y el de venta. También reclama determinar si la adquisición respondía realmente a una necesidad pública y si el inmueble era adecuado para el uso que anunció el Ejecutivo autonómico.
En este sentido, el partido pide que se estudie la situación urbanística del ático y que se compruebe si podía utilizarse efectivamente para actividades administrativas o como espacio de reuniones oficiales. La normativa municipal impediría destinarlo a oficinas, una circunstancia que, a juicio de Más Madrid, resulta relevante para valorar la operación.
Mónica García sostiene que el supuesto perjuicio para las arcas madrileñas va más allá de la diferencia entre ambas operaciones. La líder de Más Madrid considera que se ha producido un gasto de recursos públicos que podría haberse destinado a otras necesidades y reclama que el Tribunal de Cuentas determine si existió una pérdida económica. “Los madrileños hemos perdido dinero”, afirma García, que califica la operación de “absolutamente irregular y obsceno” y cuestiona que se hayan empleado recursos públicos en una adquisición que considera vinculada a los intereses del Gobierno de Ayuso.
Uno de los principales argumentos de la formación es la falta de información pública sobre la compraventa. Por ello, solicita al Tribunal de Cuentas que reclame a la Comunidad de Madrid toda la documentación relacionada con la adquisición.
Entre los documentos que pide incorporar a la investigación figuran el expediente completo de compra, los informes técnicos y jurídicos elaborados previamente, las escrituras y los movimientos bancarios. El objetivo, según el escrito presentado, es poder determinar si existió un perjuicio para las arcas públicas, cuál habría sido su cuantía y quiénes podrían resultar responsables.
La formación también pide que se investigue quién intervino en la operación y cuál fue exactamente el coste de la misma, incluyendo los gastos adicionales derivados tanto de la adquisición como de una eventual venta. Más Madrid reclama además que el procedimiento se tramite con carácter urgente ante la posibilidad de que la venta del inmueble dificulte el análisis de la operación. La Comunidad de Madrid anunció el pasado 7 de agosto que ponía a la venta el ático de la calle General Martínez Campos por casi 6,7 millones de euros, junto a otro inmueble situado en Gran Vía.
Varias denuncias bajo investigación
La operación acumula ya distintas iniciativas judiciales. El abogado Javier Flores fue uno de los primeros en acudir al Tribunal de Cuentas al considerar que la compra podía haber supuesto un menoscabo de fondos públicos.
Más Madrid también había anunciado previamente su intención de acudir a los tribunales, mientras que el PSOE de Madrid avanzó una denuncia ante la Fiscalía contra el consejo de administración de Planifica Madrid. La Fiscalía ha remitido ya cuatro denuncias relacionadas con la adquisición a un juzgado de Madrid.
La falta de transparencia ha sido otro de los elementos centrales de la polémica. Las solicitudes de información habían quedado parcialmente bloqueadas al afectar a datos relativos a terceros. Esta situación cambió después de que Astrid Gil-Casares, la empresaria que vendió el ático a la Comunidad de Madrid, aceptara por escrito que se difundieran los datos relacionados con la operación.
Ahora será el Tribunal de Cuentas quien deberá determinar, si entra a analizar el caso, si la compra se ajustó a la legalidad y si de ella se derivó algún perjuicio económico para las arcas públicas.
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