El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha encarecido la tasa que pagan los municipios madrileños de más de 20.000 habitantes por recibir el servicio del Cuerpo de Bomberos regional. El nuevo sistema permitirá a la Comunidad de Madrid recaudar 37,8 millones de euros adicionales durante 2026 y 2027, una factura que terminará pesando sobre los presupuestos municipales y, por extensión, sobre sus vecinos.
La medida, adelantada en exclusiva por 'Somos Madrid', de 'elDiario.es', ha comenzado a aplicarse con la primera cuota abonada en julio. La cantidad exigida por cada habitante ha pasado de 30,93 a 35 euros, una subida ligeramente superior al 13%.
El golpe resulta todavía mayor en las localidades más pobladas. Ayuso también elevó el número máximo de habitantes utilizado para calcular la tasa, que hasta ahora estaba limitado a 100.000 personas. El tope alcanza los 120.000 habitantes en 2026, subirá a 130.000 en 2027 y llegará a 150.000 desde 2028.
Una subida colocada al final de los Presupuestos
El Ejecutivo madrileño aprobó la reforma el 29 de diciembre de 2025 mediante la disposición final segunda de los Presupuestos regionales de 2026. La modificación cambió el artículo 220 de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid y alteró de una sola vez tanto el precio por vecino como el límite de población.
El resultado se nota especialmente en ciudades como Móstoles, Alcalá de Henares, Getafe o Leganés. Antes de la reforma, la factura máxima se situaba en unos 3,09 millones de euros. Cuando el nuevo tope quede plenamente implantado en 2028, los municipios más grandes podrán pagar hasta 5,25 millones anuales, cerca de 2,16 millones más.
La previsión recogida por 'Somos Madrid' sitúa los ingresos de la Comunidad por esta tasa en 76,3 millones de euros durante 2026 y 89,1 millones en 2027, frente a los 63,8 millones que ingresaba con el modelo anterior. La liquidación se dirige formalmente a los ayuntamientos, aunque su cálculo depende del número de vecinos y reduce los recursos municipales disponibles para otros servicios.
La coincidencia con los 37,8 millones que reclaman los bomberos
El incremento llega después de otro duro episodio para el Gobierno de Ayuso. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó a la Comunidad a recuperar las cantidades de una contribución especial de las aseguradoras que no fueron destinadas a inversiones reales contra los incendios entre 2019 y 2023.
El procedimiento judicial afecta a una fuente de ingresos distinta de la tasa municipal. La coincidencia está en las cifras. Los bomberos denunciantes calculan que quedaron pendientes de invertir 37,8 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que Ayuso recaudará ahora de más a través de los ayuntamientos durante los dos próximos ejercicios.
El TSJM no fijó una cifra concreta, aunque estableció que el dinero recaudado mediante aquella contribución debía dedicarse "única, exclusiva e íntegramente" a inversiones reales en el servicio. También ordenó aplicar a esa finalidad todas las cantidades pendientes correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y 2023. La resolución se convirtió en firme después de que la Comunidad no la recurriera.
El Gobierno madrileño cuestiona el cálculo realizado por los bomberos y sostiene que ya está destinando esos ingresos a medios materiales e infraestructuras. La Consejería de Medio Ambiente, sin embargo, no ha explicado los motivos concretos de la subida aplicada a los municipios.
La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, considera que Ayuso está trasladando a los consistorios las consecuencias de su gestión. "La consecuencia es muy clara: cada ciudadano y cada ciudadana pagará más, 35 euros al año en impuestos, para sostener un servicio público de Bomberos que sigue sin contar con los medios y el personal que necesita", ha denunciado.
Getafe también ha rechazado el aumento. Su Ayuntamiento pagaba unos tres millones de euros en 2025, ha pasado a soportar 4,2 millones este año y llegará hasta los 5,25 millones con el despliegue completo del nuevo cálculo. La alcaldesa, Sara Hernández, ha acusado a la Comunidad de exigir más dinero por "un servicio claramente deficiente" y sin inversiones ni mejoras suficientes.
Los consistorios ya abonaron en julio la primera cuota con el nuevo precio. La siguiente subida llegará en 2027 con la ampliación del tope hasta los 130.000 habitantes. Un año después, Ayuso podrá cobrar hasta 5,25 millones anuales a cada uno de los grandes municipios atendidos por los Bomberos regionales.
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