La Comunidad de Madrid ha prohibido a los centros educativos públicos utilizar las aulas para promover la huelga y, al mismo tiempo, ha ordenado adaptar las programaciones por las clases perdidas desde el 14 de octubre, con un sistema de control que obliga a contabilizar las sesiones no impartidas en cinco días lectivos.
La medida figura en dos instrucciones firmadas este jueves por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero, y dirigidas a los centros públicos no universitarios, con el objetivo declarado de garantizar la neutralidad institucional y de activar refuerzos ante la interrupción de la actividad lectiva por los paros convocados.
El documento es tajante: "el centro docente público es de todos y debe ser neutral". Añade que su función es educar, no adoctrinar, una formulación que la Consejería convierte en marco de actuación para el profesorado durante el conflicto.
Neutralidad en el aula y límites a la propaganda sindical o política
Las instrucciones prohíben al profesorado transmitir al alumnado sus opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de lograr adhesiones, y también impiden utilizar clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para ganar apoyo a una de las partes de un conflicto.
Tampoco se podrá animar a los estudiantes a participar en huelgas, manifestaciones o recogidas de firmas, ni hacer comentarios o señalamientos ante alumnos o familias sobre compañeros que secunden el paro o decidan trabajar. La Consejería extiende la restricción al uso de Raíces, Roble, EducaMadrid y otros canales institucionales para difundir manifiestos o posiciones de parte sobre conflictos políticos, ideológicos o sindicales.
La prohibición alcanza además a fachadas, vallas y espacios comunes, donde no podrán exhibirse elementos que atribuyan al centro una adhesión institucional a partidos, organizaciones o posiciones concretas. También queda vetado utilizar instalaciones o materiales del centro para colocar pancartas, carteles o repartir propaganda, salvo en los espacios sindicales habilitados.
Ahora bien, el texto introduce un límite a esa restricción: el uso de prendas, chapas, lazos u otros distintivos personales no constituye por sí solo un incumplimiento, salvo que vaya acompañado de actuaciones prohibidas dirigidas al alumnado. También aclara que los docentes pueden responder a preguntas de los estudiantes con información "objetiva, breve y adaptada a su edad", sin intentar convencerles de ninguna postura.
Los sindicatos, por su parte, podrán seguir usando los tablones habilitados y el correo corporativo para comunicaciones dirigidas exclusivamente al personal, sin implicar a alumnos o familias. Y el propio documento recuerda que el personal conserva íntegros sus derechos de huelga, libertad sindical, libertad de expresión y libertad de cátedra, en los términos de la Constitución y las leyes.
Un recuento en cinco días y ajustes obligatorios en las programaciones
En paralelo, la Comunidad ha ordenado a los centros afectados que cuantifiquen en cinco días lectivos las sesiones no impartidas desde el 14 de octubre, desglosadas por grupos y materias, a partir de los horarios y de los datos registrados en Raíces. Ese diagnóstico deberá actualizarse mensualmente mientras persista la huelga.
A partir de esa fotografía, los departamentos didácticos y los equipos docentes deberán revisar las programaciones para identificar los "aprendizajes imprescindibles" y reorganizar los contenidos en el tiempo lectivo que reste. Entre las medidas previstas figuran planes individuales de seguimiento, refuerzo de la acción tutorial, materiales de trabajo autónomo, apoyos educativos y orientación académica.
Si esas actuaciones no bastan, la dirección podrá pedir de forma motivada recursos adicionales a su Dirección de Área Territorial. Además, los centros tendrán que remitir cada mes a la DAT un informe con las sesiones no impartidas por grupo y materia, las medidas adoptadas, el número de alumnos con planes individuales y las dificultades que puedan comprometer la evaluación, la titulación o el acceso a otros estudios.
Las familias, además, deberán recibir información a través de Raíces y Roble sobre las sesiones no impartidas y las medidas educativas aplicadas. Los informes se elaborarán con datos agregados y sin identificar a los docentes que hayan ejercido su derecho de huelga. Para supervisar el cumplimiento, familias, alumnos y personal podrán comunicar posibles incumplimientos a la dirección del centro o a la Dirección de Área Territorial (DAT), y la Inspección Educativa realizará una primera valoración en un plazo orientativo de diez días hábiles.
Prioridad para los cursos de titulación y sin obligación de recuperar las horas
En los cursos que no finalizan etapa, los aprendizajes que no puedan abordarse este año se trasladarán al comienzo del siguiente. En cambio, los aprendizajes imprescindibles deberán trabajarse durante el presente curso en los niveles que conducen a un título o a un cambio de etapa. Entre ellos figuran 6º de Primaria, 4º de ESO, 2º de Bachillerato y los cursos finales de Formación Profesional, incluido segundo de Grado Básico. La Consejería añade que también deberá priorizarse al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de vulnerabilidad social.
En 2º de Bachillerato, los centros darán prioridad a los contenidos con mayor peso en la Prueba de Acceso a la Universidad, aunque sin suprimir ninguno de ellos. La instrucción, no obstante, no altera la normativa vigente sobre evaluación, promoción y titulación, si bien permite adaptar instrumentos de evaluación y su distribución temporal a las dificultades derivadas de la interrupción de las clases.
El texto también deja claro que no se impondrá al personal que haya ejercido el derecho de huelga la obligación de recuperar las sesiones no impartidas, ni la realización de horas fuera de su horario por ese motivo. Del mismo modo, quienes atiendan durante la huelga a grupos que no sean los suyos no podrán impartir la materia del profesor en paro ni avanzar su programación; para esos casos, los centros deberán disponer de materiales de repaso y trabajo autónomo.
Al cierre del curso, la memoria anual incorporará una valoración de las actuaciones realizadas y de los aprendizajes pendientes, que se tendrán en cuenta en la programación del curso siguiente.
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