El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha dado este miércoles un nuevo paso en su ofensiva contra la acampada por la vivienda de la Puerta del Sol. La Comunidad de Madrid ha remitido a la Fiscalía Provincial una denuncia por "amenazas e insultos" contra la presidenta regional, acompañada de fotografías de carteles, pintadas y mensajes proyectados sobre la Real Casa de Correos. La iniciativa llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazara ordenar el desalojo cautelar de la protesta.
El escrito, firmado por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín, solicita investigar los hechos e identificar a sus posibles responsables. Entre los mensajes recogidos figuran "Ayuso cuidado", "Ayuso muérete" y la proyección de "Ayuso, Almeida, iros a la mierda" sobre la fachada de la sede del Gobierno autonómico. También incorpora una denuncia por presuntos daños en el patrimonio de la plaza.
La Abogacía General de la Comunidad plantea que estos hechos podrían constituir delitos de amenazas, injurias graves con publicidad, odio y daños. Se trata de la valoración de los servicios jurídicos regionales, que piden al Ministerio Público esclarecer lo ocurrido y determinar las posibles responsabilidades penales. Corresponde ahora a la Fiscalía valorar el escrito y decidir si procede impulsar diligencias.
Acusaciones sin identificar los grupos
García Martín ha reiterado hoy que en Sol hay grupos radicales asociados a entidades declaradas terroristas por otros países, siguiendo las acusaciones lanzadas por Ayuso durante el fin de semana. Al ser preguntado por esas organizaciones, ha afirmado que carece de "ningún tipo de información" y ha reclamado que el delegado del Gobierno investigue. El portavoz mantiene así una acusación de enorme gravedad sin concretar públicamente quiénes serían sus destinatarios.
La ofensiva regional ya encontró un límite judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó el 5 de octubre el desalojo por la vía más urgente y el día 7 desestimó la medida cautelar tras escuchar a la Delegación. No se acreditó la inactividad administrativa que denunciaba la Comunidad, y el tribunal recordó que no había transcurrido el plazo legal exigido para esa vía de recurso. La decisión afecta a las medidas cautelares, con el fondo del procedimiento todavía pendiente.
En sus alegaciones, la Abogacía del Estado defendió una intervención gradual y proporcionada, con la disolución de la reunión como último recurso. Expuso que se habían habilitado pasillos para peatones y servicios de emergencia, protegido los accesos a inmuebles y transportes y desplegado un dispositivo policial. La denuncia de Manos Limpias contra el delegado también terminó archivada este martes por un defecto formal en el ejercicio de la acción popular; la ultraderecha Vox presentó ese mismo día otra querella contra él y los organizadores.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este miércoles en RNE la protección del derecho de reunión y el mantenimiento del orden público. Ha condenado los altercados, que atribuye a personas que se acercan a Sol para provocar situaciones de conflicto, y ha destacado la reacción policial. "Seguiremos protegiendo a los manifestantes, por supuesto, pero también garantizando el orden público", ha señalado en una intervención anterior al anuncio de la denuncia regional.
La protesta por la vivienda continúa
La acampada permanece en Sol desde el 26 de septiembre, cuando una manifestación por la vivienda desembocó en la instalación de tiendas frente a la sede de la Comunidad. El desahucio de Maricarmen, de 87 años, fue uno de los detonantes de la movilización. La mujer fue expulsada de su vivienda madrileña el 23 de septiembre y falleció el 8 de octubre, tras permanecer hospitalizada. Su caso ha impulsado nuevas protestas contra los desahucios y las dificultades para acceder a un hogar.
La presión institucional se ha acompañado de episodios de hostigamiento contra los acampados. El 12 de octubre, grupos de ultras intentaron acceder a la protesta entre saludos fascistas y cánticos del 'Cara al Sol'. Los participantes formaron una cadena humana y la Policía intervino para impedir los enfrentamientos. Ese contexto forma parte de la explicación que sostiene la Delegación sobre el origen de los altercados en el entorno de la plaza.
El Ayuntamiento que dirige José Luis Martínez-Almeida volvió a exigir este martes el levantamiento de la acampada, alegando su crecimiento, riesgos para una posible evacuación y daños patrimoniales. La nueva denuncia regional incorpora, por su parte, supuestos desperfectos en bienes como el Oso y el Madroño. La protesta continúa mientras se acumulan los requerimientos del Ayuntamiento, las iniciativas judiciales y las acusaciones del Gobierno autonómico.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha acudido hoy a Sol para acompañar a los profesionales de la educación en huelga y ha defendido el carácter pacífico de la acampada. "Al alcalde y al PP se le están atragantando las movilizaciones sociales", ha afirmado, al señalar que los jóvenes reclaman condiciones dignas para vivir. Maroto también ha rechazado cualquier daño que se haya producido. "Y si ha habido algún vandalismo desde luego yo lo reprocho", ha añadido.
