La acampada por la vivienda seguirá, por ahora, frente a la sede de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado este miércoles la petición del Gobierno regional para obligar a la Delegación del Gobierno a desalojar a quienes permanecen en la Puerta del Sol. Es el segundo revés judicial para la Comunidad en tres días.
Ayuso había acudido a los tribunales después de exigir al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que disolviera la protesta. Primero pidió una orden urgente, sin escuchar a la otra parte, que el TSJM rechazó el lunes. Los magistrados estudiaron después la solicitud como medida cautelar, recibieron las alegaciones de la Delegación y han vuelto a denegarla.
La resolución señala que la Comunidad no ha acreditado la inactividad administrativa en la que basa su recurso. Para acudir a la vía legal elegida por el Ejecutivo madrileño debe existir una obligación concreta de actuar y transcurrir el plazo previsto para reclamar su cumplimiento. En este caso, explica la Sala, todavía no han pasado los tres meses exigidos por ese procedimiento.
Los jueces se han pronunciado sobre las medidas cautelares. El recurso principal continuará su curso y la decisión de este miércoles tampoco determina cuánto tiempo permanecerá la acampada en Sol. Lo que sí descarta es forzar ahora el desalojo mediante la petición presentada por la Comunidad. El Gobierno regional estudia recurrir el auto y mantiene su exigencia de que la Delegación levante la protesta.
Ayuso exige el desalojo y la Delegación defiende una intervención proporcionada
La presidenta madrileña califica la acampada de "ilegal" y sostiene que perjudica a comerciantes, vecinos y visitantes. También ha acusado a Pedro Sánchez de convertir Sol en un "campamento político". El Ayuntamiento de Madrid comparte su petición de levantar las tiendas instaladas en la plaza.
La Delegación del Gobierno ha defendido ante el tribunal una respuesta distinta. Según sus alegaciones, ha habilitado pasos para peatones y servicios de emergencia, protegido el acceso al transporte público y actuado ante los incidentes que se han producido. La Abogacía del Estado sostiene que desalojar por la fuerza debe ser el último recurso y que la falta de comunicación previa de la protesta, por sí sola, no obliga a disolverla.
En Sol conviven varios colectivos, por lo que la continuidad de la acampada depende también de sus propias asambleas. El Sindicato de Inquilinas, que impulsó la protesta tras el desahucio de Maricarmen, ha reducido parte de su presencia, pero su portavoz Alicia del Río afirmó el lunes que el movimiento no dará "ni un paso atrás" ante el adelanto electoral. Otros participantes han expresado su intención de permanecer en la plaza. Las lluvias de los últimos días retrasaron las reuniones previstas para decidir los próximos pasos.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha celebrado el auto con un mensaje dirigido a Ayuso y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida. "Sol sigue en pie. Ayuso y Almeida deberían dedicar a garantizar vivienda el empeño que ponen en echar a quienes la reclaman", ha escrito. Maroto reclama soluciones para quienes piden una casa y reprocha a ambos dirigentes que traten la protesta como un problema de orden público.
Sol sigue en pie. Ayuso y Almeida deberían dedicar a garantizar vivienda el empeño que ponen en echar a quienes la reclaman.
— Reyes Maroto (@MarotoReyes) October 7, 2026
La respuesta a quienes piden un hogar tiene que ser soluciones. Criminalizar su protesta solo demuestra que no han entendido nada.https://t.co/GVPo9Fv4Ia
Los conciertos de la Hispanidad salen de Sol
La permanencia de la acampada ya ha alterado los planes del Gobierno madrileño para el 12 de octubre. La Consejería de Cultura ha trasladado diez conciertos de Hispanidad 2026 que estaban previstos en la Puerta del Sol a la explanada de Madrid Río. El resto de actuaciones programadas en la Plaza Mayor y la Plaza de España mantienen sus ubicaciones.
Las tiendas comenzaron a instalarse en Sol tras la movilización por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar la vivienda del barrio de Retiro donde había vivido desde 1956. La protesta ha situado la crisis de acceso a la vivienda en el centro de la plaza donde se encuentra la sede del Ejecutivo autonómico.
El Gobierno ha vuelto a aprobar los decretos de vivienda rechazados la semana pasada en el Congreso, cuya convalidación sigue pendiente. Mientras los partidos negocian esas medidas y la acampada decide cómo continuará su movilización, el TSJM ha dejado sin efecto el intento de Ayuso de obtener una orden judicial inmediata para vaciar Sol.
