La Diputación Permanente del Congreso ha dado luz verde este jueves, 12 de noviembre, a uno de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha rechazado el que contemplaba la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler. La votación, celebrada en vísperas del inicio de la campaña electoral del 29N y un día después de la huelga general por el acceso a la vivienda, ha vuelto a evidenciar las diferencias entre los bloques parlamentarios.
La Diputación Permanente del Congreso ha dado luz verde este jueves, 12 de noviembre, a uno de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha rechazado el que contemplaba la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler. La votación, celebrada en vísperas del inicio de la campaña electoral del 29N y un día después de la huelga general por el acceso a la vivienda, ha vuelto a evidenciar las diferencias entre los bloques parlamentarios.
El decreto que sí ha salido adelante ha obtenido 35 votos a favor y 34 en contra, mientras que la propuesta para extender automáticamente los contratos de alquiler ha sido rechazada por 35 votos frente a 34. De esta manera, el Ejecutivo consigue mantener parte de su paquete de medidas habitacionales, aunque se queda sin una de sus principales apuestas para garantizar la continuidad de los arrendamientos.
Las medidas de vivienda que sí consigue salvar el Gobierno
El texto aprobado recoge distintas medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos y facilitar el acceso a la vivienda. Entre ellas destaca la ampliación de la protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2030.
También contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de alquiler cuya finalización se produzca antes del 31 de diciembre de 2028. A ello se suma la limitación de las actualizaciones de las rentas al 2% hasta finales de 2027 en los supuestos previstos por la norma.
El decreto incorpora, además, cambios en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, así como restricciones a determinadas operaciones de compra de vivienda por parte de grandes tenedores y entidades con fines especulativos. Entre las medidas económicas también figuran incentivos fiscales para propietarios que reduzcan el precio del alquiler, una deducción para determinados inquilinos y nuevas herramientas de financiación para impulsar la vivienda social y asequible.
El Congreso rechaza la prórroga automática de los contratos de alquiler
La otra cara de la votación ha sido el rechazo al segundo decreto, que recogía una de las medidas más ambiciosas del paquete del Ejecutivo: la renovación automática de los contratos de alquiler durante periodos sucesivos de cinco años, ampliables a siete cuando el propietario fuera una persona jurídica. La propuesta también contemplaba indemnizaciones de hasta doce mensualidades para los propietarios que quisieran poner fin al contrato sin una causa justificada, en los términos establecidos por la norma.
El texto ha contado con el rechazo del PP, Vox, Junts y PNV, lo que ha impedido reunir los apoyos necesarios para su convalidación. El resultado supone un nuevo revés para el Gobierno en su intento de ampliar la protección de los arrendatarios y llega en plena campaña electoral, con la vivienda como uno de los principales asuntos del debate político.
La votación se ha producido después de que el Ejecutivo volviera a aprobar ambos decretos en octubre, tras el rechazo parlamentario de sus primeras versiones. Ahora, el Gobierno conserva parte de las medidas anunciadas, pero no consigue sacar adelante la renovación automática e indefinida de los contratos.
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