El abogado y criminólogo Pablo de Palacio ha ofrecido una completa explicación sobre la situación judicial de Alberto González Amador, conocido como el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. En una entrevista exclusiva con ElConstitucional.es, De Palacio detalló las claves que podrían marcar el desarrollo de su proceso judicial y el panorama legal que enfrenta.
Según el experto, el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado, aunque de manera tangencial, sobre la relevancia de la condena por revelación de secretos del ex Fiscal General del Estado, Álvaro García ortiz, en el caso. “Ya dijo de alguna manera que no tenía una trascendencia directa sobre los derechos fundamentales, en este caso de Alberto González Amador”, explicó. Esto sugiere que aunque pudiera haber habido revelación de secretos u otras irregularidades, dichas cuestiones no serían determinantes para la causa principal que enfrenta el acusado.
De Palacio señaló que el proceso ya ha entrado en la fase de juicio oral, lo que convierte a González Amador en acusado formalmente, y que la estrategia defensiva presentada por su equipo tiene un enfoque claro: alegar posibles vulneraciones de derechos fundamentales mediante el trámite de cuestiones previas. “Es una estrategia defensiva muy inteligente… pero eso no quiere decir en absoluto que haya una probabilidad alta de que Su Señoría finalmente acabe acogiendo esa tesis”, añadió.
El abogado también detalló la complejidad del caso, que incluye un concurso medial de delitos: por un lado, fraude fiscal que supera los 120.000 euros; por otro, falsedad documental relacionada con la creación de facturas para justificar gastos. De Palacio explicó que la defensa podría argumentar un error en el cálculo de Hacienda, lo que modificaría significativamente la naturaleza del presunto delito, llevándolo del ámbito penal al administrativo.
En síntesis, según De Palacio, aunque la defensa busca estrategias para minimizar los impactos legales, el panorama judicial de González Amador sigue siendo complicado y con un pronóstico incierto, dadas las decisiones ya adoptadas por la máxima instancia judicial del país.
