Bruselas ha cambiado este jueves el tono sobre el futuro de los menores migrantes que permanecen en Ceuta. Dos días después de defender que la normativa europea permite su retorno a Marruecos, la Comisión Europea ha recordado que España tiene el "deber" de proteger a los menores vulnerables y garantizar su seguridad.
El matiz llega cuando el Gobierno trabaja junto a las autoridades ceutíes en el traslado urgente a la Península de unas 500 niñas. El Ejecutivo presenta este grupo como especialmente vulnerable por su edad y por las situaciones de violencia o desprotección de las que proceden muchas de ellas.
La Comisión conoció el plan a través de las informaciones publicadas durante las últimas horas. Su portavoz de Asuntos Internos, Markus Lammert, ha explicado que Bruselas mantiene contactos con las autoridades españolas para conocer los detalles y que todavía carece de una comunicación formal sobre la decisión.
"Debe garantizarse la protección de los menores vulnerables", ha recalcado Lammert. El portavoz ha situado esa protección entre las responsabilidades directas de las autoridades españolas. La aclaración rebaja la dureza del mensaje lanzado el martes, cuando Bruselas puso el acento en el retorno rápido a Marruecos de todas las personas que permanecieran irregularmente en Ceuta e incluyó expresamente a los menores no acompañados.
La Comisión mantiene su presión para que los retornos se hagan efectivos. Lammert ha reiterado la "clara expectativa" de que todos los migrantes que entraron irregularmente sean devueltos a Marruecos, aunque ha añadido que el proceso deberá respetar plenamente el Derecho europeo y las normas internacionales.
El "todos" de Bruselas pasa por cada expediente
La legislación comunitaria contempla el retorno de menores migrantes, pero lo rodea de garantías especiales. El artículo 10 de la directiva europea de retornos obliga a estudiar su situación y atender al interés superior del menor antes de adoptar cualquier decisión.
Las autoridades también deben comprobar que, al llegar al país de destino, el niño o la niña quedará a cargo de un familiar, un tutor designado o un centro de acogida adecuado. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció además que esta evaluación debe ser general, profunda e individualizada.
Con ese marco, las devoluciones colectivas o automáticas quedan fuera de la ley. La edad, la situación familiar, el estado de salud y la existencia de un entorno seguro en Marruecos forman parte de las circunstancias que España deberá analizar.
La situación de las 500 niñas hace especialmente relevante esa obligación. El Gobierno sostiene que muchas son de corta edad y llegan de entornos familiares desestructurados o marcados por la violencia. En esos casos, acreditar una recepción segura en Marruecos puede resultar mucho más complejo. El traslado a la Península funcionaría como una medida inmediata de protección y permitiría aliviar la presión sobre los recursos de acogida de Ceuta. La situación administrativa de cada menor y un eventual retorno deberán resolverse después mediante expedientes individuales.
La precisión realizada este jueves tampoco garantiza que las 500 niñas vayan a permanecer definitivamente en España. Bruselas coloca el interés de cada menor como condición previa y obliga a que cualquier regreso cuente con garantías reales.
España todavía ultima la petición de ayuda
La Comisión también ha confirmado que todavía no ha recibido una solicitud definitiva de asistencia por parte del Gobierno español. Ambas administraciones trabajan para completar una petición que podría movilizar recursos económicos y operativos.
Entre las opciones disponibles figuran fondos del Fondo de Asilo, Migración e Integración, destinados a financiar la acogida y asistencia, además de posibles refuerzos de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea.
Bruselas mantiene al mismo tiempo contactos con España y Marruecos para facilitar los retornos y reforzar el control fronterizo. La Comisión insiste en que las salidas deben producirse de manera efectiva, siempre dentro del marco jurídico comunitario.
El destino de las 500 niñas dependerá ahora de una evaluación individual. Antes de cualquier retorno, España tendrá que acreditar quién recibirá a cada menor y qué protección tendrá en Marruecos. Sin una familia, un tutor o un centro seguro, el regreso no podrá ejecutarse.
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